Ximo Puig, junto a los vicepresidentes Aitana Mas y Héctor Illueca, en Les Corts. Foto: I. CABALLER/CORTSVALÈNCIA. La limpieza del sector público instrumental de la Generalitat sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Consell. A pesar de los compromisos de racionalización del gasto que asume cada año como condición para acceder al FLA, el Govern del Botànic no solo sigue sin cerrar la mayoría de entes que año tras año incluye en el Plan de Ajuste, sino que acelera en la creación de nuevos organismos con vistas al último tramo de la legislatura.
En concreto son cuatro agencias y tres mercantiles públicas las que el Consell ha constituido o prever constituir próximamente. La Agencia de Información y Control Alimentario ya vio formalmente la luz en el decreto ley aprobado en abril con las medidas urgentes por la Guerra de Ucrania. A ella se suman la Agència Valenciana de Canvi Climàtic, cuyo anteproyecto se aprobó en mayo; la Agencia Valenciana de la Energía, resucitada a instancias de Compromís dentro de una Ley de Soberanía Energética diez años después de que la cerrase el PP; y la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular (Avarec), incluida en la Ley de Economía Circular que se tramita en Les Corts.
Ninguna de ellas aparece en el listado de variaciones previstas en el sector público instrumental del Plan de Ajuste que el Consell está obligado a presentar al Ministerio de Hacienda cada año con los avances en la reordenación del entramado de empresas, consocios y fundaciones pendiente desde hace más de una década.
Por lo que se refiere a las sociedades mercantiles, el Plan de Ajuste de 2022 que el Gobierno hizo público este lunes sí incluye las dos nuevas empresas de la Generalitat para la gestión pública de Feria Valencia (Societat Fira Valencia SA) e IFA (Societat Fira Alacant SA), cuya constitución debería concretarse en cuestión de semanas.
Sin embargo, el plan que la Conselleria de Hacienda le presentó al Ministerio de María Jesús Montero el pasado marzo no incluye la creación de la sociedad valenciana de inspección técnica de vehículos (Societat Valenciana d'ITV), la mercantil para la gestión pública directa del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana a partir de 2023 tras 25 años de privatización. El decreto-ley que autoriza su creación fue aprobado por el Consell a finales de abril, después de remitir el plan de ajuste.
Esta proliferación de nuevas entidades públicas empresariales y mercantiles públicas cuando el Botànic enfila el último año de su segunda legislatura contrasta con los escasos avances que ha realizado en la eliminación de otros que llevan en proceso de extinción desde hace años, muchos de ellos fundaciones que ya se encontró en extinción en 2015.
Durante ese tiempo han visto la luz nuevos entes como la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la Agencia de la Innovación, la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias o el Consell del Audiovisual, entre otros. El último en echar a andar fue el Instituto Valenciano de Estadística, nacido en 2021.
Sin embargo, otros como la Fundación de Estudios Portuarios (Feports), cuya extinción fue aprobada por el Consell en 2021; la Fundación de la Comunitat para la atención a las víctimas del delito (Favide); la Fundación La Luz de las Imágenes; o la Fundación Jaume II El Just continúan en el limbo porque, a pesar de estar aprobada, su desaparición no se acaba de hacer efectiva y siguen consumiendo recursos presupuestarios.
El inventario de entes y organismos públicos a 1 de julio de 2016 ascendía a 124 en total. En el plan de ajuste de 2017, el Consell se comprometía a reducir el tamaño del sector público a 110 entes en 2021 como consecuencia de la extinción de varias fundaciones, mercantiles o consorcios que, todavía hoy, continúan existiendo.
El Plan de Ajuste de 2022 refleja que actualmente el sector público autonómico está formado por 128 entes e incluye de nuevo el compromiso de extinguir hasta nueve fundaciones que ya se había comprometido a liquidar en planes anteriores, El plan recoge incluso la desaparición de Ciegsa, la empresa de colegios creada por el PP e investigada por corrupción cuya extinción ha sido prorrogada hasta tres veces por el Botànic, la última hasta 2023, para seguir gestionando barracones.
El desglose del inventario actual de entes incluye 25 consorcios, 19 sociedades mercantiles, 43 fundaciones y 41 organismos autónomos, exactamente los mismos que la Generalitat tenía el 1 de enero del año pasado a pesar de la promesa al Ministerio de Hacienda para eliminar diez de ellos.
Dado que la Generalitat gasta sistemáticamente más de lo que ingresa necesita acceder al FLA para financiar un déficit que año tras año excede el límite fijado para las CCAA de régimen común. Como condición, debe presentarle al Ministerio de Hacienda un plan de ajuste con las medidas que piensa aplicar para contener el gasto.
Entre ellos figuran compromisos de adelgazamiento de su sector público o de racionalización y eficiencia del gasto público como los mencionados. Sin embargo, el hecho de que estos compromisos se repitan de forma prácticamente literal año tras año en cada plan de ajuste evidencia que los mismos continúan sin cumplirse.
El Plan de de 2022 refleja que el gasto real de la Generalitat ascendió a 19.525 millones en 2021, 605 más de lo que le ha prometido al Ministerio de Hacienda gastar este año. Según destacó la Conselleria de Hacienda la pasada semana con motivo de la aprobación de la Cuenta General de 2021, las políticas sociales y para el fomento de los sectores productivos se refleja en el aumento interanual del gasto no financiero del 9,5%.
El departamento que dirige Arcadi España reconoce en el Plan de Ajuste de 2022 que el año pasado el gasto ejecutado fue 367 millones superior al presupuestado e incluido en el plan de ese año. Para este mismo ejercicio, la previsión es que los gastos aumenten en 26 millones de euros respecto al año pasado y los ingresos, en 72,7 millones.
