La Conselleria fue advertida en 2018 de que el desfibrilador de la Ciudad de la Justicia no funcionaba

VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia sabía desde mayo de 2018 que no fucionaba el desfibrilador que este jueves no pudo utilizarse por falta de batería para asistir a un infartado en la Ciudad de la Justicia de València. Lo advirtió un particular personalmente al entonces gerente del complejo judicial, Miguel Furió, quien lo transmitió a la Conselleria que dirige Gabriela Bravo, según respondió el propio Furió este viernes a Valencia Plaza.

En los 17 meses transcurridos no se revisó el desfibrilador, que pasó su última revisión a finales de 2016, según confirman desde la Conselleria encargada del mantenimiento de la Ciudad de la Justicia. La Conselleria ha abierto una investigación para saber por qué falló la batería cuando un médico intentó reanimar al hombre infartado, que finalmente falleció a pesar de que unos diez minutos después fue atendido por una unidad del SAMU que trató de reanimarlo con su desfibrilador.

Furió, tal y como él mismo explicó, se enteró de que el aparato no funcionaba por un usuario del complejo judicial que subió a su despacho para explicarle lo sucedido. Este usuario, con el que este periódico ha hablado, contó que advirtió primero a la Guardia Civil, que le remitió a la gerencia del centro. Ante el gerente, con las fotografías que había hecho del desfibrilador, le señaló que el indicador del aparato que debía estar en verde estaba en rojo.

En las fotografías, que incluimos en esta información, se puede observar en la parte inferior derecha la fecha en la que están hechas, 23 de mayo de 2018. Muestran un plano general del aparato en el que se puede ver que es el desfibrilador de la Ciudad de la Justicia y, en otras imágenes más detalladas, la equis roja que significa que no funcionaba correctamente.

Tras ser informado de que el desfibrilador no funcionaba y ver las fotografías, Furió afirma que informó a la Conselleria de Justicia por dos vías o conductos, como "siempre" hacía. Por un lado, avisó a la Dirección General de Justicia, puesto que ocupaba Verónica López Ramón, y, por otro, al entorno de la propia consellera.

Según informó este viernes la Conselleria, a preguntas de Valencia Plaza, el aparato había pasado la última revisión en noviembre de 2016. El departamento que dirige Gabriela Bravo deberá dilucidar en la investigación si se avisó a la empresa de mantenimiento y el motivo por el que, se avisara o no, nadie comprobó que se hubiera reparado.

Otra incógnita es cómo nadie se dio cuenta de que el desfibrilador estaba falto de batería ya que, según el manual de instrucciones del modelo adquirido por la Conselleria de Justicia, además de las equis roja, el aparato empieza a pitar cuando se queda sin batería suficiente.

Según el manual de instrucciones del modelo Zoll AED Plus, existen cinco estados de la batería. El primero es batería baja con unidad apagada, que avisa con un pitido audible cada minuto; la segunda es batería baja durante el autotest de encendido, que se marca con una indicación sonora de cambiar baterías al encender el aparato; la tercera es batería baja y otros problemas durante el autotest con la unidad apagada o durante el autotest, esto se ve con una equis roja que indica que no se puede trabajar; la cuarta es batería baja con unidad encendida, y en este caso la indicación es sonora que dice cambiar las baterías cuando la unidad está encendida, y, por último, es batería agotada, donde el indicador de estado muestra un equis roja indicando que no se puede trabajar y lo indica incluso estando apagado.

"Si hay que asumir responsabilidades, se asumirán"

Este viernes comparecía la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Bárbara López Ramón -no tiene relación familiar con su predecesora, pese a la coincidencia de apellidos-, para informar sobre el suceso.

López Ramón comenzó dando el pésame a la familia del hombre de Puerto de Sagunto que murió el jueves en la puerta de un juzgado. Acto seguido dijo que se han solicitado los informes pertinentes tanto a la gerencia de la Ciudad de la Justicia, como a los servicios de mantenimiento y seguridad de la Conselleria de Justicia. Explicó que por un Real Decreto de 2009, la duración de las baterías hay que basarla en el manual de instrucciones del desfibrilador, en este caso tres años. "Estamos investigando y vamos a investigar en profundidad por qué no han funcionado las baterías de este aparato. Seguiremos investigando y todo de lo que dispongamos les será facilitado", manifestó.

Preguntada por el hecho de que el PPCV haya pedido explicaciones, aseveró que la Conselleria "va a investigar y si hay que asumir responsabilidades, se asumirán".