El Consell se aferra al "compromiso incuestionable" de Sánchez para librarse de la deuda de la Marina

VALÈNCIA. El beneficio más tangible para la Comunitat ha sido, una vez certificado el revés a los presupuestos de Pedro Sánchez, la decepción más sonada. El rechazo del Congreso de los Diputados al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 priva a la Comunitat de 450 millones en inversiones adicionales (+61%) y, además, deja más que en el aire la condonación de más de 370 millones de la deuda del Consorcio València, la mayor concesión lograda por el Consell en los que Ximo Puig calificó como los mejores Prespuestos en 15 años. 

Tras comprometerse con el jefe del Consell el pasado verano a cambio de su voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Ministerio de Hacienda cumplió la promesa de perdonar la deuda impagada que el ente organizador de la America's Cup –participado por la Generalitat, el Ayuntamiento y el propio Estado– mantenía a raíz del crédito que el ICO concedió para financiar las infraestructuras para acoger la competición.

Lo hizo mediante una disposición adicional en el Proyecto de Ley de los PGE que el Congreso acaba de rechazar. La fórmula escogida para librar al ente gestor de la Marina de València de esa losa la había avanzado semanas antes la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, en su primera reunión como representante del Estado en el Consejo Rector del Consorcio Valencia.

Pero el Gobierno, para tranquilidad de las administraciones locales, puso sobre la mesa un plan b que consistía en asumir esa deuda mediante un decreto-ley si los PGE de 2019 no superaban el trámite parlamentario.

Este es el escenario al que ahora se aferrará el Consell para, una vez perdidos los los 1.189 millones en inversiones previstas para la Comunitat, librarse al menos de los 373 millones de deuda de La Marina. Según entienden en el Palau de la Generalitat, el compromiso de Sánchez es "incuestionable" y esto "no ha cambiado".

Fuentes de Presidencia apunta que lo que habrá que hacer ahora es buscar "negociar con el Gobierno para encontrar una solución al problema". "Teniendo el compromiso del Gobierno, encontraremos la fórmula", insistieron.

Para el conseller de Hacienda, los culpables de la situación son "los diputados y diputadas valencianos del Partido Popular y de Ciudadanos que han dado las espalda a los intereses de los valencianos” al haber puesto de manifiesto “que sus intereses partidistas están por encima de su compromiso con la Comunitat". 

Más complicado

La alternativa a la vía presupuestaria, en cualquier caso, va a resultar más complicada, sobre todo porque el Gobierno de Sánchez va a tener muy complicado justificar la urgencia de aprobar por decreto una medida cuya urgencia va a tener difícil justificar con la posibilidad del adelanto electoral sobrevolando sobre Moncloa.

En este sentido, conviene recordar que la inclusión de esa disposición adicional en los PGE de 2019 ya desató las críticas críticas de algunas otras comunidades autónomas que, como Madrid o Galicia, se sintieron agraviadas por ese trato de favor. Por si ello no fuera suficiente, el Gobierno socialista tendría que justificar su decisión también ante la Comisión Europea.

La asunción de la deuda del Consorcio era una reivindicación histórica de las instituciones valencianas, que pedían la condonación de esa deuda del mismo modo que el ICO hizo con otros acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza.

Al margen de los 373 millones el Gobierno prometió perdonar al Consorcio, el ente aún debe aproximadamente 67 millones de euros al fondo oportunista norteamericano TCA ECDF Investments (Taconic). Según acordaron el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento en diciembre la cantidad será satisfecha por las tres administraciones de forma proporcional a su participación en el Consorcio, otro compromiso que quedaría también en el aire.

La reforma del Estatut, también en peligro

Otra de las cuestiones fundamentales que puede tropezar con un adelanto electoral de Pedro Sánchez tras el rechazo a sus PGE es la aprobación de la reforma estatutaria pactada en 2011 en Les Corts y que, tras casi 50 aplazamientos y ocho años de espera, había alcanzado la recta final para su aprobación.

Así, meses atrás el Congreso había dado luz verde a la reforma de la Carta Magna valenciana que incluía además una cláusula para recibir inversiones territorializadas basadas en la población (en torno al 10% de España). Una prerrogativa cuyo cumplimiento se había rozado en las cuentas que el PSOE pretendía aprobar (9,7%) pero que podría no entrar en vigor dado que el texto todavía debe ser aprobado en el Senado. De convocarse los comicios, las cámaras se disolverían y la propuesta decaería sin quedar aprobada hasta que volvieran a constituirse en la siguiente legislatura. 

Financiación: cuanto peor, mejor

Uno de los pocos beneficios concretos que puede tener el adelanto electoral para la Comunitat se refiere a la financiación autonómica. La reforma del modelo, caducado desde 2014, no fue completadaen su momento por Mariano Rajoy pese haberse comprometido a ello en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. El socialista Pedro Sánchez, pese a haberse mostrado notablemente crítico sobre esta parálisis, tampoco ha dado pasos definitivos en esa dirección y se ha limitado a extender y prorrogar las distintas comisiones técnicas y políticas sin decidirse a abrir este melón.

Con ello, el posible adelanto electoral pondría fin por anticipado a una legislatura en la que se iba a abordar una reforma absolutamente vital para la Comunitat, la autonomía que peor parada sale en el reparto de la financiación. Un gobierno con una mayoría más sólida abriría de nuevo la esperanza a que se pudiera afrontar la ansiada remodelación.