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El diputado Domingo Rojo se perfila como candidato a la Generalitat de Contigo

21/02/2019 - 

VALÈNCIA. El próximo 2 de marzo tendrán lugar las primarias de Contigo Somos Democracia (CSD), formación de carácter centrista, social-liberal y progresista de ámbito nacional y europeísta, para elegir al candidato a la Generalitat Valenciana.

Un proceso para el que parte como principal favorito el diputado no adscrito Domingo Rojo, que este mismo miércoles consiguió reunir los 105 avales que el reglamento de primarias de la formación fija como requisito para poder disputarse este puesto. 

De momento, se desconoce si alguien más los ha conseguido y, por lo tanto, si Rojo tendrá rival o no. Si bien fuentes consultadas por Valencia Plaza deslizan que podría surgirle oposición en Alicante. 

En estas primarias podrán participar los más de 600 afiliados que tiene Contigo en la Comunidad Valenciana. Previamente, ya habrán finalizado todos los procesos locales que se han ido celebrando poco a poco en las 35 agrupaciones que tiene el partido en estos momentos por todo el territorio. 

No en vano, ya en octubre de 2018 se celebraron las primarias a la Alcaldía de València, donde resultó electo el presidente del partido y diputado provincial, José Enrique Aguar.

Diputado no adscrito

Domingo Rojo abandonó las siglas de Ciudadanos en junio de 2017 junto al exsíndic Alexis Marí, y los diputados David de Miguel y Alberto García tras oponerse a los Presupuestos de Mariano Rajoy que el partido de Albert Rivera había apoyado y que dejaban a los valencianos a la cola de inversión por habitante. De esta manera, siguieron los pasos de Aguar que había abandonado previamente la formación naranja y fundado Contigo.

Desde entonces, Rojo, que se afilió a CSD dos meses después de darse de baja en Ciudadanos, ha seguido trabajando en iniciativas parlamentarias en Les Corts Valencianes como la Ley de Estructuras Agrarias que se aprobó en el pleno de la semana pasada; o la Ley de Contratos Agrarios que se validó en enero y cuyo fin principal era proteger al agricultor ante la venta a resultas (es decir, vender sin pactar precios en origen) mediante la obligación de que los contratos de compraventa sean siempre escritos y no verbales como ocurría en muchos casos hasta ahora. 

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