La síndica de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de septiembre de que el Ejecutivo central realizará una reforma constitucional para suprimir los aforamientos ha resucitado estos días la iniciativa que propuso Ciudadanos en el parlamento valenciano que gira en torno a la misma cuestión y que lleva desde febrero estancada en Les Corts.
En su compromiso con la "regeneración democrática", el partido de Albert Rivera registró en junio de 2017 una Proposición de Ley en el parlamento valenciano para modificar el Estatuto de Autonomía con una finalidad: eliminar la figura del aforado en la clase política. Fue la primera iniciativa que presentó la actual síndica del partido naranja en la cámara valenciana, Mari Carmen Sánchez, -previamente ya lo había hecho Carolina Punset- cuando tomó posesión del cargo después de que la dirección nacional cesara a Alexis Marí como portavoz por no seguir los dictados de Madrid.
Cuatro meses después se aceptó la tramitación y desde noviembre hasta febrero los grupos parlamentarios realizaron enmiendas para enriquecer el texto. Excepto uno, el PSPV, que prefirió distanciarse y no presentó ninguna modificación a la reforma legal porque su intención era oponerse a la iniciativa.
Con esto, las posiciones de cada partido quedaban claras y definidas. Pero ocho meses después el debate sigue dormido en Les Corts Valencianes a la espera de que la comisión que preside el PSPV incluya en el orden del día de una sesión la votación de las enmiendas a la proposición de ley para que llegue a un pleno de la cámara y se pueda poner punto y final al debate.
La Proposición de Ley prevé concretamente la supresión del artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía que contempla que los diputados, durante su mandato, "no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino en caso de flagrante delito". Y si se vieran envueltos en una causa judicial, la instrucción y eventual juicio corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Este artículo de la Carta Magna valenciana también fija que si se diera la situación de que el aforado se hallase en cualquier otro territorio fuera de la autonomía, sería el Tribunal Supremo el que juzgaría su responsabilidad penal. Además también determina que los diputados están exentos de responsabilidades civiles por "actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo". Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de los trajes, que instruyó y juzgó el TSJCV por estar Francisco Camps y Ricardo Costa aforados.
En el momento del registro de la propuesta Compromís fue uno de los grupos parlamentarios que se mostró más favorables a validarla. De hecho, tan solo registró una enmienda que introducía un matiz: que los aforados que estuviesen inmersos en un procedimiento judicial -lógicamente en el TSJCV- siguiesen sometidos a este tribunal hasta el final de la causa para que la eliminación del aforamiento no supusiera el cambio a un juzgado ordinario que pudiera derivara en el retraso en la emisión del fallo. Por su parte, Podemos aprovechó el trámite de enmiendas para introducir la limitación de dos mandatos para el president de la Generalitat. Es decir, que tan solo pudiera estar ocho años al frente del Ejecutivo.
De momento, a Les Corts les quedan casi seis meses para zanja el esta tarea pendiente. Un tiempo más que suficiente para que la iniciativa llegue a salir adelante o sea rechazada, ya que tan solo quedan dos sesiones para que termine su peregrinaje parlamentario: la votación de enmiendas en comisión y su debate en un pleno de la cámara. En cualquier caso, si se validara, sería remitido al Congreso de los Diputados y requeriría de una ratificación mediante referéndum. Por lo que su entrada en vigor en esta legislatura sería prácticamente inviable.
Conviene señalar, además, que actualmente existen varias PL en Les Corts para abordar una reforma del Estatut en distintos sentidos. Una de ellas, también de Ciudadanos, para modificar la circunscripción provincial en una única con el objetivo de garantizar una mayor proporcionalidad en la representación de Castellón, Valencia y Alicante en el parlamento valenciano.
