VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no llevará a cabo por ahora unas instrucciones para revisar de oficio los expedientes en los que haya pagos a proveedores fuera de contrato mediante la figura del enriquecimiento injusto. El gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, solicitará a la Secretaría Municipal un informe sobre la conveniencia de diseñar estas instrucciones y, por tanto, retrasará la aplicación de esta disposición normativa, que insta el Consell Jurídic Consultiu.
El pasado mes de julio, el Partido Popular presentó una moción a la comisión de Hacienda municipal en la que solicitaba al equipo de gobierno llevar a cabo unas instrucciones para cumplir con la revisión de oficio marcada en la ley para aquellos casos en los que se pagan servicios a proveedores sin cobertura contractual y que son nulos de pleno derecho al realizarse prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
El Consell Jurídic Consultiu ya ha advertido de que, en los mencionados casos, "debería seguirse el procedimiento específicamente previsto para ello, constituido por la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho". Lo hizo en la memoria anual de 2020 al advertir de la excesiva cantidad de pagos fuera de contratos realizadas por ayuntamientos el año pasado, por lo que recordaba también que "no deben" encargarse servicios fuera de lo que estipula la normativa de contratación aprovechando que más tarde pueden revisarse de oficio.
"La revisión de oficio -indicaba el órgano consultiuvo- ha de ser la respuesta a supuestos excepcionales y no un instrumento habitual" para amparar pagos fuera de contratos al margen de la legislación del ramo. Es más, que esta vía no puede usarse "como remedio" para incentivar la contratación irregular sin tener en cuenta las responsabilidades en que incurren los funcionarios y entidades públicas.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de València ya acumula varias resoluciones de la Agencia Valenciana Antifraude en las que el organismo instaba al consistorio a revisar de oficio pagos fuera de contrato, llevados a cabo al margen de la normativa y que, de hecho, habrían supuesto un perjuicio económico a la administración municipal. El Ayuntamiento de València ha rechazado llevar a cabo esta revisión de oficio.
Es el caso, por ejemplo, de los 90.000 euros que, según Antifraude, se habrían abonado de más, y sin cobertura contractual, desde la concejalía de Bienestar Social a una contrata de servicio de catering en tres centros ocupacionales dependientes del Ayuntamiento. Antifraude instaba a revisar de oficio los pagos, a depurar responsabilidades y a cuantificar el perjuicio a las arcas municipales, pero la concejalía rechazó hacerlo al considerar que no había irregularidad.
Según el PP, el consistorio del Cap i Casal "sigue sobreutilizando la figura del enriquecimiento injusto para la ejecución de obras, servicios o adquisición de suministros, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" sin proceder a la revisión de oficio a la que obliga la ley. De ahí la propuesta de llevar a cabo unas instrucciones internas para cumplir con lo dispuesto en la normativa.
El gobierno municipal no aprobó la iniciativa de los populares y dio luz verde a una propia en la que se dispone solicitar un informe a la Secretaría Municipal sobre la adecuación de llevar a cabo estas instrucciones, de manera que esto se dilatará más en el tiempo.
"Si existieran estas instrucciones se hubiera evitado el pago de más de 91.000 euros de más por el servicio de comedores de los centros de educación especial, donde se produjo un quebranto para las arcas municipales como resuelve la Agencia Valenciana Antifraude", denunció en su momento la portavoz adjunta María José Ferrer San Segundo, quien se mostró satisfecha con haber conseguido que se realice este inform.