Los criterios 'PNV-científicos' de la Fase 1

No esperen los lectores que salga en defensa de la Conselleria de Sanidad Universal y en contra del Ministerio porque si Ana Barceló no conoce los criterios por los que el 70% de los valencianos nos hemos quedado con un palmo de narices, los periodistas y por ende los ciudadanos conocemos aún menos porque ambas administraciones compiten en falta de transparencia.

La consellera volvió a negarse este sábado a hacer público el informe presentado por la Generalitat para convencer al ministerio de que todos deberíamos pasar a la Fase 1. Si no hay transparencia, no hay confianza. Ximo Puig se negó durante un mes, hasta el 23 de abril, a responder a la pregunta de cuánto costaban el material y los aviones procedentes de China de los que tenemos decenas de fotos, vídeos, notas y audios servidos por el aparato de propaganda. Este viernes supimos que el contrato del que decía no saber la cuantía se firmó el 17 de marzo por 31 millones de euros.

En la parte sanitaria no cabe reprocharle nada a la consellera porque no tenemos elementos de juicio. Sí cabe reprochar al Gobierno de Puig que levantara unas expectativas basadas en datos que se niegan reiteradamente a hacer públicos que al frustrarse han causado desazón a 3,5 millones de valencianos –solo tres familiares en los entierros una semana más, no me cansaré de denunciar este sinsentido– y más pérdidas económicas a las empresas que habían invertido dinero para volver al trabajo este lunes. Para algunas será la puntilla.

No menos opaco es el Gobierno de Pedro Sánchez, empezando por su negativa a identificar –como le obliga la ley– a los doce miembros del comité técnico-científico que decide quién pasa a la siguiente fase del desconfinamiento. Parece claro que a la Generalitat le cambiaron la reglas a mitad de partido. Dijo Fernando Simón que había 16 criterios, que al parecer cumplíamos, y ahora argumenta que "hay más criterios que se valoran", sin aclarar cuáles. ¿Irritante? Barceló se podía haber ahorrado la diatriba del viernes por la noche o al menos reflexionar sobre lo mal que sienta que te apliquen tu propia medicina, la falta de transparencia.

A la vista de las zonas castigadas, el criterio adicional y decisivo en el caso valenciano parece ser el de gran movilidad en las ciudades y sus áreas metropolitanas. Se habla de la manifestación –120.000 personas– del 8M como gran despropósito, que lo fue, pero el 9M por el Metro y Cercanías de Madrid pasaron unos tres millones de viajeros. Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York… La movilidad de las grandes ciudades hace incontrolable la pandemia y preocupa a los expertos. Esto parece haber pesado en la decisión de dejar fuera de la Fase 1 no solo la gran València y el conjunto de Alicante y Elche, sino también Castellón por su cercanía con el Cap i Casal.

Si así lo han considerado los doce expertos que no conocemos, solo cabe desear que esta vez hayan acertado. Si hemos criticado que en su día no se tomaran las medidas adecuadas o se tomaran tarde no debemos criticar ahora, sin tener los elementos de juicio, que se tomen a tiempo por muy exageradas que nos parezcan. Lo que sí podemos es exigir transparencia y coherencia.

Cabe preguntar, por ejemplo, por uno de los nuevos criterios de este comité científico que no parece un criterio muy científico. Lo podríamos denominar el 'criterio PNV' y figuraba así este sábado en el BOE: "En el caso de las unidades territoriales previstas en el apartado quince del anexo, se permite la movilidad interterritorial entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas".

El apartado quince del anexo donde viene la lista de territorios que pasan a la Fase 1 es el que hace referencia al País Vasco. La Comunitat Valenciana está en el apartado diez. Eso significa que se permite ir de Ermua a Eibar pero no de Ontinyent a Cocentaina o de Dénia a Oliva pese a estar todos en la Fase 1. Se me escapan los "criterios científicos", como los definió este sábado Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta sobre Galicia, que justifican que en el País Vasco sí se pueda viajar entre provincias y en el resto de España no.

Se me ocurre un criterio político, y es que esta era una exigencia del PNV, que gracias a Casado, Arrimadas y Rufián se encontró el miércoles en disposición de volver a poner de rodillas al Gobierno, exigiendo un trato diferenciado en la gestión de la crisis sanitaria. No sabemos si algún miembro del comité de expertos ha dimitido –como la técnica de la Comunidad de Madrid que se negó a firmar– para no tener que tragarse un criterio político en medio de tanta decisión técnica o se han mirado todos al espejo y se han convencido de que hacer la vista gorda con el País Vasco tiene una explicación científica.

Lo cierto es que no es la única concesión al PNV, al que solo le faltó pedir la movilidad con Navarra. También se atendió su petición de desescalada en el Condado de Treviño, territorio burgalés enclavado en Álava. Aquí la dispensa es genérica para todos los enclaves, lo que beneficia al Rincón de Ademuz.

Y lo más importante, el PNV exigió "cogestión" en el desconfinamiento entre las CCAA y el Gobierno pero Sánchez solo se la concedió a una comunidad, la vasca. Así, el País Vasco, con ratios bastante peores que la Comunitat Valenciana, ha pasado el corte porque el Gobierno de Sánchez y el de Urkullu acordaron que el Ejecutivo vasco dictaría sus propias normas para aquella comunidad, más rígidas que las de las Fase 1 pero más laxas que las de las Fase 0. Eso mismo pidió Ana Barceló a Salvador Illa el viernes por la tarde, según afirmó ella misma, para que las 14 áreas de salud condenadas no se quedaran en la Fase 0 y avanzaran algo. Como aquí no tenemos un PNV ni nada que se le parezca, el ministro dijo que no. Confieso que se me escapa el motivo científico de tal diferencia de trato.

Los habituales de esta columna, que conocen mi admiración por el PNV, se preguntarán si Aitor Esteban no sacó esta vez la chequera, si dio su apoyo a Sánchez a cambio solo de concesiones sanitarias. Podría haberlo hecho porque los acuerdos sobre el desconfinamiento tienen una importantísima repercusión económica. El País Vasco podrá salir antes que la Comunitat Valenciana de la crisis y sus haciendas forales y municipales no se verán tan dañadas.

Pero no, el portavoz del PNV no defraudó a quienes esperábamos otra prueba de habilidad para esquilmar al Estado con permiso del Gobierno y buena parte del parlamento. Esteban sacó la chequera de una forma muy sutil, apenas una frase cuando se refirió a los 16.000 millones de euros que el Estado va a repartir entre las CCAA de régimen común: "Solo les digo que se miren el apartado cuarto del artículo 11 de la Ley del Cupo". Allá que fui, y encontré esta perla: "Si durante cualquiera de los años del quinquenio, el Estado se reservara o asumiera nuevos compromisos de financiación derivados de medidas legislativas, de interés general o de acuerdos interinstitucionales, sobre materias cuya ejecución corresponda a las Comunidades Autónomas, se reunirá la Comisión Mixta del Concierto Económico para analizar y determinar la participación financiera que, en su caso, corresponda al País Vasco".

Traducción: el País Vasco, que no colabora en los mecanismos de solidaridad interterritorial entre CCAA, que siendo rica no aporta dinero al fondo común para compensar a las más pobres porque tiene un régimen aparte y que no participa en el deficitario sistema sanitario de todos los españoles porque gestiona su propia sanidad con sus recursos forales, pretende participar en el reparto de los 16.000 millones del Estado a las CCAA de régimen común, 10.000 de ellos para Sanidad. Un dinero que el Estado conseguirá vía deuda pública que devolverán nuestros hijos y nietos pero no los hijos y nietos de los vascos porque el País Vasco no asume ninguna carga por los intereses y amortización de la deuda del Estado.  

Es verdad que el artículo citado por Esteban no concreta nada, es solo una puerta abierta, pero menos concretaba la Constitución sobre el régimen foral vasco y mira dónde ha llegado. Soler aún no sabe cuánto nos toca y allí ya hablan de 700 millones de euros.