Enrique Crespo, en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Varios condenados por el caso Emarsa -en el que se consideró probado el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo- ya se encuentran en prisión pese a los intentos de suspender los plazos para ingresar.
Este lunes hasta las 12 de la noche era la fecha límite fijada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia para que once condenados escogieran centro penitenciario e ingresaran voluntariamente. A finales de octubre les notificó los mandamientos a Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Juan José Morenilla, Ignacio Bernàcer, Enrique Arnal, Sebastián García Martínez, Jorge Ignacio Roca Samper, Vicente Ros, Enrique Sena, Juan Carlos Gimeno y Rafael Quiles.
El primero en entrar fue, el lunes de la semana pasada, el exjefe de Informática de la depuradora de Pinedo, Sebastián García «Chanín», en Teruel, condenado a 7 años. Este domingo lo hizo en Picassent el exvicepresidente de la Diputación de València, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, uno de los principales cabecillas. Tendrá que cumplir 10 años.
También se encuentran ya en prisión, según fuentes conocedoras de su situación, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, considerado el "cerebro" de la trama y condenado a 6 años; José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), que cumplirá 9 años; y Juan Carlos Gimeno, el que fuera encargado de gestión ambiental de Emarsa, condenado a 4 años y medio.
Fueron varios los que presentaron incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo tras la ratificación de la mayoría de las penas, como Gimeno o Morenilla. Pero la espera hasta que se resuelvan -pese a que hayan sido admitidos a trámite- no supone la suspensión de los plazos de encarcelamiento.
La Audiencia condenó a 24 acusados por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad. En la sentencia concluía que crearon un sistema para "adueñarse de los caudales públicos de los que disponían por los cargos que ocupaban". El cual consistió en suscribir contratos simulados con distintos proveedores con los que mantenían una relación de amistad o afinidad política. "En ocasiones, previa a la firma de este contrato, los acusados confeccionaron expedientes de contratación, igualmente mendaces, aparentando como si hubiesen dado publicidad al servicio ofertado y permitido la concurrencia de otros empresarios", explicó la Audiencia.
Con otros proveedores, remarcó la sentencia, los acusados "se limitaron a permitir la emisión de facturas a Emarsa, logrando el cobro de las mismas sin que dichos empresarios realizasen ninguna actividad para la empresa pública".
