Imagen de archivo de conciertos en Viveros.VALÈNCIA. Uno de los acusados del caso del accidente mortal de Viveros que se encontraba en paradero desconocido se ha presentado en el juzgado a pocos días del juicio, según han confirmado fuentes judiciales a este periódico. El comienzo de la vista, en la que el concejal de Compromís Pere Fuset se sentará en el banquillo, está fijado para el próximo lunes 12 de diciembre, pero una posible suspensión planeaba sobre ella debido a que no se conseguía localizar a uno de los investigados. Finalmente, ya se le ha podido notificar la apertura de juicio, por lo que, si todo va según lo previsto, éste se celebrará con normalidad.
Hace unas semanas, el Penal 17 dictó dos órdenes de busca y captura. Se trata de requisitorias que emite el órgano judicial a los cuerpos de seguridad del Estado para que procedan a la búsqueda, localización y detención de individuos con los que no se logra la comunicación. En este caso, se ignoraba dónde estaban dos de los acusados. Uno de ellos sí que fue localizado, pero el otro no. Al parecer, había cambiado de domicilio sin trasladarlo al juzgado y éste no había conseguido notificarle nada recientemente. Finalmente, ha acudido de manera voluntaria.
Los hechos que se enjuiciarán se refieren al accidente laboral en el que un trabajador falleció durante el montaje e instalación de las gradas para los conciertos en los Jardines de Viveros de València en el verano de 2017. La Fiscalía sólo acusó a los responsables de las empresas encargadas del citado montaje al considerar que habían incurrido en delitos contra la vida y la salud de los trabajadores y en homicidio imprudente. Uno de ellos el que estaba en paradero desconocido.
Se trata de la única causa judicial que le queda pendiente a Fuset, quien fue procesado por homicidio por imprudencia y un delito contra la salud de los trabajadores. La otra, relativa a una posible prevaricación por la concesión de la explotación de servicios de hostelería a cambio del montaje de las gradas de los conciertos, fue archivada definitivamente el pasado febrero.
Tanto el juez instructor como posteriormente la Audiencia de Valencia consideraron que la aceptación de la instalación de las gradas por terceros, que no habían participado en el concurso, fue una decisión de Fuset "al margen de cualquier procedimiento administrativo, lo que desencadena la instalación de las gradas sin la necesaria seguridad".
La Fiscalía, sin embargo, valoró que el edil no podía saber qué medidas de seguridad eran las pertinentes si los técnicos no le informaban previamente. En definitiva, que firmó porque pensaba que era lo correcto.
A causa del siniestro, la Inspección de Trabajo impuso al Ayuntamiento de València una sanción "muy grave" de 40.000 euros. La familia del trabajador fallecido en el accidente presentó un escrito de acusación en el que reclamaba cinco años de prisión para el concejal.
