El arreglo del siglo

Había tantas ganas en el Ayuntamiento de València de rescatar a SAV para el hiperbólicamente denominado "contrato del siglo", que el vicealcalde Sergi Campillo no esperó a tener en sus manos el esperado informe jurídico, contrario a todos los anteriores, que permitirá arreglar una situación ciertamente embarazosa. Le bastó que Levante-EMV publicase que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) había dictaminado a favor de SAV para, admitiendo ante los micrófonos que el Ayuntamiento no había recibido ni conocía tal dictamen, anunciar que la empresa valenciana que preside Ricardo Martínez tendría una segunda oportunidad.

La Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de València (SAV) es la empresa de recogida de basuras del Cap i Casal desde hace más de 120 años, cuando los agricultores que iban a la ciudad a recoger basura para compostar decidieron crear una empresa y monetizar el servicio. Con los años, se añadió a este contrato el de limpieza de calles y se partió la ciudad en dos zonas divididas por el antiguo cauce del Turia, siendo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) la otra adjudicataria en varios concursos. En 2005 se licitó el actual contrato por 900 millones de euros en 15 años –por tanto, ya vencido y prorrogado hasta que se adjudique el próximo–, en el que se creó una tercera zona en la franja marítima, que se adjudicó Secopsa.

Las tres adjudicatarias, SAV, FCC y Secopsa, se mostraron muy agradecidas al PP y a la alcaldesa Rita Barberá, según una de las piezas de la investigación conocida como caso Taula que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 18 de València.

El caso es que el consistorio que desde 2015 dirige Joan Ribó licitó a principios de año el nuevo "contrato del siglo" –limpieza del espacio público, recogida y transporte residuos urbanos– por 1.325 millones de euros, y SAV quedó eliminada por un error técnico no subsanable, ya que formalizó la presentación telemática de su oferta fuera de plazo. Así lo decidió la mesa de contratación, formada por técnicos y no por políticos, y lo ratificó el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que se encarga de resolver todos los recursos en los concursos públicos. 

Tampoco le dio la razón a SAV el Servicio de Contratación, el Servicio Económico-Presupuestario, la asesoría jurídica ni la Secretaría del Ayuntamiento, como confesó el propio Campillo.

Dicen las empresas de servicios valencianas que en Cataluña estas cosas no pasan y en el País Vasco menos. Que lo de allí es para los de allí y los de aquí ya ni van a competir porque el pescado está más que vendido, a veces con muy mal olor. Que se lo digan a Acciona, a la que echaron de malas maneras por haber osado quitarle el "contrato del siglo" de allí a Aguas de Barcelona. O a Aguas de Valencia, que vio como el contrato del área metropolitana de Barcelona, al que aspiraba, se lo entregaban sin concurso a Agbar vía empresa mixta, a la manera de Egevasa.

¿Vamos a ser menos los valencianos? ¿Vamos a permitir que la centenaria SAV se quede fuera por un error humano? Pues claro que no. Ya se pueden poner inflexibles técnicos, letrados, secretarios o interventores, o tocapelotas los periodistas, que siempre habrá un resquicio. Si Jorge Rodríguez encontró un informe jurídico que daba cobertura a los contratos de Divalterra –y que le va a librar de la condena–, ¿no lo iba a encontrar SAV?

Pues ahí lo tiene, el CJC ha evitado la catástrofe. El Consell Jurídic Consultiu, que es consultivo como su propio nombre indica, resulta de tanta utilidad como la Agencia Antifraude, cuyos informes tampoco son vinculantes. Cuando no le gustan a Ribó, que es casi siempre, contraponen un informe jurídico del Ayuntamiento y a otra cosa. El papel lo aguanta todo. Cuando hay informes a favor y en contra, deciden los políticos. El dictamen del CJC sobre SAV ha resultado vinculante incluso antes de haberse recibido. Cabe destacar también el trabajo de los sindicatos, que presionan siempre a favor de las concesionarias que ya conocen. 

El peligro que corre el equipo de gobierno municipal, que quiere adjudicar el concurso antes de las elecciones de mayo, es que el proceso se alargue porque alguna de las empresas que se habían presentado en tiempo y forma al "concurso del siglo" recurra la decisión de reabrir el plazo de presentación para colar a SAV, algo a lo que algunas se habían opuesto por escrito.

La resolución del 'problema' de las basuras puede servir de inspiración para solucionar otro marrón no menor que tiene el concejal Giuseppe Grezzi, y es cómo rescatar a Etra en el concurso de "gestión del tráfico de la ciudad de València", de 32 millones de euros. La también histórica y meritoria Electronic Traffic (Etra), radicada en el polígono Vara de Quart y que pertenece al grupo francés Vinci –Florentino Pérez se la vendió el año pasado–, también se ha quedado fuera de juego por una oferta más que temeraria. Una oferta "anormalmente baja", como se denomina en el argot, que obligaría a la mesa de contratación a otorgar el concurso a una multinacional austriaca llamada Kapsch Trafficcom, que solo por el nombre ya provoca rechazo en los despachos municipales.

Tres meses lleva parado el concurso, retraso que se podría achacar al merecido descanso estival de los funcionarios si no fuera porque en el despacho de al lado ventilaron lo de los Docks en solo quince días en plena canícula. Y porque ya estamos en otoño.

Etra, como SAV, merece una solución imaginativa, y en eso el equipo municipal de Compromís ha demostrado tener cintura. El ejemplo más claro fue aquel dedazo en el concurso de mediación hipotecaria que ya denunciamos aquí. O, por poner un ejemplo de ayer mismo, la enésima excusa para no convocar el concurso del bus turístico que Grezzi prometió nada más llegar al cargo en 2015, que esta es la hora en que el negocio sigue como lo dejó Alfonso Grau. Solo llevan siete años y parece que lleven veinte, como Rita.