Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Año y medio después de que se celebrara el problemático y controvertido macrofestival de las Paellas Universitarias en València, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de València mantienen el pulso por quién tiene la competencia para imponer la sanción por incumplir la Ley valenciana de Espectáculos. Una falta de acuerdo que amenaza con apurar los plazos para poder hacer efectiva una multa por infracción grave, dado que este tipo de faltas prescriben a los dos años.
La disputa entre ambas administraciones viene casi desde que se celebró el evento en La Punta. El expediente sancionador está paralizado y la divergencia se da porque los hechos constitutivos de sanción se produjeron en el impás en el que se estaban trasladando las competencias sobre las multas por infracciones de la Ley de Espectáculos.
La Generalitat Valenciana anunció un convenio según el cual traspasaba las competencias de las sanciones graves y muy graves al Ayuntamiento de València. Poco tiempo después, el 12 de abril de 2019, tuvo lugar el macrofestival. Pero no fue hasta el 13 de mayo cuando el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el convenio.
El consistorio, y concretamente el departamento de Procedimiento Sancionador, encabezado por Carlos Galiana, defiende que todos los expedientes abiertos antes de esa fecha, deben ser concluidos por el departamento de Emergencias de la Generalitat, dirigido por José María Ángel. Desde el departamento de Ángel se rechaza esta máxima: los procedimientos que estuvieran en las primeras fases cuando se produjo la transferencia de competencias -entre ellos, el de Paellas Universitarias- deben trasladarse al Ayuntamiento.
Cada una de las partes cuenta con sus propios informes jurídicos avalando sus respectivas posturas. La Abogacía de la Generalitat Valenciana emitió un dictamen según el cual la tarea de sancionar en este caso corresponde al consistorio. En la corporación local, se cuenta con dos informes, el último de los cuales, elaborado por la asesoría municipal, indica que el convenio no comprende aquellos procedimientos cuyas actas son anteriores a la publicación del DOGV.
Para la asesoría municipal, "legalmente podría tramitarse" toda infracción registrada antes de la firma del convenio, pero sería necesario hacer antes una adenda al mencionado acuerdo. Además, señala el órgano local que de tramitar el consistorio estas sanciones, podrían acabar anuladas en los tribunales.
Huelga recordar que el Ayuntamiento de València ya impuso una multa a los organizadores de las Paellas Universitarias por el incumplimiento de la ordenanza municipal de ruido, que ascendió a apenas 1.200 euros, tal y como publicó este diario.
La multa que ahora es objeto de discusión competencial sería mucho mayor. Inicialmente se hablaba de que los organizadores habían cometido una falta grave tipificada en la Ley de Espectáculos, y cuya sanción asciende hasta 300.000 euros. El motivo: haber celebrado el evento sin tener autorización para ello.
Ahora bien, según la mencionada normativa, y tal como han confirmado fuente del departamento de Emergencias, estas sanciones prescriben en un plazo de dos años. Esto es, dentro de unos seis meses. Un panorama ante el cual las administraciones deberán esclarecer quién tiene la capacidad sancionadora en este caso. De no alcanzar un acuerdo, la posibilidad de imponer la multa quedará extinguida.
Por otro lado, si el motivo de la sanción es haber llevado a cabo el festival desoyendo una resolución denegatoria del Ayuntamiento, se consideraría una falta muy grave, con multa de hasta 600.000 euros. En este caso, el período de prescripción son tres años.
