VALÈNCIA. Una vez más. El Ayuntamiento de València vuelve a desoir las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude -(1)
(2)- para mejorar la gestión de recursos en la administración municipal. Esta vez, sobre la autorización 'a dedo' a dos empresas que mantiene la concejalía de Movilidad Sostenible para la explotación del Bus Turístic.
En su informe final de investigación, Antifraude afeaba al Ayuntamiento que no hubiera licitado todavía la gestión de este servicio turístico, que el anterior gobierno del PP entregó sin concurso, como publicó Valencia Plaza. Y eso que dichas autorizaciones llevan prorrogadas desde hace casi tres años por el departamento de Movilidad que encabeza Giuseppe Grezzi pese a que el edil lo considerara un "regalo" del anterior ejecutivo local.
El organismo antifraude dirigido por Joan Llinares instaba al consistorio a que garantizara un "régimen de concurrencia competitiva" en este servicio -Rita Barberá lo adjudicó mediante autorización sin concurso- mediante una concesión, puesto que a juicio de la Agencia, es la fórmula que "garantiza de manera efectiva" esta concurrencia y la que "mayores ingresos públicos" reporta a las arcas municipales". Pero no opina lo mismo el consistorio.
Así, este viernes, el gobierno municipal acordó rechazar la recomendación de la Agencia. Entre los argumentos esgrimidos, recuerda que el servicio de buses turísticos "no figura entre los servicios obligatorios" que han de prestar los municipios y por ello no puede haber "ninguna concreta forma de gestión". Y en ese sentido, insiste en que la prestación de ese servicio es una "decisión discrecional" del consistorio y, por ende, resulta "estéril" hacer otras consideraciones.
En cuanto a los ingresos municipales, grosso modo, el Ayuntamiento podría estar perdiendo cerca de 400.000 euros anuales. El pasado mandato, Grezzi cifró en medio millón de euros el que podría estar cobrando la ciudad de València a estas empresas por operar el Bus Turístic. Pero la tasa que se cobra actualmente apenas deja en las arcas municipales 100.000 euros cada ejercicio aproximadamente -poco más de 50.000 euros a cada firma-. Cantidad que en 2020 y 2021 cayó considerablemente a 80.000.
Sobre ello, el Ayuntamiento acusa al informe de la Agencia de "carecer de todo fundamento sólido", de extralimitarse y de hacer una "afirmación gratuita": que esta tasa es la fórmula que menos ingresos reporta. En síntesis, el consistorio explica que si tuviera que aplicar esta "curiosa noción de servicio público" siempre, "se vería obligado a abandonar la prestación de todo aquel servicio público que fuera deficitario" como la EMT.
También se pronuncia sobre la falta de concurrencia afeada por Antifraude. Aquí, la respuesta municipal niega la mayor y subraya que la adjudicación de las autorizaciones sí garantiza la concurrencia porque se ha de licitar cuando se limita el número de autorizaciones existentes para este servicio por las externalidades que puede suponer. Como en este caso no es necesario ese límite, no se ha aprobado y por eso la licitación no se hizo.
Así, el acuerdo municipal ahonda en que la concesión mediante un concurso público "no necesariamente tiene por qué ser mejor aquel modo de gestión que garantice una mayor concurrencia" porque eso implicaría desechar de primeras "cualquiera de las formas de gestión directa" por parte de la administración y que en "determinados servicios pueden resultar las más idóneas".
Por todos estos motivos, recalca que la Agencia "carece de toda competencia" para instar a una licitación pública al Ayuntamiento y acusa al organismo de atacar la "autonomía municipal" y la "legitimidad democrática". Y con todo ello, el gobierno municipal acaba rechazando la recomendación de la Agencia.
El propio Grezzi ha anunciado en varias ocasiones una licitación pública para acabar con el 'dedazo' aprobado por el ejecutivo de Rita Barberá. Llegado el gobierno de izquierdas en 2015, el departamento de Movilidad estudió la rescisión de la autorización antes de 2019 pero esto hubiera supuesto, probablemente, tener que indemnizar a las operadoras. Sin embargo, superado este plazo, tampoco se ha convocado ninguna licitación, y eso que la concejalía de Movilidad ha insistido en que los pliegos de dicho concurso estaban finalizándose.
En 2016, Grezzi asumía "cierto atasco" en esta cuestión y que los pliegos se estaban "ultimando", y un año después, aseguró que se estaban acabando los estudios económicos y que los pliegos estaban listos. Tampoco en 2018 salió la licitación, pues en otra entrevista a Valencia Plaza, Grezzi volvía a asumir un retraso y decía que la concejalía estaba "completando los pliegos" para aprobarlos dicho otoño. No ocurrió. Ni en 2019, cuando Grezzi declaró la intención de convocar el concurso antes de las elecciones de aquel mayo.
Pasó el tiempo, pasaron los comicios municipales y Compromís y PSPV reeditaron gobierno municipal. Fue ese año cuando, sin estar los pliegos preparados para sacar la licitación, el departamento tuvo que aprobar su primera prórroga de la 'era Grezzi'. Entonces explicó que había "habido voluntad" pero "no ha habido la misma agilidad administrativa" para concluir "el siguiente proyecto para el bus turístico". La ciudad sigue a la espera.
