Oficinas de la Conselleria de Igualdad en Gobernador Viejo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El uso del Patrimonio con el que cuenta la Generalitat será una de las cuestiones que el Ejecutivo autonómico deberá de abordar más pronto que tarde. Algo que podría conllevar la reubicación de funcionarios dependiendo de las necesidades que tenga el actual Gobierno. Un ejemplo son las oficinas que la Conselleria de Igualdad alquiló la pasada legislatura para ampliar sus instalaciones y que mantuvo vacías alrededor de un año y tres meses.
Como informó Valencia Plaza, el departamento anunció a finales de 2020 –todavía con Mónica Oltra al frente– que buscaba un inmueble en el centro de la ciudad cercano a la sede, ubicada en el Palau dels Català de Valeriola, en la plaza de Nules. Según explicaron desde la Conselleria, la intención era ubicar personal tanto de la Vicepresidencia como de la Conselleria por el incremento exponencial de nuevos puestos en la Torre 3 del Complejo Administrativo 9 d’Octubre de Campanar, el conocido como CA90. Este factor, afirmaron, ha obligado a trasladar servicios y direcciones generales a otros enclaves (calle Arolas, calle Hospital, Plaza Nules, etc).
En marzo de 2021, Igualdad seleccionó unas oficinas de 1.184 metros cuadrados situadas en la calle Gobernador Viejo, a 550 metros de distancia de la sede de Vicepresidencia. Según figura en el registro de la propiedad, el inmueble pertenece a la sociedad Bussines Loft, dedicada a la promoción inmobiliaria. Como administradores solidarios figuran José Adolfo Vedri y José Martí, dueños también de la empresa valenciana de publicidad y comunicación Engloba, que mantuvo sede en este inmueble varios años.
El contrato se formalizó en agosto de 2021 con un coste de 11.000 euros mensuales sin IVA y con una duración de cinco años. Pero los meses pasaron sin que el traslado de los trabajadores se produjera. Pasado un año, en marzo de 2021, también se adjudicó el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de ese espacio por importe de 134.588,14 euros (impuestos incluidos) con un plazo de ejecución hasta abril de 2024.
La cantidad global que la Conselleria de Igualdad se gastó entre el alquiler y la vigilancia con las oficinas vacías durante un año y tres meses fue de casi 200.000 euros. El espacio, además, requería de mejoras. El contrato para este fin se adjudicó en marzo de 2023, a punto de finalizar la legislatura, por 79.852 euros (96.622 con IVA) y tenía un plazo de ejecución de dos meses.
Se trataba de obras de adecuación de cuadros eléctricos y equipos de climatización de la planta baja y del primer piso de estas oficinas.
El traslado de personal a la sede comenzó en octubre de 2022. Allí trabajaba la dirección general del secretariado y de la portavoz del Consell y parte del Gabinete de la Vicepresidencia. En total, alrededor de una decena de personas.
Aunque estaba previsto que se reubicara aquí más personal, no llegó a producirse. Así que la Conselleria de Hacienda que ahora dirige Ruth Merino –y de la cual depende Patrimonio– habrá de decidir qué hacer con el espacio. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, lo que se está estudiando es reubicar a funcionarios que no tienen por qué ser únicamente de Igualdad sino de otros departamentos para darle uso a las oficinas.
