VALÈNCIA. Se conoció a principios de julio: un operario había sufrido un accidente laboral en los Jardines de Viveros, durante el montaje de unas gradas para los conciertos que se celebraban en el programa de la Gran Fira de València. Un infortunio mortal que, tres años después, continúa su trámite en los juzgados y que ha colocado en la diana de la crítica pública al que hasta hace poco dirigía la concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Pere Fuset. (Línea del tiempo al final del texto)
La responsabilidad del suceso se dirimirá en un juicio, en cuyo banquillo estará el propio edil acusado de homicidio imprudente y delito contra la seguridad de los trabajadores. La familia del fallecido solicita para él una pena de 5 años de prisión. Según el juez instructor, la instalación de aquellas gradas por terceros que no habían participado en la licitación del montaje fue una decisión impuesta por Fuset a la auténtica adjudicataria “al margen de cualquier procedimiento administrativos”, lo que habría desencadenado la instalación “sin la necesaria seguridad” y “sin el estudio de seguridad y salud para el montaje”.
Es algo que también señaló la Inspección de Trabajo, que en 2018 sancionó al Ayuntamiento de València por un fallo en la contratación de estos servicios. Según la Inspección, el consistorio hizo un contrato de servicios y no uno de obra, como debería haberse realizado a su juicio, lo que habría comportado controles de seguridad más estrictos. Sin embargo, desde el equipo de gobierno y según el propio concejal, la sanción impuesta no estaba directamente relacionada con el accidente.
En todo caso, Fuset ha defendido en reiteradas ocasiones que suscribió el contrato que le indicaron los técnicos. Argumento al que se adhirió la propia Fiscalía, que pidió apartarle de la causa judicial al entender que el munícipe no debía conocer las medidas de seguridad aplicables si los técnicos no le informaban previamente. “Si hay alguna cosa mal, que no sé y no lo creo, desde luego no lo ha hecho Pere Fuset ni el Govern de la Nau -el ejecutivo local-“, sentenció el responsable de Fiestas en una entrevista concedida a Valencia Plaza.
Por otro lado, tanto la Fiscalía como el juez instructor han señalado que el concejal habría podido incurrir en prevaricación al llevar a cabo un “trueque o compensación ilegítima” consistente en la autorización concedida a una empresa para la explotación del kiosko bar en los conciertos a cambio de la construcción de las gradas. Se habría saltado la Ley de Contratación del Sector Público. Se prevé, por tanto, que se abra una nueva causa con este motivo.
El desgaste público del edil ha ido in crescendo y finalmente, al conocerse que se sentaría en el banquillo por lo sucedido, ha decidido apartarse de la concejalía, si bien mantendrá su acta y sueldo de edil en el ejecutivo local, manteniendo sus funciones en la delegación de Administración Electrónica. En su lugar, Carlos Galiana ejercerá de concejal de Fiestas. Valencia Plaza recopila todas las noticias del caso de Viveros.
