Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las turbulencias en los mercados no son gratuitas. Los diversos frentes a los que se enfrentan las economías occidentales están pasando factura a las empresas desde hace meses, lo que está repercutiendo inevitablemente en las administraciones. Problemas en la cadena de suministros, incertidumbre en la llegada de productos, falta de confianza en los mercados y una presión alcista en los precios que, si bien todavía no están suponiendo grandes problemas, no están pasando desapercibidas para los clientes institucionales, que empiezan a acusar los obstáculos que sufren las compañías adjudicatarias de contratos públicos.
Así lo confirman en el Ayuntamiento de València, donde los servicios contratados por la administración municipal continúan prestándose pero ya se están registrando problemas que pueden suponer retrasos en las previsiones iniciales. "A día de hoy no podemos estimar cuál va a ser el impacto de la crisis, pero evidentemente va a afectar al desabastecimiento de ciertas materias primas", reconocían a Valencia Plaza fuentes de la concejalía de Contratación hace apenas dos semanas. Ahora, empiezan a quedar algunos concursos desiertos por estos problemas.
Es el caso de la licitación pública puesta en marcha desde el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines, dependiente del Ayuntamiento, para la compra de fertilizantes. Inició el proceso de contratación en noviembre por valor de 30.000 euros para este ejercicio, y a la hora de adjudicarlo las dos empresas que se presentaron entonces han declinado su oferta: los problemas de suministros y la incertidumbre sobre la posibilidad de hacer frente a las condiciones del contrato han motivado sendas renuncias.
"Problemas logísticos y dificultades de aprovisionamiento" fueron las razones aludidas por la ganadora del concurso, y cuando rechazó firmar el contrato, la segunda en la lista se escudó en "la escasez de materias primas y la inestabilidad de precios del mercado" para motivar su renuncia. Circunstancia que obligó al ente consistorial a declarar desierta la licitación, como publicó recientemente el Levante-EMV.
Por otro lado, también se han registrado problemas en suministros para compañías ya contratadas por el consistorio. Por ejemplo, empresas que para obtener sus materias primas piden presupuestos de material "con validez de apenas algunas horas", o que piden "presupuestos por adelantado sin garantía" de que los productos "vayan a llegar en plazo o de que simplemente vayan a llegar", subrayaban fuentes consistoriales.
Sin embargo, todavía no se ha conocido ningún caso en el que una compañía que estaba prestando un servicio o ejecutando una obra pública haya abandonado el contrato de manera unilateral por este tipo de problemas, aunque en el consistorio no rechazan que pueda ocurrir. De hecho, se podría considerar que hay algún caso en el que se ha producido una situación de este tipo, aunque de manera parcial, con motivo de la inflación: el de los pabellones deportivos municipales.
Así, a finales de marzo una de las empresas concesionarias de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento decidió cerrar "temporalmente" las piscinas y los spas de los recintos deportivos de Abastos y de Ayora por los costes "inasumibles" de la energía, utilizada especialmente para el calentamiento del agua empleada en las instalaciones. Así, aunque el resto de los recintos continúa funcionando "con normalidad", las zonas de agua permanecen cerradas.
Una decisión de la empresa en cuestión, Supera, aprobada en una decena de centros deportivos que gestiona en toda España y motivada por "los efectos negativos de la pandemia, unidos a los desbocados precios energéticos, agravados por los últimos acontecimientos", en relación a la crisis de precios derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Desde la Fundación plantean indemnizar a la compañía concesionaria por los costes derivados de la situación energética, al considerarse una circunstancia imprevisible, para que continúe prestando el servicio. Pues los usuarios habituales, cabe destacar, se han tenido que trasladar a pabellones municipales en barrios próximos saturando dichos centros, como publicó este diario.
No es la primera vez que se compensa una concesión pública por pérdidas derivadas de factores externos a la empresa en cuestión. Ocurrió con la pandemia, cuando el Gobierno central aprobó un decreto que permitía que las administraciones indemnizaran a las compañías concesionarias por el cierre aprobado durante los primeros meses de restricciones. Y en esta norma se ampararon al menos una treintena de contratas para solicitar una compensación al Ayuntamiento de València. El servicio de correo postal es un ejemplo.
Para este caso también se espera que haya que hacer frente a múltiples solicitudes del reequilibrio económico del contrato. Una fórmula tasada en la legislación que habilita a la contrata a solicitar una compensación por factores exógenos a ella. "Una de la tranquilidad que tenemos es que el Ayuntamiento cuenta con buen músculo económico" para afrontar estas peticiones, explican en el gobierno municipal.
Asimismo, ahora, con motivo de la crisis energética y la inflación, el Ejecutivo central ha aprobado otro decreto que amplía el margen para la revisión de precios en los contratos públicos de obras por el alza de las materias primas. Una norma a la que ya se ha adherido la Generalitat Valenciana, haciéndola extensiva también a las entidades locales valencianas.
