VALÈNCIA. El Consejo de Administración de Divalterra contó con una llamativa aparición en su reunión de este jueves: la de José Luis Vera, director de los servicios jurídicos y de riesgos penales de la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia. El motivo no fue otro que para comunicar que seguirá, con la misma absoluta normalidad con la que se presentó en el encuentro, al frente de sus cargos tras ser detenido el pasado mayo en la segunda fase de la operación policial dentro del caso Azud.
El órgano, conformado por representantes de partidos políticos y por técnicos, tenía prevista la cita de ayer desde hace alrededor de dos semanas, cuando se reunió por primera vez pasados cuatro días del arresto de Vera. En ella salió adelante por 6 votos a favor frente a 3 abstenciones del PP, Ciudadanos y la representante de los trabajadores –por considerar insuficiente la medida– que continuara con sus responsabilidades y que sólo se le apartara de las relativas al proceso de disolución de Divalterra.
Igualmente, se acordó volver a analizar su situación 15 días después, lo que sucedió este jueves. O, mejor dicho, no sucedió, puesto que nada se planteó al margen de la intervención de Vera y no hubo votación. Todo ello, ante la pasividad del PSPV –al que se encuentra próximo–, del presidente de la Diputación, Toni Gaspar, y, más sorprendentemente, de sus socios de Compromís, que no han levantado apenas la voz en este asunto.
La investigación de Azud sitúa al encargado de prevenir la comisión de delitos en Divalterra en una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas junto al hasta hace poco subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) y al empresario Jaime Febrer.
Según las indagaciones, habría sido la persona que puso en contacto a Rafael Rubio con el empresario Jaime Febrer después de las denuncias del primero contra Grau por operaciones urbanísticas. Además, también habría ejercido de enlace en otros niveles de la trama. Febrer era administrador de la extinguida Construcciones Valencia Constitución, en la que Vera figuraba de apoderado en 2007 y 2008.
Éste, sin embargo, no aludió a esos hechos durante el Consejo de Administración, al que acudió de invitado de la mano del presidente de Divalterra, el diputado socialista Ramiro Rivera, con el que comió distendidamente antes de la cita en un restaurante cercano a la Diputación.
En la reunión, según fuentes de la corporación, se dedicó a realizar un repaso por su trayectoria profesional y se limitó a mencionar que lo investigan porque era abogado de un cliente empresario que ha tenido problemas, por lo que está recabando la información.
A preguntas del representante del PP sobre su situación procesal y si ésta es compatible con los cargos que desempeña y con el código ético que él firmó, respondió, de acuerdo con las mismas fuentes, que se encuentra imputado en la causa, que todo es totalmente compatible y que incluso le servirá para desconectar. Así, defendió la presunción de inocencia y remarcó que iba a seguir ejerciendo su trabajo como hasta ahora. Es decir, como si nada hubiera ocurrido y sin ningún tipo de suspensión temporal.
Sin más cuestiones por parte de otros consejeros y sin votación sobre nada relacionado con el director de prevención de riesgos penales, se pasó al resto de puntos del orden del día, como el del proceso de disolución de Divalterra. Uno de los miembros del órgano, José Luis Aragón –también cercano a los socialistas– aseguró, ante las críticas de los sindicatos publicadas por Valencia Plaza, que se les ha "informado de todo".
Y no se llegó a aclarar si iba a ser o no el último Consejo porque todavía se encontraban buscando empresas liquidadoras. Un asunto que resulta de importancia, entre otras muchas cuestiones, porque si se comienza con el proceso todavía no queda claro el destino de directivos como Vera, que tendrán que incorporarse como personal de la Diputación aunque sin que se sepa en concreto de qué manera.
Para el PP, el capítulo de este jueves en la novela de Divalterra con el director jurídico todavía en su cargo es "una vergüenza y una burla". Algo que también censuró Ciudadanos en su momento. Por su parte, Compromís ya pidió, con la boca pequeña, "medidas ejemplarizantes" como suspender a Vera cautelarmente de sus funciones hasta que se aclaren los hechos. El papel que adopte cada partido se evidenciará de nuevo hoy viernes durante la Junta General de la empresa pública, en la que se volverá a abordar la situación del responsable de prevención de delitos.