VALÈNCIA. La operación urbanística con la que se quiere dar carpetazo al entuerto de Tabacalera está a punto de llegar a su fin. El Consell Jurídic Consultiu ha emitido el último informe preceptivo antes de que la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana de luz verde definitiva al cambio de planeamiento realizado por el Ayuntamiento de València. Así pues, en la próxima sesión de la mencionada comisión se quiere abordar este asunto y previsiblemente aprobarlo.
La idea era dar salida a la modificación puntual del Plan General este verano. Sin embargo, como publicó este diario, todavía faltaba que el Consell Jurídic Consultiu se pronunciara al respecto, ya que el cambio de planeamiento afecta a un área calificada actualmente como zona verde. Así pues, pasados tres meses, el organismo ya ha remitido el documento a la Comisión y las conclusiones son "en sentido favorable por lo que respecta a las zonas verdes", según fuentes conocedoras del procedimiento.
Así pues, el siguiente trámite es la aprobación definitiva del instrumento por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo y la idea es llevar el expediente a la próxima sesión que se celebre, según apuntan las mismas fuentes. El cambio fundamental es la transformación de una zona verde y educativa a una residencial con la que el Ayuntamiento de València y en concreto la concejalía de Urbanismo, dirigida por Sandra Gómez, pretende obtener una edificabilidad con la que compensar a la promotora IGSA (Inmobiliaria Guadalmedina S.A.) tras la sentencia del TSJCV de Tabacalera.
Aquel fallo no hacía otra cosa que anular la operación urbanística aprobada por el anterior gobierno local dirigido por Rita Barberà, que ganaba para el Ayuntamiento parte de la antigua Tabacalera y cedía a la constructora a cambio otras parcelas propiedad pública. Esto se recogía en un convenio suscrito por ambas partes en 2005, que la justicia anuló 11 años después. Para entonces, la constructora no había hecho efectivos todos sus derechos de edificabilidad, reconocidos por el propio fallo, por lo que ahora reclama al consistorio una compensación.
Así, el Ayuntamiento quiere evitar el pago en metálico de la deuda -la compañía propiedad de la familia de Enrique Ballester exige hasta 52 millones de euros- cediéndole suelo residencial, para lo que se está llevando a cabo el cambio de planeamiento en el barrio de Penyaroja.
Esta decisión se está tomando, eso sí, con la oposición de la Asociación de Vecinos de Penyaroja, que desde que se conocieron las intenciones consistoriales ha estado batallando contra la decisión de ubicar en el barrio estas torres de edificios. A juicio de la plataforma vecinal, el barrio requiere todavía de muchos servicios y eliminar suelo dedicado a zonas verdes y a centros educativos no parece lo más adecuado.
Desde el consistorio señalan que el suelo educativo que cambiará de uso es una parte que la Conselleria había admitido que por su morfología no podía acoger un colegio. Asimismo, justifican la solución al embrollo de Tabacalera desde una perspectiva global. La cesión de suelo que se le debería hacer a Guadalmedina sería mucho mayor en otros barrios, recuerdan, ya que se hace en función del valor del metro cuadrado y Penyaroja es uno de los barrios más caros de València.
El portavoz de la plataforma, José Tárrega, participó en el debate del estado de la ciudad de esta semana precisamente para recriminar la falta de dotaciones. Indicó que el barrio tiene 12.414 habitantes -"especialmente niños y jóvenes-" pero no una biblioteca pública ni casal joven, a la vez que destacó que el ambulatorio de Trafalgar está saturado y censuró que las naves de Cross y la alquería del Club de Tenis estén abandonadas. Así, apuntó que en esta zona la idea "la ciudad a 15 minutos es mentira". Asimismo, en la plataforma, señalan que los nuevos edificios se situarían cerca de las llamadas Naves de la Cross. De hecho la asociación ya ha pedido amparo recientemente al Consell Valencià de Cultura, la Universitat Politécnica de València y a la Real Academia de San Carlos.
La oposición no es sólo reivindicativa, sino que se espera también en los tribunales contra el Ayuntamiento. La asociación constituyó una comisión jurídica formado por cuatro letrados con conocimientos de derecho administrativo y urbanístico, además de arquitectos e ingenieros, y eligieron a un abogado para que lleve la futura causa en la vía judicial: Alberto Llobell. Para hacer frente al coste económico de la batalla judicial llevan meses y meses haciendo diversas actividades para recaudar fondos, además de hacer una colecta entre las diferentes comunidades de vecinos afectadas.
