El Ayuntamiento de València dará otra autorización al Bus Turístic mientras tramita un nuevo concurso

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València trabaja estos días en una nueva autorización del Bus Turístic de València. Un contrato que permitirá a las empresas Viajes Transvia Tours y Viajes Privilege seguir gestionando el servicio a partir del 1 de agosto, fecha en la que caduca la última prórroga que aprobó el exedil de Movilidad, Giuseppe Grezzi. 

La intención del actual equipo de gobierno, no obstante, es sacar un concurso público que permita a diferentes empresas competir por adjudicarse el servicio, tal y como recomendó hace años la Agencia Valenciana Antifraude. Sin embargo, este es un proceso que, en el mejor de los casos, tardará un año en acometerse, por lo que la Concejalía de Movilidad que dirige Jesús Carbonell trabaja estos días a contrarreloj en una solución transitoria que permita mantener el Bus Turístic durante los meses en los que se desarrollen los pliegos de la licitación.  

La autorización que firme ahora el PP será completamente nueva, dado que la última que aprobó el edil de Compromís no podía alargarse más. Grezzi llegó a realizar media docena de prórrogas de seis meses cada una solicitadas por la propia compañía a la vista de que el Cap i Casal no sacó a concurso el servicio. 

Desde Movilidad alegaban que no tenían "obligación" de realizar tal concesión, pero lo justificaban en las dificultades que tenían para poder sacar el concurso debido a la falta de personal que tenía el citado departamento. "Andamos muy cargados de trabajo [...]. Hemos duplicado la inversión desde 2015, pero más o menos estamos en el mismo número de personal. No podemos abordarlo todo al mismo tiempo y eso dificulta que se puedan hacer todas las actuaciones que queremos, que son muchísimas", aseguró Grezzi en una entrevista a Valencia Plaza en marzo del año pasado. Entre los motivos para no licitar un concurso también citó las "dificultades sobre el modelo de pliegos".

La valenciana Viajes Transvia explota el servicio desde 1999 en virtud de una autorización otorgada por el Consistorio gobernado por Rita Barberá. En la última prórroga otorgada en 2015 -por un período de cuatro años- entró una segunda compañía, la firma sevillana Viajes Privilege. Unos contratos adjudicados "a dedo", según denunció  aseguró Grezzi en su momento porque se hizo sin concurso público ni publicidad.

Advertencia de la Agencia Antifraude

Cabe recordar que la Agencia Antifraude que dirige Joan Llinares instó al anterior gobierno a que garantizara un "régimen de concurrencia competitiva" en este servicio mediante una concesión, puesto que a juicio de la Agencia, era la fórmula que garantizaría "de manera efectiva" esta concurrencia y la que "mayores ingresos públicos" reportaría a las arcas municipales. Sin embargo, el consistorio acordó rechazar la recomendación del organismo. 

En cuanto a los ingresos municipales, grosso modo, se calculaba que el Ayuntamiento podría estar perdiendo cerca de 400.000 euros anuales. En el primer mandato del Govern de La Nau, Grezzi cifró en medio millón de euros el que podría estar cobrando la ciudad de València a estas empresas por operar el Bus Turístic. Sin embargo, el consistorio no recibe ninguna contraprestación por esta autorización, a diferencia de otras ciudades españolas. En Madrid, por ejemplo, la UTE responsable abona un canon de 3 millones de euros al Ayuntamiento. Otro caso similar es el de Toledo, donde el consistorio ingresa un mínimo de 166.000 euros en el mismo sentido. Datos, todos ellos, que ofreció en su momento el concejal de Movilidad. 

Las concesionarias, eso sí, pagan una tasa por ocupación del dominio público. Esta, no obstante, no constituye un canon como tal y apenas deja en las arcas municipales 100.000 euros cada ejercicio aproximadamente -poco más de 50.000 euros a cada firma-. Cantidad que en 2020 y 2021 cayó a 80.000 euros. 

Ahora, el PP quiere revertir la situación y mientras prepara el concurso público que deberá publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado, deberá definir en la nueva autorización, entre otras cuestiones, si el consistorio cobrará un canon a las empresas concesionarias, la duración del contrato, o el límite de prórrogas que podrán validarse.