Vicent Soler, conseller de Hacienda. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Consell ha aprobado este lunes incorporar varios cambios en la Ley para la función social de la vivienda propuestos por la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, controlada por Podemos, para movilizar la vivienda vacía de las personas físicas que necesite ser rehabilitada para "alquiler solidario".
Esta es una de las modificaciones legislativas propuestas en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de la Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento, aprobada este lunes por el Gobierno valenciano. Entre otras, incluye modificaciones en materia de igualdad, infancia, juventud y alquiler social.
En vivienda, por una parte, se cambia el plazo de cesión del particular a la Generalitat de los seis años actuales a ocho para adecuarlo a la duración del contrato de alquiler que figura en la modificación actual de la Ley de Arrendamientos Urbanos, informa la Generalitat en un comunicado.
Por otra parte, se incluye la posibilidad de que, en caso de que el precio de la rehabilitación a realizar por la Generalitat sea inferior al precio del alquiler de mercado de este periodo de ocho años, se permita también compensar económicamente al particular que cede su vivienda.
De esta manera, por lo que respecta a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, le Ley modifica el artículo 42 de la Ley 9/2003, para la igualdad de hombres y mujeres, con el objetivo de ampliar la función del cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en la publicidad de los medios de comunicación social de titularidad pública a todos los medios de comunicación social o cualquier otro medio de difusión.
Asimismo, también se incorpora en el artículo 49 el impulso por parte del Consell para desagregar los datos por sexos en todas las estadísticas e investigaciones que se lleven a cabo en la Comunitat Valenciana, detalla el comunicado de la Generalitat.
Además, se cambia la denominación del Consell Valencià de la Dona por la de Consell Valencià de les dones para adaptar la denominación de este órgano a la perspectiva de género que recoge la diversidad de las mujeres, incorporando un concepto más plural y más inclusivo.
Por otra parte, la nueva Ley de Acompañamiento también incluye la modificación de la Ley 26/2018 de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia en lo que respecta a la denominación de la declaración de idoneidad para el acogimiento familiar por la de declaración de aptitud.
Se amplía también el periodo del proceso de valoración de tres a seis meses y la vigencia inicial de la declaración de aptitud de uno a tres años, siendo revisable anualmente durante este periodo de tres años.
En cuanto a la Ley de Políticas Integrales de Juventud, se modifica el artículo 17 para que, reglamentariamente, se regule un censo de entidades juveniles que gestionará el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).
Además, se modifica el artículo 43, que hace referencia a la Red Valenciana de Información y Animación Juvenil, para dar cabida a los servicios promovidos por las administraciones públicas que tengan por objeto desplegar servicios de información, formación, asesoramiento y orientación, especialmente dirigidos a personas jóvenes en sus procesos de emancipación.
El proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat recoge medidas como la creación de un Observatorio Fiscal, la obligatoriedad de un auditor interno en las fundaciones públicas y la ampliación del Plan de Inversiones Productivas (PIP) y para solicitar la protección de la huerta.
El Gobierno valenciano está "dando muchas vueltas" y evaluando "tranquilamente" los pros y contras de una prórroga de los presupuestos, según Soler. El conseller ha asegurado que es posible que se disponga de la información sobre la liquidación de 2017 pero no sobre los anticipos a cuenta, lo que supone un riesgo a la hora de presupuestar los ingresos porque "te puedes equivocar mucho".
Con el Observatorio Fiscal que recoge la Ley de Acompañamiento se pretende dar entrada a la sociedad en la gestión de la Agència Tributària Valenciana, integrando a todos los agentes sociales y administrativos del sistema tributario.
Otra de las medidas del proyecto es la obligatoriedad de que las fundaciones del sector público empresarial cuenten con un auditor interno para aumentar el control y la transparencia y dar un tratamiento más homogéneo a este sector.
Se amplía el Plan de Inversiones Productivas (PIP) hasta el 31 de diciembre de 2021 para garantizar los proyectos de los ayuntamientos y que no se pierdan las inversiones ya que sería "una injusticia" que se quedaran "descolgados".
En este sentido, se dará la posibilidad de modificar o sustituir los proyectos por otros de más utilidad para la ciudadanía. También se ampliará el plazo para solicitar la protección de áreas de huerta degradadas hasta los 5 años a partir de la aprobación del Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la huerta de València.
El proyecto establece que se pueda prestar el servicio de taxi mediante tarifas pactadas previamente entre usuarios y conductores, establecidas en el reglamento, una medida que se aplicará mediante el uso de aplicaciones por teléfono inteligente, y se autoriza el cambio de tarifa urbana e interurbana en servicios en que no se conoce el destino.
Se permitirá el acceso al transporte público con vehículos de movilidad personal como bicicletas o patinetes, que deberán estar plegados.
Las reformas de mancomunidades y despoblamiento entrarán previsiblemente en la ley de Medidas Fiscales, necesaria para que salgan adelante cada año a los Presupuestos de la Generalitat
