VALÈNCIA. El pasado 20 de noviembre se publicaron en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) las bases de la convocatoria del concurso para elegir a la persona que estará al frente de la Dirección General de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC). O lo que es lo mismo, À Punt.
Un puesto con dedicación exclusiva y contrato de alta dirección -unos 59.000 euros brutos anuales- para un período de tres años que actualmente está ocupado por la periodista Empar Marco, quien todavía no ha hecho público si optará o no a la reelección, si bien tanto fuentes de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) e incluso del propio Consell que preside Ximo Puig lo dan por hecho.
Precisamente la máxima responsable de À Punt, quien ha recibido un buen número de críticas durante su mandato, es la que mejor conoce las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar con la reapertura de la radiotelevisión autonómica y los complejos retos de gestión que conlleva un cargo de estas características.
Una carrera de obstáculos que arranca con el propio proceso de selección y termina, si el aspirante consigue su objetivo, con las dificultades del limitado presupuesto, la necesidad de elevar la audiencia, ingresar más en publicidad, el peligro de resultar imputado por alguna querella impuesta por los partidos de la oposición -como ya le ocurrió a Marco o al propio Enrique Soriano por una querella del PP que finalmente fue archivada- o las infinitas incompatibilidades del cargo.
"Con esta ley, solo se pueden presentar prejubilados y profesores universitarios ", lamentaba un dirigente del Botànic a este diario al admitir las dificultades de atraer a profesionales de la comunicación e incluso de otros sectores para el proyecto. De hecho, estas son algunas de las principales razones que ahuyentan a algunos potenciales candidatos para presentarse al concurso público:
1. Selección, en parte, política. Uno de los problemas al que se enfrentan los profesionales es el criterio de selección al que están sometidos durante el proceso. La mitad de los consejeros implicados -en concreto, los cinco vocales del Consejo Rector- están designados por los partidos y, aunque en la mayoría de ocasiones se mueven de forma independiente -de hecho, a lo largo de la legislatura pasada y de la actual, PSPV, Compromís y Podem han definido al órgano como "ingobernable"-, algunos potenciales candidatos tienen la sensación previa de que si no poseen contactos políticos, no tendrán posibilidades de salir elegidos. Una circunstancia que propicia el paso atrás de algunos por temor a verse expuestos en un proceso público que, además, puede afectarles en su trabajo de origen.
2. Dictadura de la audiencia. La media de la cuota de pantalla en los últimos meses no supera el 2%. La radiotelevisión pública no termina de sintonizar con la audiencia y en la actualidad la dirección trata de revertir la situación con cambios puntuales en la parrilla, pero sin demasiado éxito. Sin ir más lejos, la pasada semana se confirmó la cancelación de uno de sus programas estrella, Assumptes Interns, por este motivo: la baja audiencia cosechada. La cifra de espectadores solo ha mejorado en situaciones excepcionales como la cobertura de los efectos de la DANA, donde se alcanzó el 2,7%, o la retransmisión de fiestas como las Fallas. Una circunstancia que genera una presión constante sobre la dirección general que propicia un cuestionamiento diario sobre el modelo de televisión propuesto.
3. El examen de la publicidad. Los bajos resultados de las audiencias no atraen a los anunciantes, por lo que los ingresos de publicidad se han visto afectados a lo largo del primer año y medio de emisiones. En 2018, de hecho, se incumplió el contrato programa al no alcanzar el millón que exigía este documento pactado entre la CVMC y el Consell que preside Ximo Puig. Una circunstancia que situó al Consejo Rector en situación de cese y que salvaron los partidos del Botànic la semana pasada tras la comparecencia de Soriano en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts.
A pesar de este 'final feliz' para los consejeros, conviene apuntar que esta coyuntura ha sido un punto de inflexión en la relación del Consejo con la dirección general: parte del órgano directivo hace en cierta medida responsable a Marco de haberse visto con un pie fuera de la Corporació, ya que atribuyen esta falta de interés de los anunciantes a que la programación televisiva diseñada por la directora no seduce al espectador, lo que repercute indudablemente en la audiencia. Con todo, huelga resaltar en favor de Marco, que la programación es aprobada por el propio Consejo Rector antes de cada temporada. Pese a todo, la presión por las cifras de ingresos tensionan la relación entre el consejo de administración y la dirección para cumplir expectativas. En definitiva, más presión para el cargo.
Por otra parte, cabe apuntar que la comisión mixta integrada por la Generalitat y responsables de À Punt estudiará en los próximos días cambiar el contrato programa para tratar de rebajar en un 75% la previsión de ingresos por publicidad (de 4 a 1 millón anual) para evitar que la radiotelevisión valenciana incumpla la ley cada año y los consejeros se vean reiteradamente en causa de cese. Sin embargo, la reforma aún no se ha producido y habrá que esperar a ver la cifra que se plasme finalmente en ese nuevo documento. Pocos quieren enfrentarse a este objetivo "optimista" de ingresar cuatro millones de euros por ley, más aún de alzar los bajos beneficios actuales.
4. Presidente de salida. Tal y como informó Valencia Plaza, el presidente la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, ha pactado con el jefe del Consell, Ximo Puig, su salida del órgano pese a que todavía le quedan tres años de mandato. Una situación que obliga a un relevo y que destapa otro foco de inestabilidad dado que el puesto también ha evidenciado una exigencia y complejidad disuasorias. Su salida genera una percepción de inseguridad, de que al proyecto estrella del Botànic de la legislatura pasada -la reapertura de la radiotelevisión pública- no dejan de surgirle obstáculos de manera reiterada que terminan deteriorando a sus dirigentes.
5. Querellas y campo de batalla político. Sin duda, otro de los hechos poco alentadores para lanzarse a por el cargo, especialmente si el profesional es periodista, es situarse en el foco de la noticia y, más aún, en el epicentro de guerras políticas que incluso llegan a judicializarse. El PPCV presentó una demanda contra el presidente de la Corporació y la directora general de À Punt por presuntas irregularidades en varios contratos. El más cuestionado se centraba en la adjudicación de una temporada de la serie La Tramuntana a la sociedad Mediterráneo Media Entertainment, cuyo administrador era un exconcejal del PSPV del Ayuntamiento de Benifaió. Finalmente, la querella fue archivada porque la jueza concluyó que no se había producido una "ilegalidad patente, flagrante y clamorosa" ni veía indicios de "criminalidad".
6. Oposiciones, baremo y la Unió. El Consejo Rector ha realizado ya el diseño de las oposiciones de la Societat que se convocarán en los próximos meses cuando la dirección general de Presupuestos de la Generalitat Valenciana dé el visto bueno. A este respecto, cabe resaltar que las categorías profesionales y número de plazas de cada una que ha volcado el Consejo Rector tras pactarlo con los sindicatos en ese diseño de Oferta Pública de Empleo responde a una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha sido diseñada por la actual dirección general, por lo que no será un boceto o plantilla que esboce una hipotética nueva dirección. Es decir, aquel que se presente -y sea elegido, si es que Marco no repite- deberá asumir la plantilla que ha trazado la gestora anterior, por mucho que quizá pudiera pensar en un croquis de equipo humano distinto.
Por otra parte, el baremo proyectado da una ventaja considerable a los trabajadores de À Punt respecto a otros posibles aspirantes como ya ocurrió con las bolsas temporales con las que entraron los actuales empleados -entonces los favorecidos eran los ex de RTVV-. La Unió de Periodistes Valencians avanzó este jueves que si no se modifican, estudiaría "las medidas oportunas para evitar una situación aún más injusta que la planteada hasta el momento". De hacerse efectivo un posible recurso por parte de la asociación de profesionales de la información como ya hizo en 2017, la Dirección General, junto a la presidencia del Consejo, deberá verse en la tesitura de lidiar con el proceso judicial que se derivará.
7. Competir contra Marco. Otro de los factores que pueden ahuyentar a posibles candidatos es el hecho de que los aspirantes de este concurso, a diferencia del anterior, ya se presentarán con la intención de desbancar a alguien: la propia Marco. Algo que no ocurría en la convocatoria de 2016 de la que resultó electa la actual directora. No en vano, en aquel momento los aspirantes se presentaban, por decirlo de algún modo, contra 'nadie', ya que no había ninguna persona ocupando el puesto al que optaban. Circunstancia que en la actualidad ha cambiado y podría resultar incómoda para los postulantes.
8. Presupuesto de 56 millones de euros. La pelea por aumentar la partida destinadas a À Punt fue una prioridad para Marco en la negociación de los Presupuestos de 2019. La directora general mantuvo un pulso con el Consell para evitar reducir el gasto de personal y aumentar en 14 millones los fondos, desde los 55 anuales acordados en el contrato programa para los tres primeros ejercicios. Finalmente, la cantidad se mantuvo este año y en 2020 aumentará en solo un millón. Desde la radiotelevisión pública siempre se ha considerado insuficiente, lo que podría no ser un aliciente para emprender el proyecto.
9. Incompatibilidades. A todos estos factores, se suma uno más: el del régimen de incompatibilidades. Un elemento que en numerosas ocasiones miembros del Consell han explicado que ahuyenta al talento de querer trabajar en la administración pública y que también se extiende a la radiotelevisión autonómica. A la dirección general le son aplicables las mismas incompatibilidades que al Consejo Rector, según la ley de creación de la CVMC, y éstas, de hecho, ya han sido motivo de dimisión entre los consejeros: Vicente Vergara terminó renunciando como miembro del Consejo.
10. Salario. Unas incompatibilidades que, sumadas al resto de factores, tampoco compensa el salario que percibe la persona que ostenta la dirección: 58.744,08 euros brutos al año. Un sueldo que, visto desde fuera, podría considerarse atractivo pero que no lo es tanto para profesionales de la comunicación en puestos directivos o incluso para periodistas audiovisuales que trabajen en Madrid o Barcelona. Especialmente si se compara con la visibilidad mediática que se le ha dado a À Punt desde su reapertura.
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