Buena parte de la candidatura del PP al Congreso y el Senado en un acto antes del 20D. EVA MÁÑEZAunque desde Madrid la consigna de salida es la de no hacer cambios, hay movimientos en las filas populares para alguna variación en las candidaturas de ambas cámaras
VALENCIA. La repetición de las elecciones generales ha reabierto en todas las formaciones políticas, ya sea en mayor o menor medida, el debate sobre las candidaturas al Congreso y Senado. Mientras algunas formaciones, como Compromís y Podemos, deberán realizar cambios obligados si, como todo apunta, alcanzan un acuerdo con Esquerra Unida; en otras, como PP y PSOE, la tendencia es al inmovilismo salvo por cuestiones excepcionales.
Eso no implica que hayan desaparecido los nervios y que no exista preocupación alguna por parte de los miembros de las listas. Nunca llueve a gusto de todos y hay dirigentes que ven en la repetición de los comicios una ocasión para ascender algún puesto, cambiar de cámara e, incluso, para aprovechar la caída en desgracia de algún compañero y optar así a un puesto.
Así, y aunque Mariano Rajoy es un líder más bien poco amigo de los cambios, nadie da por seguro que no se producirán variaciones pese a que exista una promesa de tranquilidad desde Génova respecto al mantenimiento de las candidaturas. Con este escenario, en el PPCV, como no podía ser de otra manera, hay vigilancia.
Una de las razones se debe al temor a la posible alianza de izquierdas entre PSPV, Compromís y Podemos que se está explorando para el Senado. Una confluencia que podría invertir radicalmente los números de la Comunitat en la Cámara Baja: cabe recordar que los populares consiguieron nueve senadores en el 20D, por dos del PSPV y uno de Compromís-Podemos, este último conseguido por la circunscripción de Valencia.
Una alianza de izquierdas que podría dejar al PP con tan solo tres representantes, uno por provincia, lo que sacaría fuera de la Cámara Alta -de repetirse orden y resultados contando con ese pacto- a nombres tan conocidos como la exconsellera Asunción Sánchez Zaplana, exdiputadas nacionales como Marta Torrado y Susana Camarero, exsenadores como Agustín Almodobar y Manuel Altava o la exalcaldesa de l'Alcora, Merche Mallol.
Un escenario que aviva el interés de los implicados por integrarse en la lista del Congreso, que ofrece puestos de mayor seguridad. A ello, hay que sumar algún otro tipo de movimiento dentro de la candidatura: por ejemplo, algunas fuentes populares señalan que el ahora secretario general provincial del PP de Valencia, Vicente Ferrer, ocupó en su día un puesto demasiado retrasado (11º), sin posibilidades de entrar en el Congreso. Tras los comicios, el líder provincial, Vicente Betoret, le otorgó galones de número dos y, ahora, podría considerarse más justificado su ascenso.
Por otro lado, en la circunscripción de Castellón viene generando cierta polémica interna el puesto número dos que ostentó el exalcalde de la Vall d'Uixò Óscar Clavell, antes imputado y ahora procesado por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales al realizar el pago de unas facturas por valor de 707.000 euros, con el informe en contra de los técnicos, cuando se encontraba como alcalde en funciones precisamente sustituyendo a la ahora líder del PPCV, Isabel Bonig. De momento, no ha sido incluido en el comité de campaña del que sí formó parte para el 20D.
De la misma manera, y aunque no se encuentra investigado en ninguna causa, también se pone en entredicho en varios sectores del partido la conveniencia de que el exconseller Gerardo Camps repita en el puesto número cuatro de la lista en Alicante, especialmente después de que el Consell anunciara que llevará a la Fiscalía las facturas de restaurantes pagados con caja fija que atribuyen al dirigente popular. Bonig, preguntada por esto días atrás, aseguró que el exvicepresidente no se encuentra imputado, si bien dejó su concurso en la candidatura en manos de la dirección provincial y nacional del partido. Por su parte, el exconseller salió al paso de estas informaciones en la Junta Directiva Regional celebrada este lunes y anunció una querella contra Mónica Oltra y contra el diputado socialista José Muñoz, quien hizo públicos los gastos de la caja fija que le atribuye a Gerardo Camps.
