Junta de socios de la SGRVALENCIA. El Consell se plantea dejar caer la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), la sociedad avalista rescatada por la Generalitat en 2013 y en la que la administración autonómica tiene comprometidos casi 400 millones de euros. La liquidación de esta sociedad, una suerte de banco para pymes en la que la Generalitat tiene una participación del 40%, es una de las opciones que el nuevo Consell ha puesto encima de la mesa ante los problemas para asegurar su viabilidad.
La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, explica los planes del Consell con la SGR como parte de una entrevista que Valencia Plaza publicará este viernes. De optar por la liquidación, ésta se llevaría a cabo una vez completada la operación que la sociedad ha lanzado para colocar varios de sus activos adjudicados, lo que permitiría a la Generalitat reducir sus pérdidas, y tendría como finalidad crear desde cero una nueva SGR.
Según explica Ferrando, el hecho de que Hacienda no haya nombrado a sus representantes en el consejo de la SGR se debe a que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre qué hacer con esta sociedad que, hasta junio del año pasado, ya ha causado a las arcas públicas un quebranto de casi 120 millones de euros por el compromiso que adquirió para hacerse cargo de un porcentaje de sus operaciones fallidas.
En relación a la entrada del Consell al consejo de la SGR, que lleva meses sin presidente, Ferrando asegura que Hacienda no puede "dejar de estar" en ese consejo, aunque considera que entrar al mismo equivaldría de alguna manera a "asumir" los errores cometidos por la SGR en el pasado.
"la situación de la SGR es muy sui géneris y difícil para sacarle viabilidad"
"Tenemos que estar también como una forma de control porque queremos hacer las cosas bien. Pero la situación de la SGR es muy sui géneris y difícil para sacarle viabilidad. Durante mucho tiempo hemos estado pensado como hacerlo", detalla Ferrando. La Generalitat, tal y como publicó este periódico, se está encontrando con problemas para nombrar a sus representantes en ese consejo, que se pretende que reproduzcan en el mismo el equilibrio de fuerzas que se da en el Consell entre el PSPV y Compromís.
Cuando el director del IVF, Manuel Illueca, expuso la situación de la SGR en una comparecencia en Les Corts el pasado septiembre, criticó que la Comunitat haya sido la única región que ha rescatado a un banco. A su juicio, no existían razones para salvar a la SGR tal y como hizo el anterior Consell al concederle un aval de 200 millones en verano de 2013 porque, según Illueca, no era una entidad de carácter sistémico.
Además de para la Generalitat, los principales perjudicados de una eventual caída de la SGR serían los más de 8.000 socios partícipes, en su mayoría pequeños y medianos empresarios que tomaron participaciones en el ente cuando accedieron a financiación gracias a los avales cruzados de la sociedad. Por el momento, los socios actuales ya han soportado una quita del 20% en su inversión para absorber las pérdidas que la SGR arrastra desde 2012.
Comisión de Hacienda de Les Corts donde se expuso la situación de la SGRNo obstante, la sociedad no está totalmente libre de sospechas. Los actuales responsables de la Conselleria de Hacienda han encargado un "análisis forense" sobre las condiciones en las que fueron concedidos los 24.000 avales financieros otorgados por la SGR en los últimos años. El objetivo sería librarse de tener que cargar con las pérdidas de las operaciones que resulten fallidas en el caso de que se acredite que las mismas se aprobaron sin "razonabilidad económica".
El Consell ya pagó el pasado verano 20 millones de euros por fallidos de la SGR tras consultar con la Intervención si debía hacerse cargo de ellos. El director del IVF defendió en Les Corts que el Consell respeta el principio de seguridad jurídica y que las decisiones anteriores "vinculan necesariamente" a los nuevos gestores, pero "siempre y cuando sean legales", sostuvo. La salvación de la SGR, según admitió, "siempre planteó dudas".
Las obligaciones de la Generalitat con la SGR derivan de contratos de reafianzamiento (avales sobre avales) firmados por el IVF en 1993 y 2000. Hasta el momento, las obligaciones por fallidos ya rozan los 120 millones de euros, pero la Generalitat podría tener que asumir una cantidad todavía mayor porque parte de las operaciones aseguradas siguen vivas.
El dilema entre liquidar o mantener la sociedad se fundamenta en el coste público derivado de una u otra decisión. Al margen de estos contratos con la SGR, otro de los mayores problemas heredados por el actual Consell si se tiene en cuenta las pérdidas que puede ocasionar a la administración son los avales a Feria Valencia para pagar los créditos de la ampliación.
Según un informe de la Intervención, la Generalitat podría tener que pagar hasta 1.000 millones por un plan de ampliación impulsado por la exalcaldesa Rita Barberá que está siendo investigado por la fiscalía ante las irregularidades en la contratación y sobrecostes destapados por ese informe.
No obstante, en el caso de Feria Valencia el nuevo Consell ya ha tomado la determinación de asumir la situación y seguir adelante. Para ello, próximamente aprobará un decreto ley en el que renunciará a su derecho a reclamar 151 millones de euros que ya ha desembolsado por los avales formalizados a favor de la Feria.
Clara Ferrando (Eva Máñez)No sucede lo mismo con la SGR, donde las opciones siguen abiertas. Según explica Clara Ferrando el Consell ha tenido que "estudiar las posibilidades de viabilidad de lo que quedaba o la posibilidad de liquidarla para tener una SGR nueva, como la queremos y la necesitamos para que dé avales a nuestras empresas con la garantía de la Generalitat, lo que siempre debería haber sido".
"Con la actual SGR me parece que es materialmente imposible. Nos hubiera gustado poder rescatarla y hacerla viable. Todo este tiempo hemos estado centrados en eso, en ver la manera. El consejo de administración no se ha convocado por eso, porque primero se estaba viendo si entrábamos o no o si la liquidábamos o no", detalla la secretaria autonómica de Hacienda.
En este sentido, cuestionada sobre si la liquidación sigue siendo una posibilidad, responde que es "muy precipitado". "Se está analizando porque eso también tendría un coste", añade.
La postura depende del resultado de la operación que la SGR tiene en marcha para subastar varios de sus activos inmobiliarios, principalmente suelo, naves y locales, bautizada como operación Citrus. Con esa operación, por la que ya hay negociaciones abiertas con inversores interesados, la SGR aspira a obtener alrededor de 170 millones de euros.
De los recursos que se capten depende que la sociedad pueda reducir la enorme deuda que arrastra con las entidades financieras. Si la Generalitat opta por liquidarla, irían destinados a minorar las pérdidas que habría que asumir.
"No hay ninguna decisión en absoluto. Pero una de las posibilidades es efectivamente liquidarla porque hay unos activos que, al menos, nos permitirían recuperar una parte. El asunto no está cerrado, pero se cerrará en las próximas semanas", concluye Ferrando.
