Rita Barberá, en un acto de precampaña en enero de 2007. Foto: EFE/MANUEL BRUQUEVALÈNCIA. Las tres empresas adjudicatarias en 2005 del segundo mayor contrato del Ayuntamiento de València, el de recogida de basuras y limpieza viaria –900 millones de euros en 15 años–, contribuyeron por diferentes vías a ayudar a Rita Barberá a revalidar en 2007 su cargo de alcaldesa con el 56% de los votos, la mayor victoria de su historia.
Así se desprende del contenido del sumario de caso Taula, cuyo secreto se levantó el pasado viernes, en el que tal como publicó en exclusiva Valencia Plaza el pasado mes de diciembre, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV) y Secopsa ya aparecían como empresas donantes en documentos de la empresa Laterne Product Council. Esta firma presuntamente actuó de intermediaria al organizar la campaña electoral de Barberá por un precio muy superior al contratado y, al mismo tiempo, recibir ingresos por parte de empresas contratistas del Consistorio e incluso de organismos municipales.
En julio de 2005 y sin apenas rebaja sobre el precio de licitación, el Ayuntamiento de València adjudicó a SAV la zona uno (sur), que suponía el 44% del total y 26,1 millones de euros anuales; FCC se quedaba la zona dos (norte), el 40% del total, por 22.3 millones al año, y Secopsa en UTE con Nagarés se adjudicaba la nueva zona 3 (este), que supone el 16%, por 9,5 millones anuales.
Un año después de lograr la contrata municipal –335 millones en 15 años–, FCC firmaba un contrato con Laterne, empresa propiedad de Vicente Sáez Tormo, para patrocinar por un total de 200.000 euros actos institucionales del Ayuntamiento de València entre octubre de 2006 y marzo de 2007.
El período no era casual, desde finales de ese marzo, dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, este tipo de actos estaban prohibidos por ley. Y a nadie se le escapa que las inauguraciones, fiestas de barrio y otros eventos protagonizados por los cargos públicos antes de elecciones no tienen más interés que el de promocionar al candidato, de ahí que se prohíban dos meses antes de los comicios.
Las partes no ocultaron que los actos a mayor gloria de Rita Barberá eran una contraprestación por el contrato adjudicado un año antes. Literalmente, en las facturas figuraba el siguiente motivo: "En virtud del acuerdo marco referendado en el contrato suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., de Recogida y Limpieza Viaria de la Ciudad de Valencia, de fecha 13 de Julio de 2005, se adjunta presupuesto patrocinio actos institucionales del Excmo. Ayuntamiento de Valencia en diferentes medios de comunicación y soporte físico, campaña 2006/2007".
El precio incluía creatividad y producción de material gráfico y de audio, inserciones en prensa diaria, cuñas de radio, anuncios en autobuses urbanos y quioscos. También banderolas, elemento muy usado en campañas y precampañas electorales para llenar las calles de fotos de los candidatos.
Laterne, que organizó la supuesta campaña municipal pagada por FCC, firmó el 3 de abril de 2007 un contrato con el PP de València, representado por el vicealcalde Alfonso Grau, quien había colocado a uno de sus asesores en la firma de Sáez Tormo. De esta forma, Laterne paso sin solución de continuidad de organizar "actos institucionales" de Rita Barberá a organizarle la campaña electoral.
La supuesta participación de SAV en la campaña de Rita Barberá fue menos descarada pero igualmente burda, ya que tiene toda la pinta de ser una donación disfrazada de contrato. Un contrato ciertamente atípico.
El contrato, eso sí, se firmó en noviembre de 2007, seis meses después de las elecciones pero todavía dentro del ejercicio económico. Un año antes, SAV se había adjudicado su parte de la contrata de basuras y limpieza por un importe global de 392 millones de euros.
El sumario revela que la empresa fue requerida en 2012 por la Agencia Tributaria para que explicase este contrato y que SAV respondió que Laterne le había propuesto "entrar a formar parte de una mercantil que tendría como finalidad, promocionar proyectos singulares para Valencia, lo que llevaba aparejadas una serie de actuaciones complementarias".
A tal efecto SAV entregó 150.000 a Laterne "en concepto de préstamo y en su caso a cuenta del capital social de la Sociedad a constituir", en la que SAV tendría al menos un 10% del capital.
Pero, según SAV, ni la empresa se constituyó ni Laterne devolvió el préstamo. La compañía de limpieza se lo compensó mediante dos facturas por los "distintos e importantes gastos" de puesta en marcha en los que había incurrido. Gastos que, teniendo en cuenta que SAV iba a tener una décima parte de la nueva empresa, deberían haber sido de 1,5 millones.
Lo más curioso es que la empresa, que se iba a llamar Product Management Council, según el contrato, sí que se constituyó. La creó Vicente Sáez Tormo un mes después de firmar con SAV, en diciembre de 2007, según el Registro Mercantil.
En cuanto a la tercera adjudicataria de la contrata de recogida de basuras y limpieza viaria, en el sumario consta la declaración del testigo Jesús Gordillo, que fue trabajador de Secopsa, después asesor de Alfonso Grau y posteriormente trabajador de Laterne, quien afirma que el vicealcalde le entregó 350.000 euros en efectivo en billetes de 500 euros y que recibió instrucciones suyas de "recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros".
Gordillo añade en su declaración que, por orden de Alfonso Grau, desde el departamento de administración "se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros" para dar soporte a dicha entrada de dinero y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el Partido Popular.
En los más de 1.700 folios del sumario no consta la respuesta de Secopsa a los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte documentación que aclare su participación en los hechos que se investigan.
