Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Este domingo se cumple un año desde que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València anunciara que había sufrido un escandaloso fraude de cuatro millones por parte de unos presuntos estafadores. Ninguna responsabilidad política se ha asumido desde entonces: se constituyó una comisión de investigación conformada por concejales del consistorio y doce meses después las conclusiones están a punto de hacerse públicas.
Septiembre era la fecha límite marcada para el gobierno municipal conformado por Compromís y PSPV, pero hasta el momento públicamente sólo ha sido la oposición la que ha fijado una postura clara sobre cuáles deberían ser las responsabilidades políticas a asumir por el suceso: no sólo el gerente de la empresa, Josep Enric García, sino también la del edil responsable de la firma, Giuseppe Grezzi, de Compromís. Con toda probabilidad, no será así, dado que en ninguna de las dos formaciones del gobierno contemplan esta opción, por lo que el foco político recae en García, a pocos días de que la presidenta de la comisión, la socialista Elisa Valía, presente el borrador de conclusiones.
Los socialistas, socios de Compromís en el ejecutivo local, son también partidarios de la salida del gerente de la empresa, hasta ahora defendido por Grezzi e incluso por el alcalde, Joan Ribó. Pero también empiezan a surgir voces cada vez más asentadas en el seno de la coalición valencianista que apuntan con bastante decisión a la necesidad de una asunción de responsabilidades que ponga fin a las disputas y las tensiones que ha acarreado la estafa.
La demora de un año en la toma de una decisión, que ha generado no pocas tiranteces internas en el equipo de gobierno y en el seno de Compromís, ha enquistado la disyuntiva y ha acaparado la atención pública, ensombreciendo el resto de actividad política municipal. Por ello, las fuentes internas de la coalición consultadas por este diario sostienen que lo más razonable en esta situación es "acabar cuanto antes" con la controversia, tras lo que consideran una tardanza innecesaria.
Ahora bien, tras un año con el debate sobre la mesa, se entendería insuficiente que la responsabilidad sólo recayera en empleados de la firma. Esto es, que bajo este prisma, si se quiere zanjar la crisis abierta por el fraude en la mercantil municipal que preside Grezzi, es la plaza de máxima dirección la que debería cobrarse. Una decisión con la que públicamente el edil de Movilidad Sostenible ha manifestado encontrarse absolutamente en contra. También el alcalde, aunque en su caso se ha desvinculado por completo de las conversaciones internas, evitando un desgaste de su figura. Es el vicealcalde por Compromís, Sergi Campillo, mano derecha del primer edil, el que negocia con la socialista Valía.
La situación en este sentido es delicada en la coalición naranja: el ejecutivo local de Compromís y PSPSV se sustenta con un solo concejal de diferencia con la oposición (17 frente a 16). Un panorama que otorga una fuerza especial a la postura de Grezzi, que tras saltar el escándalo ya amenazó dentro de su grupo municipal con salir del gobierno y pasar a formar parte del grupo mixto si no se le daba el respaldo suficiente. Hay quien incluso manifiesta cierta incomodidad a la hora de tratar asuntos espinosos relacionados con el edil.
De hacerse realidad lo que entonces fue sólo un órdago -y que todavía resuena en los despachos de la formación del guiño-, la estabilidad y gobernabilidad de la administración municipal quedaría comprometida a falta de casi tres años de mandato. En realidad, hay quien piensa en Compromís València que el regidor "no tiene casi nada que perder", y en consecuencia, mucho margen de presión. Aunque otro factor a tener en cuenta, y es algo que conocen bien en las entrañas de la coalición, es la imprevisibilidad del italiano y todo lo que ello conlleva. Otras fuentes preguntadas al respecto son más optimistas y confían en que el más que probable cese del gerente de la EMT sea aceptado con resignación por el concejal.
Tanto el titular de Movilidad como la cúpula de la EMT se han enrocado en la tesis de que los únicos responsables del fraude, además de los estafadores anónimos, son la empleada estafada que hizo los movimientos, Celia Zafra, ya despedida por saltarse protocolos internos, y la entidad bancaria que tramitó los pagos fraudulentos, Caixabank, al vulnerar sus propias normas de control. Y rechazan así que se produjera cualquiera deficiencia en el funcionamiento interno de la empresa, pese a que lo cuestionen empleados y expertos en la comisión de investigación. Una posición que parecen mantener los responsables de la EMT hasta las últimas consecuencias.
Los socios de gobierno, el PSPV que lidera Sandra Gómez, consideran que este es un riesgo que debe trabajarse dentro de la coalición valencianista. La postura de los socialistas es inamovible, especialmente en los últimos meses: el gerente debe salir de la firma para asumir la responsabilidad de lo sucedido in vigilando. Esto es, bajo esta perspectiva, pese a no tener funciones relacionadas directamente en lo acontecido, García es el encargado de vigilar el funcionamiento interno de la empresa, como ocurriría en el ámbito privado, por lo que un escándalo así debería suponer la dimisión del responsable de la mercantil. Si esta no se produce, no manifiestan reparos en forzar su cese desde el consejo de administración.
