El Ayuntamiento descarga en la Generalitat las indemnizaciones si hay reversión de la ZAL

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se inhibe de cualquier responsabilidad en el caso de que la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) acabe siendo anulada y finalmente sea revertida. Los servicios jurídicos del consistorio han informado recientemente de que las posibles indemnizaciones son responsabilidad directa de la Generalitat Valenciana si finalmente los juzgados anulan el Plan Especial de la ZAL.

El gobierno de València, conformado por Compromís y PSPV, solicitó el pasado mes de abril a los servicios jurídicos del consistorio un informe sobre la última sentencia del TSJ, que anulaba el Plan Especial impulsado por la Generalitat. Así pues, y a la espera de que haya un fallo definitivo tras los recursos de la Generalitat y el Puerto, el escrito de la asesoría jurídica deja claro que no puede derivar "ninguna responsabilidad" en el consistorio del Cap i Casal la anulación de un plan autonómico como el de la ZAL.

Los abogados sostienen en este sentido que este plan es de competencia supramunicipal y de interés también autonómico. Y añaden que el planeamiento aprobado por la administración autonómica comprende "un ámbito territorial que es patrimonio público de suelo de la Generalitat" y en el que además "aparece como promotor la administración del Estado".

En ese sentido, el informe jurídico recuerda que el suelo afectado está incluido en el patrimonio público de suelo de la Generalitat Valenciana y este "no ha sido anulado" por la sentencia del TSJ. Esto implica que, de ser anulado definitivamente el Plan, la administración autonómica podría "volver a aprobar una actuación urbanística similar" al Plan Especial ahora cuestionado, según el documento al que ha tenido acceso Valencia Plaza.

Ahora bien, el escrito analiza también qué ocurriría en el caso de que la Generalitat se negara a constituir el área de la ZAL como patrimonio público para actuaciones de interés público. En ese caso, "cualquier solicitud de reversión" de la ZAL, aseguran los letrados municipales, "la tiene que resolver la Generalitat, y si procede, las indemnizaciones solo a ella le corresponden".

En este sentido, el informe recuerda que la sentencia del TSJ "no es firme" y que desde el Estado han pedido una aclaración de la sentencia, lo cual retrasa los plazos para resolver los recursos. Pero además, después de eso, habrá que esperar a que la Generalitat publique la decisión definitiva. Y por todo ello, "los efectos de la sentencia que anula el Plan Especial no son en absoluto inmediatos sino que se alargarán algún tiempo".

Tras formalizarse los recursos anunciados, de la Generalitat y la Autoridad Portuaria, la decisión final "se demorará en una duración indeterminada". Y este es un contexto que obliga al Ayuntamiento a recepcionar las obras de reacondicionamiento de la ZAL impulsadas por el Puerto. Unas actuaciones previas a esa recepción que ya se han llevado a cabo en las infraestructuras existentes por el desgaste sufrido desde que se construyeron.

Así pues, el Ayuntamiento está obligado a recepcionar esas obras y ese es uno de los argumentos que empleó el consistorio para rechazar la pretensión de la asociación ecologista Per L'Horta de tumbar el proyecto de estas intervenciones para acondicionar el espacio. El Ayuntamiento acabó inadmitiendo el recurso presentado por la plataforma, de manera que recibirá las infraestructuras de la ZAL en buen estado como marca la normativa.

Ribó insta a "volver a la casilla de salida"

Ahora bien, esto no significa que el gobierno municipal apoye la batalla planteada por la Generalitat Valenciana a favor de la legalidad de la ZAL. Si bien el vicealcalde de la ciudad, de Compromís, Sergi Campillo, ya había manifestado su desacuerdo con la decisión de la administración autonómica, este martes el alcalde, Joan Ribó, también de Compromís, quien defiende la reversión del espacio a zonas verdes, fue tajante al respecto.

El primer edil señaló que la ZAL "fue un mal planteamiento" y que el recurso de la Generalitat ha sido "un error" porque significa "prolongar sine die un problema sobre lo que reiteradamente la justicia ha dicho lo que ha dicho". Por eso, pidió que se acepte "la realidad" y que se apueste por reconvertir este suelo "en un espacio verde o en una zona de huerta como piden los vecinos", de manera que instó a la Generalitat a "volver a la casilla inicial".

El alcalde había admitido que la ZAL no se podía recuperar, pero tras fallar la justicia a favor de las asociaciones vecinales, Ribó exigió que "de una vez por todas, la gente debe reconocer que se equivocó" y que "la ZAL fue un mal planteamiento". "En estos momentos, desde un punto de vista medioambiental, no tiene solución por el camino que se quiere plantear", agregó.

Asimismo, el alcalde aseguró que el Puerto "necesita zonas logísticas", pero precisó que "no hace falta que estén al lado" del recinto portuario. Y al hilo de esto declaró que es "posible hacerlo de otra manera": "Se ha planteado muchas veces que se puede y debe hacer de otra manera". "Creo que de una vez por todas se debe aceptar esta situación", insistió el primer edil.

"Ya está bien de inseguridad jurídica"

Por su parte, después de que la justicia haya fallado en contra de la ZAL, la portavoz del PP, María José Català, sentenció este martes: "Ya está bien de inseguridad jurídica". "Nos estamos jugando una inversión de 1.000 millones en la ampliación de puerto y una inversión estratégica en la ZAL", manifestó la edil popular.

Además, insistió en que se han invertido 133 millones y en que "hay cuatro empresas que ya han presentado proyectos por valor superior a 70 millones y una previsión de 2.000 puestos de trabajo entre trabajos directos e indirectos". "Ayer mismo conocimos que Barcelona inauguraba un hub logístico en su ZAL para facilitar el comercio entre el noreste de Asia, el sur de Europa y el norte de África", señaló Català, para preguntarse "por qué quieren que las empresas se vayan a otras ciudades".