Más charcos para el Consell en el presupuesto de 2019

VALÈNCIA. El próximo mes de septiembre arrancará el último curso político de este Consell del Botànic. Por delante, PSPV y Compromís tiene un reto nada sencillo: conseguir que se aprueben unas nuevas cuentas autonómicas sin que las diferencias con Podemos, su socio en Les Corts, lleguen a hacerlas peligrar como ya sucedió el año pasado.

El desafío no es baladí. Del resultado de ese proceso de negociación dependerá que las consellerias cuenten con un presupuesto nuevo, expansivo. De lo contrario, podría prorrogarse el de este año, con lo que el Ejecutivo entrante contaría con poco margen de maniobra para gestionar durante su primer medio año. En este punto, conviene recordar que si los resultados de las últimas encuestas se cumplen, todo apunta a una reedición de una mayoría de izquierdas que permitiría volver a formar un gobierno progresista más o menos en los términos en los que se constituyó en 2015. 

Ahora bien, el escenario al que se enfrentará el Gobierno valenciano no será en absoluto cómodo. No en vano, el primer charco con el que se encontrará será con la negociación de la ley de Acompañamiento de 2019. Una norma fundamental que en ejercicios anteriores ha sido toda una carrera de obstáculos para el Consell y que este año revivirá, ya que los grandes clásicos volverán a tener cabida en las demandas de Podemos. Reivindicaciones que tradicionalmente han sido rechazadas y que derivaron el año pasado en la abstención de los morados y que, obligaron a PSPV y Compromís a recurrir al salvavidas de los disputados no adscritos. Estos son los ingredientes para una contienda ineludible.

Tasa de residuos

Una de las áreas en las que Podemos se mostró más firme y exigente en la negociación de los presupuestos el año pasado fue en Medio Ambiente. Con el SDDR estancado y metido ya en un contenedor de reciclaje, la formación morada consiguió aprobar otras cuestiones que también para ellos resultaban prioritarias. Entre ellas, una que entró recientemente en vigor: el impuesto sobre la incineración y vertido de residuos industriales.

No obstante, el nuevo tributo que afectaba principalmente a las industrias cementeras y azulejeras fue modificado a la baja antes de que las empresas tuvieran que hacer la primera autoliquidación. En julio, PSPV Compromís y Podemos consensuaron modificar la Ley de Acompañamiento aprobada en 2017 y rebajar los tramos de este impuesto durante su primer año de vida ante las quejas de las patronales para que su implantación fuera, de alguna manera, progresiva. La nueva tabla de gravámenes contemplaba diversas exenciones y grandes reducciones que alcanzaban en su mayoría el 75% en función del tipo de residuo que se incinerase y vertiera.

El condicionante de Podemos para acceder a tal modificación era que superado 2018 se incrementaran de nuevo las cuantías, los tramos. Por lo que se incluyó una cláusula en la nueva norma que decía que Les Corts desarrollarían “en un período de seis meses mediante norma con rango de ley los condicionantes de aplicación de los gravámenes para la aplicación de los aprobados” en la ley original. Es decir, que en la Ley de Acompañamiento de 2019, se deberán establecer las cantidades que deberán abonar las empresas tomando como referencia las aprobadas originariamente.

En este punto, la negociación de este año no será nada sencilla. Con el PSPV del lado de las patronales y los morados siendo fieles a la propuesta original, el escenario se presenta agitado y propicio para que se escenifique una reyerta al más puro estilo el juego de la soga.

Tasa del azúcar

Después de un año de negociaciones y de tiras y aflojas, el pasado mes de junio se aprobó una PNL en el parlamento valenciano sobre la tasa del azúcar. Eso sí, de la iniciativa original a la que finalmente se validó hay un abismo. Compromís solicitó en un primer momento la introducción de un impuesto a los alimentos azucarados para desincentivar su consumo ante las altos porcentajes de obesidad infantil que existen en España.

La propuesta no agradó a los productores. De manera inmediata se topó con una oposición férrea de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro. Aunque la coalición cedió a limitarlo sólo a las bebidas azucaradas, no fue suficiente. PSPV, Ciudadanos y PP no estaban dispuestos a apoyar la iniciativa.

Con este escenario, el texto que terminó aprobándose contenía varias acciones a llevar a cabo por el Consell para incentivar la vida saludable en los colegios y la realización de un estudio sobre la oportunidad de implantar la tasa que, posteriormente, debería valorar la Conselleria de Hacienda –ya en la siguiente legislatura-. Pero la exigencia de instaurar el impuesto había desaparecido porque el consenso parlamentario impedía que saliera delante.

Sin embargo, Podemos, avanzó que la incluiría en la ley de Acompañamiento de 2019. Llegado el momento de la votación, la propuesta podría generar una división de PSPV y Compromís. Y, aunque con toda probabilidad no saldrá adelante por la minoría de fuerzas políticas que la apoyan, el duelo está asegurado, pues la exigencia de los morados recuperará la iniciativa de las bebidas y a la coalición valencianista se le hará cuesta arriba oponerse –aunque sólo sea por lealtad a su socio del Consell– a una propuesta que, en origen, era suya.

Caixa Ontinyent

Año tras año PSPV y Compromís han presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento que Podemos no está dispuesto a apoyar. Un texto normativo que fija un máximo de 12 años de mandato en el consejo de administración de Caixa Ontinyent. 

Fuentes consultadas por Valencia Plaza aseguran que, con toda probabilidad, este año volverá a presentarse. Para que salga adelante, es necesario que Podemos les respalde, ya que ni Ciudadanos ni el PP apoyan la propuesta. Sin embargo, el ambiente nunca ha sido favorable. Tanto es así, que el año pasado incluso los socialistas querían retirar la enmienda sobre la entidad financiera porque no veían que fuera a aprobarse y, de hecho, se produjo una de las escenas más inesperadas en la defensa del texto en la comisión de Presupuestos.

El propio portavoz del PSPV, Manolo Mata, admitió que el texto no era el mejor: "Queríamos evitar que las personas que habían estado designadas se vieran constreñidas para la limitación de los doce años. Confieso que dicté yo media enmienda, y se ve que no estuve muy afortunado". "Entenderé, entonces, que la rechacen", dijo al PP. Pero la coalición valencianista, no obstante, prefería tratar de convencer a los morados para que cambiaran de posicionamiento. No hubo manera. No hubo acuerdo por segundo año consecutivo y, finalmente, el Botànic retiró la enmienda.

¿Tasa turística?

Como ya avanzó este viernes Valencia Plaza, a Podemos se le hace cuesta arriba volver sobre camino pisado (y frustrado). La formación se encuentra entre dos aguas sin conseguir discernir qué les podría beneficiar más: plantear batalla por una reivindicación que siempre han defendido para mejorar las condiciones del sector turístico, o renunciar a implantar este impuesto finalista para sacar las cuentas de 2019 adelante con los menores rasguños posibles con un ojo puesto en el día después de las elecciones del próximo año.

De momento, es una incógnita si la incluirán o no en la negociación de las cuentas del año que viene. La decisión no es fácil: decantarse por el pragmatismo de la supervivencia o seguir captando el voto de aquel votante de izquierdas desencantado con la 'falta de valentía' del Consell en aquellas materias más espinosas para evitar que el desplome que les otorgan las encuestas llegue a ser desastroso. Sea como sea, con o sin tasa turística, el resto de desafíos ya son per se suficientes para que el Ejecutivo valenciano comience a prepararse para unas largas negociaciones.