«El anuncio de una demanda por parte de Puig tiene mucho de pose, no tiene ningún sentido»

VALENCIA. Cristóbal Montoro debía una explicación a los muchos valencianos que lo señalan como culpable no de la injusta financiación que sufre la Comunitat, pero sí de que se esté prolongando demasiado tiempo. Plaza se la pidió y el ministro accedió a responder aunque no de forma presencial, sólo por escrito. Las respuestas llegaron el viernes 30 de octubre mientras el conseller Vicent Soler presentaba los presupuestos de la Generalitat y volvía a cargar contra el ministro, tres días antes del primer encuentro entre Ximo Puig y Mariano Rajoy.

—Usted dijo recientemente que su gestión se puede medir. ¿Cuál es el resultado de su gestión en relación con las comunidades autónomas?
—Sin duda alguna, el mejor resultado de la gestión de estos años es que las comunidades autónomas han podido mantener, con la ayuda del Estado, los servicios públicos propios del Estado de Bienestar. Al inicio de la legislatura, la situación financiera de las comunidades era extraordinariamente delicada; a la falta de liquidez se unía que muchas de ellas no tenían acceso a financiarse en los mercados, y se encontraron con que les faltaba dinero para sostener la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, o para pagar a los funcionarios o a los proveedores. El Gobierno creó mecanismos para prestar dinero a las comunidades y ayuntamientos y gracias a eso han podido mantenerse abiertos hospitales y colegios y ha podido pagarse a pequeñas empresas y autónomos que corrían peligro de cerrar por las deudas de la Administración, con lo que se han salvado miles de puestos de trabajo. La Comunitat Valenciana es una de las comunidades que más ayuda financiera ha recibido, casi 40.000 millones de euros, de los que alrededor del 70% ha ido a financiar gasto social y 16.640 millones al pago directo a proveedores. Un 61,7% de su deuda está actualmente en manos del Estado, lo que le permite ahorrar mucho dinero en la factura de los intereses gracias a las condiciones favorables que tienen estos préstamos: a lo largo de la vida de estas operaciones, la Comunitat se ahorrará cinco mil millones de euros en intereses.
Por otra parte, la ayuda del Estado y el esfuerzo realizado por las propias comunidades ha permitido que el déficit público de las comunidades se haya reducido a la mitad desde 2011, pasando del -3,35% del PIB al -1,75% en 2014. Esa mejora en sus cuentas públicas hace que ya nadie se cuestione la viabilidad del estado de las autonomías, como ocurría al comienzo de la legislatura.

— En sus cuatro años de ministerio, ¿cómo ha visto la situación financiera de la Comunitat Valenciana y la gestión del Gobierno autónomo?
—La Comunitat Valenciana partía de una situación muy complicada que se agravó con la crisis, que ha sido especialmente dura en términos de empleo. Tenemos que recordar que, desde 2007, la Comunitat llegó a perder casi medio millón de afiliados a la Seguridad Social y que se pasó de una tasa de paro que en 2006 era inferior al 8%, por debajo de la media nacional, a una tasa cercana al 29%. Hoy, por cierto, ya ha bajado al 22,3%. Por otra parte, un sistema de financiación mal diseñado ha perjudicado a la Comunitat, más aún en momentos de difícil acceso a los mercados. De ahí que haya sido tan necesaria la ayuda del Estado para financiar los servicios públicos básicos. Sin embargo, la Comunitat hizo un importante esfuerzo de reducción del déficit público, que ha sido de dos puntos y medio del PIB regional, de manera que ha pasado de un déficit del -4,94% en 2011 a un -2,48% en 2014.

—¿Ha percibido algún cambio tras la llegada a la Generalitat del Gobierno de coalición PSOE-Compromís?
—Creo que el nuevo gobierno regional es consciente de que debe cumplir con los compromisos que tiene la Comunitat, porque de otra manera no es posible salir de la crisis. De momento, se está mostrando muy reivindicativo, criticando el sistema de financiación autonómico y pidiendo un nuevo modelo. 

«El Consell sabe que debe afrontar la devolución de la deuda»

Eso fue lo que ya denunció el Partido Popular cuando lo aprobó el gobierno socialista, que el sistema era malo y que perjudicaba especialmente a las comunidades del arco mediterráneo. Veo que ahora piensan lo mismo los propios socialistas. Nuestro objetivo es cambiarlo la próxima legislatura y buscar un amplio consenso, no hacer un sistema que sólo guste y beneficie a determinadas comunidades frente a otras, como sucedió en el pasado.

— La Comunitat Valenciana afloró en 2012 facturas no contabilizadas por importe de 1.800 millones de euros, lo que conllevó un aumento del déficit autonómico y de España y una sanción de la UE. Pero las tristemente famosas facturas en el cajón venían reflejadas cada año en los informes de la Sindicatura de Comptes, de los que se hacían eco los medios de comunicación. ¿De verdad no sospechaban nada en el Ministerio?
—Precisamente fue el actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que actuó para acabar con las facturas impagadas o no contabilizadas de forma adecuada que se habían acumulado durante años en comunidades y ayuntamientos sin que el Gobierno socialista hiciera nada por evitarlo. Los controles introducidos en esta legislatura buscan que hechos como aquéllos no vuelvan a suceder.

—¿Tiene que pagar esa sanción de la UE entera la Comunitat Valenciana? ¿No hay responsabilidad de la Administración central (Intervención General, Ministerio de Hacienda, Tribunal de Cuentas...), aunque sea in vigilando?
—El Gobierno recurrió aquella sanción porque desde la UE se pretende aplicar una norma que, cuando sucedieron los hechos, no existía. Además, el problema no fue descubierto y denunciado por la Comisión Europea, sino que fue detectado por España, que inmediatamente lo comunicó a las autoridades comunitarias, por lo que no entendemos que esta actitud de colaboración termine con una sanción. Es cierto que desde la Administración central no se ejerció en el pasado una labor de vigilancia, porque no existían instrumentos legales para hacerlo; pero no es menos cierto que la Administración responsable, en este caso la Comunitat Valenciana, es la que debe asumir sus responsabilidades, porque fue la comunidad la que, erróneamente, no notificó unos gastos realizados. Lo que hemos hecho en esta legislatura es introducir reformas legales para que desde el Estado se pueda ejercer un control presupuestario efectivo sobre las actividades de las Administraciones Territoriales; así, evitamos que vuelvan a pasar hechos como aquéllos, que perjudican a los ciudadanos.

—En el último informe sobre las llamadas ‘balanzas fiscales’, el Ministerio de Hacienda reconoce que la Comunitat Valenciana es la única con déficit fiscal cuya renta per cápita es inferior a la media nacional, es decir, que aporta a pesar de ser menos rica que la media. ¿Le parece justo? ¿Es la valenciana la autonomía peor financiada?
—El informe es una estadística y no recoge valoraciones del Ministerio. En cualquier caso, ya le he dicho que, efectivamente, el sistema, que aprobó el anterior gobierno es injusto y perjudica a varias comunidades, entre otras, a la Comunitat Valenciana.

— Desde la Comunitat se ha percibido cierto desdén del Ministerio hacia este problema, al exigir más y más recortes. ¿En qué momento se dio cuenta de que el déficit de la Comunitat Valenciana no era una cuestión sólo de despilfarro sino también de financiación insuficiente?
—Nunca ha habido desdén, sino la máxima colaboración desde el primer momento. Una colaboración que se ha traducido en una importante ayuda financiera, ya he dicho, de casi 40.000 millones de euros y el mayor porcentaje de deuda en manos del Estado de todas las comunidades, para paliar los efectos de la crisis y también los efectos de esa infrafinanciación de la que son responsables quienes aprobaron aquel modelo, el Partido Socialista y sus socios parlamentarios en aquella legislatura.

— Buena parte de la sociedad valenciana lo señala a usted como culpable, no de la situación a la que hemos llegado, pero sí de que se haya prolongado este escenario de mayores recortes que en otras regiones, al no haber querido cambiar el modelo de financiación autonómica, como le pidió, entre otros, Alberto Fabra.
—Lo que había que hacer en España, antes que nada, era salir de la crisis, que afectaba gravemente a todas las comunidades y a todos los ciudadanos. Y el Gobierno ha hecho la única política posible para hacerlo, como demuestra la recuperación que estamos viviendo. Es verdad que, además, hay un problema de equidad en la financiación, pero ese problema no se puede arreglar si no hay dinero para hacerlo.

«NO HAY MOTIVO PARA QUE SE ATAQUE LA RELACIÓN FISCAL CON EL PAÍS VASCO Y NAVARRA»

El crecimiento económico nos da mayores ingresos y es ahora cuando podemos combatir esa infrafinanciación que tienen algunas comunidades, como la valenciana. Incluso con el actual sistema, la mejora de la situación económica también mejora la financiación de comunidades y ayuntamientos. De hecho, para 2016 la financiación de las comunidades autónomas crece un 8,75% aplicando el actual modelo; en el caso de la Comunitat Valenciana, este incremento es del 11,8%. Esto ayudará a aliviar su situación financiera, a cumplir con el objetivo de déficit y a mejorar sus servicios. Y será a partir del próximo año cuando se aborde el cambio de sistema, pero no quitando dinero a nadie, sino repartiendo mejor el crecimiento que se está generando.

—Sin el ‘problema catalán’, ¿se habría abordado antes el cambio de modelo?
—No tiene nada que ver. La prioridad de esta legislatura era salir de la crisis y crear empleo. Durante estos años no había dinero para mejorar el modelo de financiación, aunque sí hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para ayudar financieramente a las comunidades que tenían mayores problemas, creando un ‘puente de liquidez’ incluso con tipos de interés cero. Ahora hay que evaluar el comportamiento del sistema, ver con datos en qué ha fallado y qué es lo que hay que mejorar para que sea justo, para que todos los ciudadanos tengan garantizados los servicios públicos básicos al margen del lugar de España en el que vivan.

—El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), del que se beneficia la Comunitat Valenciana, supone recibir en forma de préstamos del Estado lo que otras autonomías mejor financiadas reciben como transferencias. Ahora es a interés cero. Ahorramos intereses, pero seguimos acumulando deuda, que ya supera los 40.000 millones, el 40% del PIB. ¿No le parece injusto?
—Tener al Estado como acreedor sólo tiene ventajas para las comunidades autónomas que se han acogido al FLA y para los ciudadanos. No sólo porque el Estado financia a las comunidades a tipo cero, sino porque mira por los destinatarios de ese dinero, que son las personas. Eso no lo van a encontrar en los mercados: un acreedor que se preocupa de que el dinero llegue para pagar la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales; un acreedor que, al mismo tiempo, es garante de la deuda y de su sostenibilidad porque, a la vez que presta dinero, realiza una política que genera crecimiento económico y empleo para la Comunidad, que es lo que hace que la deuda sea asumible. Es verdad que la deuda antes era menor, pero no se podía pagar porque, como no había crecimiento, los ingresos caían. Aquellos ingresos eran insuficientes para pagar los vencimientos de deuda y, especialmente, el gasto social. Ahora la deuda ha crecido porque ha habido que financiar el gasto social, pero el crecimiento económico hace que haya más personas trabajando, y que haya más dinero y se pueda pagar esa deuda.

—Toda la Comunitat Valenciana reclama una quita, condonación o mutualización de parte de esa deuda, la llamada ‘deuda histórica’ (la que correspondería a la menor financiación respecto a la media española desde 2002, unos 13.000 millones). También el PP y el exconseller de Hacienda y actual delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, lo piden. ¿Lo ve posible? ¿En qué términos?
—El Gobierno valenciano sabe que debe afrontar la devolución de la deuda; es la obligación de todas las Administraciones Públicas para tener credibilidad y poder actuar en el futuro con mayor autonomía financiera. Además, como le he dicho, el crecimiento económico que hemos conseguido ofrece a la Comunitat nuevos recursos que garantizan que se puede pagar esa deuda.

—El Gobierno de Ximo Puig ha anunciado que presentará una demanda contra el Estado si no soluciona ya el problema de la financiación. ¿Teme que el problema se judicialice, como ha ocurrido con algunas medidas fiscales?
—Ese anuncio tiene mucho de pose, no tiene ningún sentido. El sistema de financiación se reformará en 2016. Desde luego nadie puede pensar sensatamente que esto se pueda hacer de la noche a la mañana por parte de un Gobierno al final de la legislatura y con las Cortes disueltas.

—¿Cuándo prevé que entre en vigor el nuevo sistema de financiación autonómica? ¿Tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2014, como han pedido las comunidades más perjudicadas por el actual?
—Ya se lo he dicho. Hay que buscar el máximo consenso, como hicimos en la anterior etapa en la que gobernamos. Habrá que empezar a negociar tras las elecciones generales, y será entonces cuando se establezcan los términos del nuevo sistema.

—En ese nuevo sistema, ¿habrá más dinero para las autonomías?
—Ya está habiendo más dinero gracias a la mejora de la situación económica. A partir de ahí, lo que debemos hacer entre todos es aprobar un nuevo sistema que garantice que todos los ciudadanos tienen acceso a los servicios públicos básicos del Estado de Bienestar en igualdad de condiciones.

—¿Es partidario de un sistema totalmente nuevo partiendo desde cero o de reformar el actual?
—Lo primero es analizar con todos los datos disponibles cómo ha funcionado el sistema actual; sólo así es posible plantear cómo debe ser el futuro.

«NUESTROS PRESUPUESTOS SON REALISTAS Y LOS DE LAS CCAA DEBEN SERLO TAMBIÉN»

—¿Debería cambiar algo de los regímenes forales del País Vasco y Navarra, que no participan en los mecanismos de solidaridad del resto?
—El sistema foral es un instrumento de relación diferente, en el que tienen acomodo todas las normas tributarias del Estado y que cuenta con los mecanismos necesarios para que esa relación sea beneficiosa tanto para las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra como para el conjunto del Estado. Los ciudadanos vascos y navarros contribuyen efectivamente, como el resto de los españoles, a los Presupuestos Generales del Estado, y no hay motivo para que desde ningún ámbito se ataque la relación fiscal que se establece entre sus comunidades y el resto de España acusándolas de insolidarias.

—La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) pidió en un reciente informe que no pusieran objetivos de déficit inalcanzables a autonomías infrafinanciadas, como la valenciana. ¿Por qué no hicieron caso y fijaron el 0,3% para 2016?
—En 2013 aprobamos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, algunas excepciones al cumplimiento del objetivo de déficit para algunas comunidades que estaban más alejadas del objetivo global. La Comunitat Valenciana fue la que consiguió el objetivo de déficit más elevado, el 1,6%, frente al 1,3% marcado para el conjunto de las comunidades. Entonces ya dijimos que, a partir de 2014, no habría nuevas excepciones, porque los distintos déficits se tendrían que haber aproximado. En estos años, todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo de consolidación, y eso ha sido muy importante porque España tenía que demostrar al mundo que era capaz de reducir su déficit público. El Estado y las Entidades Locales están haciendo un esfuerzo muy importante para que las comunidades autónomas tengan una transición más suave, porque lo importante es cumplir el objetivo del conjunto de las Administraciones Públicas, como hemos hecho estos años, y demostrar que todos estamos unidos en esa política de consolidación fiscal.

—El Gobierno español se ha negado a modificar los Presupuestos de 2016, como le pedía la Comisión Europea, que no los ve adecuados para cumplir el objetivo de déficit. ¿Qué autoridad tiene ahora el Gobierno para obligar a las comunidades autónomas a presentar presupuestos creíbles?
—La Comisión no ha pedido que cambiemos los Presupuestos Generales del Estado para 2016 ni que introduzcamos medidas específicas; podría haberlo hecho si lo hubiera considerado conveniente, pero no ha sido así. A otros países sí les reclamó en años anteriores reformas adicionales tras revisar sus Presupuestos. A España, nunca; sólo ha hecho, como en esta ocasión, recomendaciones. En su momento, nosotros las analizamos y actuamos en consecuencia. El resultado ha sido que nosotros teníamos razón en nuestras previsiones y la Comisión no, porque hemos tenido un mayor crecimiento económico que el que pronosticaba Bruselas. Esto ha hecho que hayamos cumplido los objetivos de reducción del déficit, según ha reconocido la propia Comisión. En esta ocasión, lo que sí nos ha pedido es información adicional porque, al adelantar el Presupuesto y la comunicación a la Comisión, no ha sido posible enviar parte de los datos de comunidades y entidades locales. Además, aunque dice que hay riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad, reconoce que, si se mantiene el rápido crecimiento de la recaudación que ha habido hasta agosto, España tendrá en 2015 un déficit público mejor del esperado. Y en 2016 va a ser igual, vamos a cumplir los objetivos; nuestros Presupuestos son realistas y creíbles y los de las comunidades autónomas deben serlo también.

—¿Qué hará si la Comunitat Valenciana vuelve a presentar un Plan Económico- Financiero (PEF 2015-2016) cuadrado de forma llamémosle imaginativa, con ingresos futuros e inciertos del nuevo sistema de financiación? ¿Hay riesgo de intervención?
—No creo que ese escenario se vaya a producir. Confío en que las autoridades de la Comunitat Valenciana sean conscientes de que nos jugamos mucho, nos jugamos que España y la Comunitat Valenciana sigan creciendo y creando empleo, y que actúen como es su deber.

—¿Le gustaría seguir como ministro de Hacienda en la próxima legislatura?
—Me gusta la actividad política como servicio público, no creo que pueda entenderse de otra manera. Y tengo intención de seguir contribuyendo a mejorar la situación de España y de los españoles. Hemos hecho cosas importantes estos años a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que podemos mejorarlas en la próxima legislatura gracias a que la economía está mucho más fuerte. Pero la ocupación que vaya a tener en los próximos años no depende de mí, depende de la voluntad de los españoles, de que vuelvan a confiar en el Partido Popular, y dependerá, en todo caso, de lo que el presidente del Gobierno y presidente de mi partido quiera de mí.