Enrique Soriano. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) no pasa por su mejor momento. Apenas tres años después de que se aprobara la ley que recuperó el Servicio Público de Radiodifusión y de que se constituyera la estructura del ente, la radiotelevisión valenciana tendrá que enfrentarse a la renovación de la práctica totalidad de todos sus altos cargos. Al proceso de elección de una nueva dirección general y la reposición de la mitad del Consejo Rector, este miércoles se sumaba un nuevo frente: la salida de Enrique Soriano obligará a Les Corts Valencianes a tener que buscarle un sustituto.
Un paso atrás que desde los partidos del Consell intuían que podía producirse más pronto que tarde, pero no con tanta premura, ya que ahora mismo se encuentra en el ecuador de su mandato. El hastío y la presión a la que ha sido sometido por los constantes conflictos en los que se ha visto inmersa la televisión pública valenciana o por los que se ha cuestionado su gestión -y la de Marco- al frente del órgano han precipitado su decisión. Ahora, su anhelo principal es volver a su plaza de letrado en Les Corts Valencianes, donde gozaba de una nula exposición pública, su sueldo era más elevado y sus labores diarias no eran utilizadas como arma política por los partidos de la oposición. No en vano, el PP presentó una querella meses atrás por presuntos contratos irregulares que finalmente terminó archivada.
Ahora, la búsqueda de un relevo será todo un reto para los partidos del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem-. De hecho, huelga resaltar lo complejo que fue el proceso de búsqueda de una persona que generara un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas de la Cámara, dada la mayoría requerida para que su nombramiento saliera adelante -66 votos, mientras que los grupos del Consell sumaban solo 54 escaños-, y que, además, cumpliera el perfil que se buscaba: un aspirante con conocimientos jurídicos y económicos, más que de comunicación.
Recién validada la ley que dio vida a À Punt, socialistas, valencianistas y morados sugirieron -a instancias de los primeros- al resto de grupos de la Cámara que Josep López ocupara este puesto. Ciudadanos, entonces liderado por Alexis Marí, estaban dispuestos a votar a favor de López. Sin embargo, días después se destaparon las relaciones familiares de la mujer del candidato con dirigentes del PSPV. Un embrollo que terminó dinamitando el consenso y bloqueó la designación de un nuevo aspirante a la Presidencia de la Corporació y, por ende, del Consejo Rector hasta que cuatro meses después los partidos encontraron en Soriano al hombre del consenso parlamentario. Hallado el perfil idóneo, las crisis constantes en À Punt por distintos motivos han terminado deteriorando a su presidente. Estos son algunos de los motivos de su deterioro.
-Juicio en la Audiencia Nacional por el ERE de RTVV. Apenas dos meses y medio después de tomar posesión del cargo, Soriano tuvo que enfrentarse, en calidad de máximo representante de la recién constituida CVMC, al primer escollo judicial. En enero de 2017 la Audiencia Nacional celebró el juicio por la demanda que el sindicato CGT presentó contra el expediente de regulación de empleo que extinguió los contratos de toda la plantilla de la antigua Radiotelevisión Valenciana (RTVV). En ella, el presidente de la Corporació declaró como testigo para justificar que con la apertura de À Punt no se había producido una sucesión de empresas.
-La Unió de Periodistes recurre el baremo de las bolsas de À Punt. Ese mismo año, el Consejo Rector de la Corporació aprobó el baremo de méritos para acceder a las bolsas temporales de empleo de la nueva televisión valenciana. Unos cálculos que fueron recurridos por la Unió de Periodistes al considerar que vulneraban "el principio de igualdad" y cerraba "la puerta en la práctica al conjunto de periodistas" que no fueran extrabajadores de la extinta RTVV. El proceso se alargó en el tiempo, si bien finalmente la Audiencia Nacional terminó desestimando la demanda.
-Contratos "irregulares" a directivos, según la Sindicatura de Comptes. El informe de auditoría financiera de las cuentas anuales del ente correspondientes al ejercicio 2017 concluía que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) incurrió en "incumplimientos significativos" al contratar a tres directivos sin un proceso selectivo previo para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad previstos en su norma de creación. En concreto, se trataba de Remei Blasco, directora de informativos de À Punt; José Manuel García Duarte, director de ingeniería y explotación; y César Martí, director de contenidos y programación), todos ellos miembros del equipo de confianza de Empar Marco.
-Desequilibrios contables. La CVMC no aprobó a tiempo sus cuentas de 2018 el pasado mes de junio por las discrepancias que surgieron entre la Generalitat y el propio ente. Exactamente, Intervención de la Generalitat Valenciana reclamaba al ente en su informe de auditoría que devolviera los 9,2 millones de euros que no fueron ejecutados el año pasado a la Generalitat. Una cantidad que la Corporació traspasó a la Societat -que es la que gestiona el grueso del presupuesto, dedicado en buena parte a personal- y que, los gestores entendían, por tanto, ejecutados, ya que el dinero se había transferido a la SAMC y ya no 'disponían' de él.
Sin embargo, la Generalitat no lo entendía así y advirtió al órgano presidido por Soriano que lo no ejecutado debía devolverse. Con todo, tras las disparidad de criterio, À Punt pidió que ese dinero se descontara de los fondos del próximo ejercicio y no devolverlo con los de este año. Escenario al que el Gobierno valenciano se negó. El tira y afloja con la Generalitat supuso un desgaste significativo para sus máximos responsables, especialmente para su presidente. En este punto también conviene apuntar que las cuentas han sido motivo de enfrentamiento recurrente entre la Corporació y el Gobierno valenciano. Como ejemplo, huelga recordar el pulso que mantuvieron el año pasado para aumentar los fondos en 14 millones y así resolver el conflicto generado en el capítulo de personal, algo que finalmente no ocurrió tras el rechazo del Consell.
-Bajas audiencias. Además de todos los procesos judiciales, una de las patas principales de À Punt se tambalea. La radiotelevisión valenciana no termina de sintonizar con los valencianos y sus índices de audiencia con dificultad rozan el 2% de media. Un porcentaje tan solo mejorado en situaciones excepcionales -como con la DANA o con festividades como las Fallas-. Como ejemplo, en la jornada electoral del pasado 10 de noviembre apenas llegó al 1,7% de share. Unos datos por los que se ha cuestionado la gestión de la directora general, incluso, con peticiones de dimisión por parte de algunos consejeros.
-Querella del PP contra Soriano y Marco. El Partido Popular de la presentó una demanda contra el presidente de la Corporació y la directora general de À Punt por presuntas irregularidades en varios contratos. El más cuestionado se centraba en la adjudicación de una temporada de la serie La Tramuntana a la sociedad Mediterráneo Media Entertainment, cuyo administrador era un exconcejal del PSPV del Ayuntamiento de Benifaió. Finalmente, la querella fue archivada porque la jueza concluyó que no se había producido una "ilegalidad patente, flagrante y clamorosa" ni veía indicios de "criminalidad".
-Polémica con los consejeros: el adiós de Xambó. El pasado mes de junio el aún consejero de la CVMC a propuesta de Compromís, Rafa Xambó, emitió un comunicado en el que pedía la dimisión de Empar Marco y enumeraba una serie de motivos que justificaban su solicitud. El mensaje avivó la tensión que desde hacía semanas se había instalado entre la directora general y el Consejo Rector hasta el punto de que se llegó a impedir la entrada a Marco en una de las reuniones que mantienen cada semana. Un enredo que generó una profunda incomodidad en Soriano, de talante moderado y con preferencia a la discreción, que amonestó al sociólogo y cantautor por hacer este tipo de manifestaciones públicas.
-Desconexión con Marco. Con todo, y a pesar de esta reprimenda, conviene apuntar que la relación entre Soriano y Marco tampoco es especialmente buena. Fuentes de la Corporació apuntan a que ambos han mantenido algún que otro desencuentro a lo largo de estos dos años.
-Retraso en las oposiciones. La Conselleria de Hacienda apercibió en septiembre a los responsables de À Punt, Soriano y Marco, por no haber convocado todavía la Oferta de Empleo Público (OPE) correspondiente los 500 puestos de trabajo que tiene la Corporació y la Societat. Un retraso que Sector Público consideró injustificado, ya que en julio recibieron el visto bueno a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El presidente del ente tuvo que garantizar que, a pesar del retraso, las sacarían en tiempo y forma para evitar indemnizaciones.
-Salario. Toda una serie de trabas, inconvenientes y tropiezos que han convertido su paso por la nueva radiotelevisión valenciana en un dolor de cabeza más que en una experiencia profesional que ni siquiera el salario ha podido compensar. No en vano, el rango retributivo de Soriano es de secretario autonómico, por lo que actualmente percibe 61.117 euros brutos anuales. Como letrado de Les Corts, su salario neto superaba los 5.000 euros al mes. Nadie pensó que la puesta en marcha fuera tan dura. O quizá sí, pero no tanto.
