El Ayuntamiento de València, a juicio por las presuntas irregularidades en bolsas de trabajo

VALÈNCIA. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia ha admitido la demanda de varios funcionarios del Ayuntamiento de València por presuntas irregularidades en unas bolsas de trabajo en el consistorio. El decreto, emitido el pasado día 9 de junio, cita a las dos partes a la celebración de la vista el próximo 18 de febrero de 2022 y fija la cuantía en indeterminada por el momento.

Así pues, el Ayuntamiento de València tendrá que remitir al juzgado en cuestión en un plazo máximo de tres meses el expediente administrativo relativo a las mencionadas bolsas de trabajo, de la concejalía de Personal que dirige Luisa Notario, y también puede impugnar la resolución en un plazo de cinco días. La denuncia, interpuesta por siete funcionarios consistoriales, exige la anulación de las bolsa constituida en 2018, que se creó con aspirantes de otra bolsa anterior que sólo habían aprobado una de las dos pruebas. La anulación podría afectar a unos 300 empleados municipales.

En diciembre de 2016, el gobierno municipal, a instancias de la concejalía de Personal que entonces encabezaba el edil Sergi Campillo, aprobó las bases para la creación de una bolsa de personal auxiliar administrativo en la que la fase de selección constaba de dos ejercicios, el segundo de los cuales tenía carácter eliminatorio.

La bolsa se constituyó en 2017, y llegado 2018 ya se había agotado, de manera que la concejalía llevó a la mesa de negociación con los sindicatos la creación de una nueva bolsa con los aspirantes que no habían superado el segundo ejercicio de la fase selectiva de la bolsa anterior. Todos los sindicatos votaron a favor. Los denunciantes critican que la mesa "no ostenta potestad reglamentaria alguna [...] ni tampoco tiene competencia ni capacidad para modificar la norma reglamentaria que regula las bases".

Asimismo, el escrito presentado ante el juzgado incidía en que "el nombramiento de personas que no han aprobado el segundo ejercicio, es decir, que no están capacitados en la práctica para una mínima diligencia en la salida y correcta redacción de escritos y oficios (entre otras funciones), supone ralentizar el trabajo de esos otros auxiliares administrativos que sí aprobaron toda una fase de oposición y tienen dilatada experiencia".

A juicio de los demandantes, el sistema elegido provocó que "personas sin cualificación ni formación suficiente pasan a ser nombradas, y en algunos casos a ejercitar funciones y categorías superiores a aquellos otros funcionarios, que accediendo por un sistema de oposición, llevan años y décadas con méritos propios desempeñando su función".

"Que se agote la bolsa de trabajo no implica que se hayan de vulnerar las bases reguladoras de su formación por necesidades perentorias del servicio, o que no se convoquen nuevas pruebas para formar parte de la bolsa", explica la denuncia, que prosigue incidiendo en que no hay aún unas nuevas bases reguladoras para nombramientos futuros más allá de la de 2016 y por ello las actas que sustentaron los nombramientos "son nulas de pleno derecho".

En su momento, en el gobierno municipal señalaron en su momento que los expedientes a los que se refiere la denuncia fueron validados por la jefatura del servicio, el secretario del área de Personal y la Intervención General del Ayuntamiento, con lo que subrayaron que es "simplemente imposible" cometer prevaricación con ese visto bueno. Y en este sentido, que Campillo y Notario están "muy tranquilos" porque los expedientes "se tramitaron conforme a ley, con todas las firmas necesarias y atendiendo a lo que marca la norma".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Pepe Gosálbez, ya exigió hace unas semanas al alcalde de Valencia, Joan Ribó, el cese "fulminante" de los dos responsables del área de Personal si llegaban a ser imputados. A juicio de Gosálbez, la fijación de una fecha para la vista "les sitúa un paso más cerca de la calle, que es donde deberían estar desde hace tiempo" para evitar "que el Ayuntamiento siga siendo el cortijo de Compromís" con "la supresión de derechos de los funcionarios de carrera".