Pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia. Foto: archivoVALENCIA. El Pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobará este jueves una declaración institucional de respaldo a la iniciativa de la Associació de Juristes Valencians (AJV) para forzar al Gobierno central a retirar los recursos de inconstitucionalidad contra tres leyes valencianas que regulan el derecho civil. De prosperar estos recursos, se producirían "nocivas consecuencias" que afectarían "gravemente a la vida cotidiana de los valencianos", según esta asociación formada por profesionales del derecho. La más evidente, que los valencianos que contraigan matrimonio volverían a regirse por defecto por el régimen de gananciales, en lugar del de separación de bienes instaurado en 2008.
Con el de Valencia, serán 40 los municipios valencianos que se han sumado a la petición. Benidorm lo aprobó el martes con el voto en contra de Ciudadanos. Precisamente, la postura del partido de Albert Ribera es la principal incógnita en cada moción que se presenta, ya que en unos municipios han votado a favor, en otros en contra y en algunos han preferido abstenerse. El resto de partidos apoyan la petición a Mariano Rajoy, incluido el PP.
Las mociones aprobadas por los ayuntamientos se ha remitido al Consell, a las Corts, al presidente del Gobierno español y a las Cortes Generales.
La AJV confía también en el apoyo de las Corts, donde los partidos que respaldan la petición representan una amplia mayoría y donde el Grupo Popular ha presentado una Proposición No de Ley al respecto. También espera conseguir el respaldo del Congreso de los Diputados, donde Compromís presentó una Proposición No de Ley (PNL) al respecto.
Las tres leyes recurridas, que están en vigor pero que podrían ser anuladas por el Constitucional son la de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, la de Relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven -conocida como ley de custodia compartida- y la de Uniones de Hecho Formalizadas. Su anulación por parte del TC supondría no solo volver a regirse por las leyes del Estado sino cerrar la puerta a que las Corts pudieran legislar en el futuro sobre estas materias.
La asociación, constituida en 2013 con el fin de "ofrecer respuesta jurídica a las inquietudes sociales de los valencianos, reivindicando como instrumento para ello el pleno ejercicio de la competencia para legislar sobre derecho civil valenciano", presentó 173 mociones en municipios de casi todas las comarcas de la Comunitat.
El objetivo de la campaña, según las mismas fuentes, es difundir en la sociedad las "nocivas consecuencias que conllevaría la inconstitucionalidad de las normas valencianas de derecho civil", lo que "afectaría gravemente a la vida cotidiana de los valencianos en las materias recurridas".
La inconstitucionalidad haría necesaria la modificación urgente de la Constitución para dar respuesta a esta justa reivindicación que los valencianos entendiamos resuelta tras la reforma estatutaria del año 2006, que tuvo un respaldo inmenso en Les Corts y en Las Cortes Generales.
Tribunal Constitucional. VPLa asociación que preside José Ramón Chirivella está promoviendo distintas acciones para lograr que se retiren los recursos, que, afirma, "sea cual sea la resolución final que se adopte" por parte del TC, "están creando un clima de inseguridad jurídica nada deseable a la vez que perjudicial".
Según el texto del manifiesto al que se han adherido los ayuntamientos, "tras la abolición de los fueros en 1707 y los intentos reiterados para su recuperación en el ámbito civil, a instancia de juristas y políticos de diferentes épocas e ideologías, por fin el Estatuto de Autonomía de 2006, que reconoce la categoría de Nacionalidad Histórica al pueblo valenciano, asume la importancia del derecho civil foral valenciano dentro del ámbito competencial de la Generalitat, y restablece plenamente la competencia que sobre este derecho estuvo vigente en el Reino cristiano de Valencia desde el siglo XIII".
La AJV afirma que este reconocimiento de los derechos está en la línea de otros estatutos como los de Aragón o Cataluña. Pero, añade, "como ha ocurrido en tantas ocasiones a lo largo de nuestra historia, desde Madrid se imponen cortapisas a nuestro autogobierno".
El texto proclama que "los valencianos tenemos que ser conscientes de lo que suponen estos recursos planteados ante el Tribunal Constitucional por el Estado: un ataque a nuestra voluntad de dar solución en el ámbito del derecho privado a algunos de los problemas y retos que se nos plantean por el hecho de ser una sociedad moderna".
En este sentido, destaca que "desde el año 2008, miles de parejas valencianas se han casado en separación de bienes; y hemos optado por la custodia compartida de padres y madres de los hijos en caso de separación, tal y como han hecho Navarra, Aragón, Euskadi y Cataluña, y como parece que también va a hacer el Parlamento para el resto de España (siguiendo, por cierto, el modelo valenciano)".
