VALÈNCIA. No hay cinco sin seis. La Concejalía de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi ha aprobado una nueva prórroga de la autorización del Bus Turístic de València. La sexta a pesar de que el edil del ramo tildó este contrato, adjudicado por el PP cuatro días antes de las elecciones de 2015, como un "regalo", pues lo hizo sin concurso, y a pesar también de los reiterados anuncios por su parte de un nuevo concurso público.
La prórroga, esta vez, permitirá a las empresas Viajes Transvia Tours y Viajes Privilege seguir gestionando el servicio hasta el 1 de agosto de 2023. Y la fecha, en este caso, se vuelve más significativa si cabe que otras veces anteriores por lo que implica: que el gobierno municipal acabe el segundo mandato con Joan Ribó al frente sin haber licitado un nuevo contrato que permita aumentar los ingresos de las arcas públicas municipales y, por ende, mejorar la gestión de recursos en la administración, tal y como le recomendó en tres ocasiones la Agencia Antifraude.
El pasado mes de julio el edil de Compromís aprobó una nueva prórroga que vencía el próximo 1 de febrero, y ahora ha validado otra más que caducará este verano. Esta debería ser la última, puesto que está permitido autorizar hasta media docena de prórrogas de medio año. Y aunque "el Ayuntamiento no tiene la obligación alguna en la concesión" de dichas prórrogas, según la propia resolución suscrita de Grezzi, cada seis meses el concejal de Compromís ha validado dichas moratorias solicitadas por la compañía. En cualquier caso, el próximo vencimiento cae ya en la próxima legislatura y la decisión tendrá que tomarla el edil responsable de esta área tras las elecciones municipales del 28 de mayo.
La valenciana Viajes Transvia explota el servicio desde 1999 en virtud de una autorización otorgada por el Consistorio gobernado por Rita Barberá. En la última prórroga otorgada en 2015 -por un período de cuatro años- entró una segunda compañía, la firma sevillana Viajes Privilege. Unos contratos adjudicados "a dedo", según denunció el actual concejal de Movilidad.
El motivo fundamental que alega el departamento de Movilidad para no licitar el concurso es la falta de personal. "Andamos muy cargados de trabajo [...]. Hemos duplicado o más la inversión que teníamos en Movilidad desde 2015, pero más o menos estamos en el mismo número de personal. No podemos abordarlo todo al mismo tiempo y eso dificulta que se puedan hacer todas las actuaciones que queremos, que son muchísimas", aseguraba Grezzi en una entrevista a Valencia Plaza en marzo del año pasado, donde también apuntó a "dificultades sobre el modelo de pliegos".
El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València Narciso Estellés acusa al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, de incumplir su compromiso de sacar a concurso el Bus Turístic al prorrogar el servicio a las dos empresas gestoras hasta agosto de este año, "incumpliendo así su palabra" de licitar este servicio. "En estos ocho años no ha hecho prácticamente nada aduciendo la elevada cargo de trabajo en la delegación para hacer otros asuntos. El Ayuntamiento sigue sin obtener ingresos directos por el Bus Turístic, como sí sucede en otros municipios", asegura el viceportavoz a este diario.
El edil de Ciudadanos recuerda, además, que Grezzi tiene un estudio desde hace cinco años que refleja que para un período de concesión de 10 años, la ciudad tendría unos ingresos de 21,4 millones de euros y unos costes de 19,2 millones, con lo cual el excedente sería de 2,2 millones. Estellés, además, denuncia que tampoco se han negociado nuevas paradas ni se han atendido las peticiones formuladas para prolongar el servicio, como la propuesta para que el recorrido que realiza el Bus llegue a la Casa Museo de Blasco Ibáñez o a la Ciudad del Artista Fallero.
El Ayuntamiento podría estar perdiendo cerca de 400.000 euros anuales por no sacar el servicio a concurso. El pasado mandato, de hecho, fue Grezzi quien cifró en medio millón de euros el canon que podría estar cobrando la ciudad de València a estas empresas por operar el Bus Turístic. Sin embargo, el consistorio no recibe ninguna contraprestación por esta autorización, a diferencia de otras ciudades españolas.
En Madrid, por ejemplo, la UTE responsable abona un canon de 3 millones de euros al Ayuntamiento. Otro caso similar es el de Toledo, donde el consistorio ingresa un mínimo de 166.000 euros en el mismo sentido. Datos, todos ellos, que ofreció en su momento el concejal de Movilidad.
Ahora bien, también es cierto que desde la legislatura pasada el gobierno municipal cobra a las concesionarias una tasa por ocupación del dominio público. Esta, no obstante, no constituye un canon como tal y apenas deja en las arcas municipales 100.000 euros cada ejercicio aproximadamente -poco más de 50.000 euros a cada firma-. Cantidad que en 2020 y 2021 cayó considerablemente a 80.000.
El responsable de Movilidad ha anunciado en varias ocasiones una licitación pública para acabar con el 'dedazo' aprobado por el Gobierno municipal anterior. Incluso, con el cambio de gobierno en 2015, el área gestionada por Grezzi estudió la rescisión de la autorización antes de 2019. Hacerlo, sin embargo, hubiera supuesto con toda probabilidad tener que indemnizar a las operadoras.
Superado este plazo, y pese a los anuncios en este sentido, tampoco se ha convocado ninguna licitación, a pesar de que la concejalía de Movilidad ha anunciado en alguna ocasión que los pliegos de dicho concurso estaban finalizándose. Ahora, podrá acabar la legislatura sin que se haya revertido el 'dedazo' que en su momento cuestionaron.