Pleno extraordinario del Ayuntamiento de València sobre el fraude de la EMT. Foto: EDUARDO MANZANACataluña, Cataluña, Cataluña, Cataluña, Cataluña… Bien, vamos con lo nuestro.
El otro día se enfadó Giuseppe Grezzi porque en esta columna puse como ejemplo de no asunción de responsabilidad política el accidente del metro de València, ejemplo de libro porque nadie dimitió ni fue cesado a pesar de la gravedad de los hechos (por los que nadie ha sido aún condenado penalmente). Grezzi, que encaja muy mal las críticas, es de los que se agarran a la literalidad para sentirse profundamente ofendiditos por una metáfora, una comparación o una simple reflexión en la que algo se pueda sacar de contexto. De tal manera que si en lugar de decir que los de Compromís en el Ayuntamiento reaccionan ante los escándalos igual que lo hacía el PP dijera que son los mismos perros con distintos collares, nuestro concejal de Movilidad movilizaría a los suyos para acusarme de llamarle perro.
Ignoro –porque no estoy pendiente de lo que dicen Grezzi y cía en redes y les tengo dicho a mis amigos que dejen de enviarme por whatsapp su tuits– si el concejal consideró también miserable que el presidente del comité de empresa de la EMT dijera el domingo pasado en Levante que en su empresa se había buscado una cabeza de turco –la trabajadora despedida– igual que en el accidente del metro –el maquinista–, para no asumir ninguna responsabilidad los políticos y directivos al mando. Y eso que aún no había visto la pseudocomisión de investigación, en la que los perdedores de una votación dicen que no van a respetar lo votado, cada vez más parecida al paripé de la del metro.
La confesión del otro día en el Pleno de que una trabajadora de baja maternal firmaba operaciones bancarias desde casa –muy progre–, sin estar en el día a día de la gestión ni consultar –"porque estaba de baja"– el correo electrónico donde el banco le advirtió de los movimientos raros, tendría que bastar para que rodaran cabezas, pero para Grezzi la responsabilidad política solo existe si hay muertos.
Pues vamos con los muertos. En el accidente de Viveros falleció una persona cuya vida vale lo mismo que cada una de las 43 que se perdieron en metro, y el concejal responsable no solo no dimitió sino que se presentó a las elecciones como número cuatro en la lista de Compromís. Dirán que así lo quiso la militancia y la ciudadanía valenciana, que es lo mismo que dijo Camps cuando ganó por mayoría absoluta en 2011 estando imputado en el caso de los trajes, y espero que Camps no se haga el ofendido y diga que estoy equiparando a un muerto con cuatro trajes.
"Dimitir no es un nombre ruso", se dice para recordar a los políticos que el verbo dimitir existe y no es defectivo, aunque lo parezca por falta de uso de la primera persona del singular. Dimitir cuando te van a sentar en el banquillo es asumir la responsabilidad política cuando no tienes más remedio. Tarde. Pere Fuset tendría que haberlo hecho cuando ocurrió el accidente y luego podría haber optado a las elecciones porque una dimisión no es una inhabilitación de por vida.
Dimitir es un gesto político, como el que tuvo Antoni Asunción cuando se fugó Luis Roldán, o Corcuera cuando el Constitucional anuló un artículo –uno– de su 'ley de la patada en la puerta', precisamente el de la patada en la puerta. Eran otros tiempos. Ahora nadie dimite si los tribunales lo dejan en evidencia –Marzà acumula decenas de fallos en contra–, ni siquiera cuando su mal hacer tiene graves consecuencias económicas, como la anulación de la amnistía fiscal de Montoro por parte del Constitucional o la reciente de Puerto Mediterráneo, de cuyo fiasco y coste nadie se hará responsable.
Valencia Plaza desvelaba este sábado que la Conselleria de Justicia recibió en mayo de 2018 un aviso de que el desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València no funcionaba. El jueves murió una persona que había sufrido un infarto y no pudo ser reanimada con ese desfibrilador porque no funcionó. Esperemos que el incidente, políticamente hablando, no se salde una vez más con cero responsables.
Del paseo triunfal de la ministra de Hacienda por València me quedo con la frase: "Hacer los presupuestos es una obligación", dirigida al Consell de Ximo Puig, que sigue buscando excusas –Montero le desmontó todas– para no cumplir su obligación legal de presentar los Presupuestos de la Generalitat 2020 antes del 1 de noviembre, para que no le fastidie la campaña electoral.
"Consejos vendo que para mí no tengo", le podría haber respondido Vicent Soler a la misma ministra que el 30 de septiembre de 2018 incumplió su obligación no ya legal sino constitucional (artículo 134.3) de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Su paupérrima excusa: que no tenía apoyos suficientes para sacarlos adelante.
