Alberto de Rosa es consejero delegado de Ribera Salud. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. Ribera Salud no está obligada a pedir una autorización al Consell para comprar el Hospital de Dénia al no estar previsto en el contrato para la gestión del departamento de la Marina. En caso de requerirla, la Generalitat tendría que autorizar la adquisición a menos que acredite que esta firma incumple los requisitos que en su momento ya le reconoció cuando le otorgó la concesión del departamento de salud de Dénia-La Marina junto a DKV.
Esta es la principal conclusión de un informe jurídico encargado por el gestor sanitario valenciano para analizar si, tal y como sostiene la Abogacía de la Generalitat, el Consell puede frenar la compra por parte de Ribera Salud del 65% de las acciones en manos de su socio en la concesionaria Marina Salud. El gestor sanitario valenciano, controla un 35% del capital, ya ha alcanzado un acuerdo con DKV para comprarle sus acciones.
El documento encargado por Ribera Salud determina que a "a priori" no estaría obligada a solicitar la autorización del Consell ya que ni el las cláusulas del concurso ni en el contrato que la administración firmó con la Marina Salud está específicamente regulado el supuesto de una transmisión de acciones entre socios ni tampoco está reflejada la necesidad expresa de autorización previa.
Sin embargo, tal y como publicó Valencia Plaza, la Generalitat Valenciana cuenta con un informe de la Abogacía de la Generalitat que avalaría un eventual veto a la compra de las acciones de DKV por parte de Ribera Salud. El argumento es que el cambio de accionista mayoritario en la empresa concesionaria sería equiparable a una cesión del contrato, supuesto en el que sí sería preciso contar con la previa autorización de la administración.
Este cruce de argumentos y contraargumentos jurídicos se enmarca dentro del pulso que la Generalitat y Ribera Salud mantienen para hacerse con el control de Marina Salud. A pesar de que el gestor sanitario valenciano ya estaba negociando con DKV, la Generalitat se coló en la puja tras concluir que la única alternativa viable para recuperar la gestión pública sería la compra de la empresa, ya que el rescate de la concesión costaría 60 millones de euros.
Con todo, los expertos jurídicos contratados por Ribera Salud advierten de que la administración tendría un resquicio para exigir la autorización si apelase a la doctrina del Consejo de Estado, que para algunos sectores considera que una transferencia en más de un 50% de las acciones equivale a una cesión de contrato. En todo caso, mantiene que el resultado sería el mismo, ya que estaría abocada a autorizar la operación y, en caso contrario, se trataría de una decisión recurrible.
El argumento en este caso consiste en que una transferencia de acciones entre los socios actuales no es equiparable a la cesión a un tercero ajeno al contrato. Al ser uno de los licitadores iniciales, Ribera Salud ya obtuvo el visto bueno de la administración a su capacidad y solvencia técnica.
Cabe recordar en este punto, además, que Ribera Salud ya gestiona otros tres departamentos sanitarios en la Comunitat (Alzira, Torrevieja y Elche) mediante concesiones para las que se le reconoció esa misma solvencia.
El objetivo de una eventual autorización sería controlar que adquirente cumple los requisitos
En cualquier caso, si la Generalitat aplica el criterio de la Abogacía y exige la autorización al considerar que la operación equivale a la cesión del contrato a un tercero, el informe que maneja Ribera Salud asegura que esa autorización tiene carácter reglado. Esto es, que el objeto es controlar que adquirente cumple los requisitos, especialmente solvencia técnica necesarios para poder ser concesionario, y se respetan las limitaciones legales y contractuales.
Con ello, la administración no puede introducir ningún criterio "discrecional" en una decisión que, a juicio de los expertos jurídicos, habría de ser favorable "siempre que concurran todos los elementos reglados exigibles".
En el informe encargado por el Consell para Marina Salud, la Abogacía de la Generalitat concluye en sentido contrario a la tesis que sostuvo con anterioridad, ya que la autorización que ahora considera necesaria no era a su juicio exigible en situaciones idénticas, como cuando Ribera Salud compró hace un año la participación mayoritaria de Adeslas en el Hospital de La Ribera (Alzira) –Adeslas tenía el 51% y Ribera Salud, el 45%– y otras dos participaciones minoritarias en los hospitales de Torrevieja y Elche.
Según fuentes de la Generalitat, la tesis que sostienen ahora los abogados de la administración autonómica es que con el cambio de socio mayoritario se produciría un cambio en la solvencia de la concesionaria, mientras que Ribera Salud, que tiene como accionistas al 50% a Banco Sabadell y al grupo norteamericano Centene Corporation, no se vería alterada.
En paralelo, mientras la compañía liderada por Alberto de Rosa ha decidido congelar sus movimientos, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ultima un informe en el que fijará cuál puede ser el precio a pagar por las acciones de Marina Salud para lo cual lleva varias semanas trabajando en una suerte de due diligence.
