Sin duda, las vacunas figuran entre los grandes avances médicos del siglo XX, pero la decisión de cuáles debe financiar la sanidad pública no es fácil... salvo que los que tengan que tomar dicha decisión acepten pagos de los laboratorios que las fabrican
VALÈNCIA.-No es el argumento de una película de conspiraciones. Corre el año 2018. Una multinacional farmacéutica paga un total de diez millones de euros a médicos e instituciones científicas que, en la gran mayoría de casos, debían posicionarse sobre algunos productos y cuya recomendación positiva suponía obtener ventas millonarias para esa compañía. El nombre de la multinacional es GSK, pero no es la única. Ese mismo año, las farmacéuticas Pfizer, Sanofi y MSD también pagaron decenas de millones de euros. En algunos casos esos pagos han llegado a altos funcionarios de la administración de la sanidad pública; incluso a los de la Comunitat Valenciana.
Teresa —nombre ficticio para proteger su identidad— ha trabajado en departamentos de comunicación de la industria farmacéutica durante varias décadas. Según cuenta, ha decidido hablar «por responsabilidad ética, a pesar de no poder hacerlo de forma pública por miedo a ser despedida». Sobre los pagos, explica que «si alguien cree que una multinacional va a hacer pagos a profesionales a cambio de nada, es que no sabe que el principal objetivo de una empresa es ganar dinero. La industria farmacéutica mide muy bien sus inversiones, y los pagos a profesionales no son una excepción».
Uno de los argumentos que se usan para defender estos pagos es que serían en concepto de investigación y desarrollo y que, al no haber muchos expertos científicos en campos tan concretos, no se puede recurrir a ningún otro. La realidad es bien diferente: los pagos reflejados en este artículo no se hicieron a cambio de investigación y desarrollo —que van reflejados en otra parte de los presupuestos— sino en conceptos tan ambiguos como honorarios o patrocinios.
Se conoce como meningitis a la inflamación de las meninges, que son unas membranas que recubren todo el sistema nervioso central. Lo que no es tan conocido es que no hay una causa única para su origen, siendo cuatro de cada cinco casos producidos por un virus y el restante por infecciones bacterianas o fúngicas, intoxicaciones, efectos secundarios a medicamentos y otras enfermedades.
La meningitis de tipo bacteriano —la más peligrosa— puede estar ocasionada por multitud de patógenos diferentes, entre los que destaca la bacteria Neisseria meningitidis. Aunque la cosa se complica si entendemos que hay diversos serogrupos de esa bacteria. En concreto, en 2016 hubo 268 casos confirmados de meningitis bacteriana y, de ellos, un poco más de la mitad fueron ocasionados por el serogrupo B de esta bacteria, por lo que estaríamos hablando de una enfermedad rara. Teniendo en cuenta que su mortalidad se sitúa en torno al 10%, se trataría de una treintena de muertes al año por esta bacteria. Pero, ¿por qué centrarse en el serogrupo B? Porque las multinacionales GSK y MSD se encargan, desde hace unos años, de producir en masa las vacunas Bexsero y Trumenba, que van dirigidas a evitar ese subtipo de meningitis.
Al hablar de un fármaco, una vacuna o una intervención en salud pública, es muy importante hacer números, como recuerda Daniel Orts, médico residente en medicina preventiva. Esta especialidad es menos conocida por el público general, pero se encarga justamente de proteger, promover y mantener la salud de poblaciones extensas, para lo cual las estrategias de vacunación e inclusión de fármacos en la Seguridad Social es muy importante. Orts aclara que «las vacunas son una medida masiva de prevención que si consigue unas tasas altas de inmunidad logra reducir la incidencia de enfermedades».
¿Se pueden evitar todos los casos? Orts continúa explicando que «pensar que se puede proteger a todo el mundo no es realista porque los recursos son limitados y hay que saber priorizar. El buen gestor se destaca por saber qué es lo importante y destinar recursos para ello. Tienes que conocer bien la epidemiología y los números. Con ver un caso de una enfermedad uno puede creer que hay que proteger a toda la población, pero hay que ver los números para tomar las decisiones», concluye de manera tajante. Pero ¿qué dicen los números en el caso de la vacuna contra el serogrupo B de Neisseria meningitidis?
Estudios sobre esa vacuna, como por ejemplo el que se publicó en el American Journal of Preventive Medicine en febrero de 2019, concluyen de manera muy clara que no es coste-efectiva. Es decir, que los recursos que hay que destinar a inmunizar a toda la población no se pueden justificar porque hacerlo significaría dejar de financiar otras acciones que salvarían más vidas.
¿Y qué ocurre en España? Orts relata que «el informe del Ministerio de Sanidad sobre la inclusión de la vacuna es certero y concluye que no se justifica su inclusión en el calendario general. Se tuvieron en cuenta muchas cosas, el peso que tiene la enfermedad en la población, la efectividad, la seguridad, las repercusiones de modificar el calendario de vacunas, los aspectos éticos y la evaluación económica. Finalmente se concluyó que la vacuna de GSK no cumplía con el último punto; es decir, que en la gestión de recursos no es un problema prioritario, aunque sí se recomienda en situaciones de riesgo, como por ejemplo a personas inmunodeprimidas, pero no para la población general si hablamos de su inclusión en la Seguridad Social». Porque, ¿de cuánto dinero se trataría?
Si la vacuna contra la meningitis bacteriana costara unos 3,5 euros por dosis —y no 106 euros— sería coste-efectiva, según el Ministerio de Sanidad
El dictamen de la Comisión de Salud Pública concluyó que solo se podría cumplir el criterio económico si la vacuna costara aproximadamente unos 3,5 euros por dosis; es decir, treinta veces menos que su precio actual de 106 euros. Y es que, teniendo en cuenta que hacen falta por lo menos dos dosis, que unos cinco millones de españoles tienen la edad adecuada para la vacunación y que al año nacen 400.000 bebés más, habría que gastar unos mil millones de euros solo en la vacuna de GSK con la población actual, más aproximadamente cien millones de euros cada año para los recién nacidos, sin incluir en la factura los gastos de transporte, almacenamiento y administración de la vacuna, que subirían bastantes millones la cifra. Todo esto evitaría, en el caso de una inmunización total y una efectividad del 100% —que no es real—, una treintena de muertes al año. ¿Qué se podría hacer con todo ese dinero destinado a mejorar los servicios de urgencias, cirugías o potenciar otras campañas de vacunación o prevención para enfermedades que matan a miles de personas? Por ejemplo, solo por los efectos derivados de la gripe se producen en España unos quince mil muertos.
En este contexto de rechazo por parte de estudios independientes y de las administraciones públicas a la inclusión de la vacuna de GSK y MSD en el Sistema Nacional de Salud, la Asociación Española de Pediatría (AEP), y en concreto su Comité Asesor sobre Vacunación (CAV), se posicionó de forma pública en contra de los estudios y las cifras, animando de forma directa a la financiación pública de esta vacuna y haciendo una campaña a su favor, incluso con la emisión de un documental a modo de publirreportaje titulado Meningitis: cerrando el círculo, donde la gran mayoría de participantes —incluso la afectada— recibieron dinero de GSK por diferentes conceptos. El propio documental se posiciona en contra del criterio del Ministerio de Sanidad y aboga por la inclusión de la vacuna en el calendario vacunal, una decisión que, de ser aceptada, podría hacer ganar millones de euros a las empresas implicadas.
A la luz de los datos, Teresa explica que «este tipo de acciones son compatibles con las acciones de marketing que suelen realizar estas empresas, aunque en gran modo se trate de influir en decisiones públicas contrarias a la evidencia epidemiológica y el interés general, infundiendo mensajes alarmistas y señalando a las instituciones como a las responsables de muertes evitables, sin tener en cuenta que se producen miles de muertos más por no destinar los recursos donde se debe». Así pues, el motivo de esa contradicción entre los datos objetivos y las recomendaciones de organismos como la AEP no es seguro, pero los datos sí son claros. A lo largo de los años previos a ese posicionamiento a favor de los productos de ambas empresas, la AEP recibió más de medio millón de euros de esas mismas compañías. Pero no solo la entidad salió beneficiada de la aparente generosidad de las multinacionales, también Francisco José Álvarez García, coordinador del CAV, recibió a título personal más de diez mil euros. Y no solo él, también hasta dieciséis miembros de la misma entidad lograron pagos similares; es decir, la gran mayoría.
Ante las preguntas de esta revista a la AEP sobre el motivo de los pagos y su posible relación con las recomendaciones favorables a las empresas que los han realizado, respondieron vía e-mail que todos los ingresos que reciben «están destinados a la investigación pediátrica, a la formación continuada de profesionales de la pediatría, a la divulgación de hábitos saludables o al grupo de cooperación de la Fundación de la AEP». Sin embargo, cuando se les hizo notar que los pagos destinados a investigación se reflejan en otra partida presupuestaria y se les consultó si no puede afectar a su juicio recibir cientos de miles de euros de las compañías cuyos productos deben evaluar, dejaron de contestar.
Si bien los pagos más conocidos han ocurrido a favor de algunas asociaciones de pediatría, el caso de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) no es menos impactante. A ese respecto, Javier Díez Domingo, quien dirige el Área de Investigación en Vacunas de Fisabio desde su creación en 2008 y que es el nuevo director científico del centro, recibió a título personal en los últimos años más de 59.000 euros de las diferentes multinacionales tratadas a lo largo del artículo.
Pero, lo que no es conocido es que, además de recibir dinero a título personal, el centro que dirige recibió por parte de los principales productores de vacunas 516.650 euros. Las cuatro principales empresas que participaron en los pagos fueron GSK, MSD, Sanofi y Pfizer, todo ello mientras el centro realizaba una decena de ensayos clínicos sobre productos de esas compañías. David Lozano, monitor de ese tipo de estudios, explica que «se trata de experimentos donde se usa el método científico para intentar demostrar algo. Cada fase de un ensayo está destinada a un objetivo distinto; por ejemplo, en fase tres se intenta demostrar si hay una mejora con respecto a lo que ya existe, porque si no es el caso, ¿para qué se va a comercializar un fármaco que funciona peor?».
Los implicados dicen que los pagos están justificados, pues están destinados a investigación o formación continua de profesionales sanitarios
En uno de los ensayos de tipo tres que se llevó a cabo por el Fisabio, se da la situación de que un producto de GSK es comparado con otro de una compañía que no participó en los pagos, Merck. El resultado de dicho ensayo, de hecho, podría hacer ganar muchos millones a una de las empresas y perderlos a la otra. Y durante los últimos años se habrían realizado en el centro al menos ocho ensayos más que involucran productos de las mismas compañías que, en total, pagaron más de medio millón de euros al centro donde se llevaban a cabo y decenas de miles de euros a su presidente, Javier Díez Domingo, quien mantuvo en una entrevista a ElDiario.es que esos pagos podrían suponer un conflicto de intereses pero que, en su caso, no lo hacían porque su prestigio como investigador se lo impedía.
Otro caso que involucró al entonces director del Centro Nacional de Microbiología —quien cobró cantidades inferiores a las de Díez Domingo por parte de GSK y en el mismo contexto— se saldó con su destitución por parte del Instituto de Salud Carlos III nada más saberse estos hechos. Y mientras tanto, en todas las regiones de España los pagos por parte de estas empresas farmacéuticas involucran a más de tres mil profesionales y 350 centros, muchos de ellos públicos. Las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía y Canarias, de hecho, han decidido saltarse el calendario vacunal común y las conclusiones del Ministerio de Sanidad, tres autonomías donde multitud de asociaciones científicas y médicas han recibido cientos de miles de euros de estas mismas empresas.
Este tipo de casos corren el riesgo de manchar el nombre de las vacunas en un momento en el que los movimientos antivacunas están de moda, pues se les da argumentos para desconfiar de una técnica que ha salvado —y aún lo hace— a millones de personas de una muerte segura o una vida plagada de secuelas físicas. Teresa opina que «la meningitis, una enfermedad rara pero terrible para quien la padece, solo es la excusa para hacer un marketing destinado a vender un producto que ciertas empresas tienen que rentabilizar, incluso si para ello la administración pública tiene que dejar de comprar otros medicamentos más prioritarios. Como siempre, unos tendrán que morir para que otros puedan vivir; así es el día a día de los gestores de los fondos de Sanidad, solo que en este caso la balanza parece ser que estará descompensada».
* Este artículo se publicó originalmente en el número de 62 de la revista Plaza