Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Novedades en la causa judicial abierta por el fraude de cuatro millones perpetrado contra la EMT de València. Una de las directivas de la firma municipal que preside Giuseppe Grezzi solicitó personarse a título individual en el procedimiento judicial como perjudicada, algo que finalmente el juez ha rechazado.
El robo se produjo en el mes de septiembre, cuando unos defraudadores anónimos supuestamente engañaron a una de las directivas de la empresa municipal, Celia Zafra, para que hiciera transferencias a una cuenta china con el falso propósito de comprar una empresa en el país asiático. Para ello, falsificaron las firmas de varios directivos, como la del gerente, Josep Enric García, o la de la jefa de Gestión, María Rayón, superior de Zafra.
Es esta última, Rayón, la que ha solicitado personarse en la causa del fraude como perjudicada de lo sucedido. Así lo recoge en el escrito presentado el pasado 12 de marzo por la propia Zafra en el juzagado número 18 de Valencia, que instruye el caso. El documento, al que ha tenido acceso este diario, consta de apenas un folio y pide la personación de la exdirectiva "para ejercer cuantas acciones civiles y penales" le correspondan, acusando a los responsables de un delito de falsedad documental.
No obstante, el juez titular del juzgado ha respondido recientemente, el pasado 12 de mayo, rechazando la petición y por tanto, desestimando su presencia como acusación particular en el procedimiento. Según el magistrado, no existe "motivación procesal suficiente" para que Rayón sea considerada perjudicada. Así, recuerda que la jefa de Gestión ya ha intervenido como testigo.
Lo que viene a decir el juez, en romano paladín, es que el efecto pernicioso de la estafa, es decir, la propia sustracción de los cuatro millones de euros, no le afectó a ella, por lo que carece de sentido que sea considerada perjudicada, pese a que para perpetrarla se utilizara su firma falsificada. Esto último, cierto es, no aparece en la solicitud. "La estafa -dice el magistrado- desencadena un perjuicio económico al estafado o a tercero, cuyos efectos patrimoniales son los que legitiman la posible personación en el proceso". Una circunstancia que "no se da en el presente caso" o al menos "no se advierte ni se explicita" en la solicitud de la propia directiva.
Así, Rayón no podrá seguir el proceso directamente. Huelga recordar que la directiva ha sido nombrada por el banco que tramitó los pagos, Caixabank. Según la entidad, en base a un informe pericial informático, Rayón conoció en mitad del fraude los movimientos practicados por su inferior, Celia Zafra.
La estafa se desarrolló entre el 3 y el 23 de septiembre y según el peritaje encargado por la banca, Rayón habría accedido a la cuenta hasta 14 días a lo largo de este período y "en casi todos los accesos visionó los movimientos". Así, el banco se defiende ante las acusaciones de la empresa pública de haber incumplido la normativa de blanqueo de capitales y de no haber aplicado correctamente los controles al ejecutar las transferencias.
Rayón, por su parte, siguió la misma estrategia que la EMT, al hacer recaer la responsabilidad únicamente en su subalterna, supuestamente engañada por los defraudadores, por no cumplir los protocolos marcados por la empresa, según los cuales Zafra sólo podía preparar los pagos, y nunca ordenarlos como hizo, función que era exclusiva de la propia Rayón y el gerente.