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el debate de la marihuana

El Estado contra María

España está perdiendo el tren de la marihuana light, un incipiente negocio por su potencial recreativo y terapéutico, por el vacío legal que enfrenta a fiscales y policías con jueces y empresarios

| 24/05/2022 | 11 min, 0 seg

VALÈNCIA.- El 90% de los españoles está a favor de la legalización del uso terapéutico del cannabis, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su uso y por tanto su regulación y en la, muchas veces, conservadora América del Norte, hasta 37 de los 51 estados de los Estados Unidos permiten su uso medicinal. Otros diecisiete países permiten su uso recreativo bajo condiciones, como en Canadá, a la vanguardia de la regularización del cannabis. En 2001 comenzó el proceso por el que se convirtió, junto con Uruguay, en el primer estado del mundo que legalizó el cultivo, comercialización y uso del cannabis recreativo y medicinal. 

España, sin embargo, es diferente. Veintiséis años después del éxito de Ska-P, el grupo punk que cantaba «¡Lega-legalización! (Cannabis) / De calidad y barato», el consumo de maría está despenalizado pero todas las formas de tráfico están prohibidas. Su uso en lugares públicos también está fuera de la ley, así como su cultivo, restringido al cáñamo industrial de fibra y semillas bajo licencia de la Agencia Española del Medicamento, un organismo estatal. A pesar de ello, si se siguen determinadas reglas de tamaño y ubicación, los jueces, a pesar de las denuncias de los cuerpos policiales, no castigan la plantación para disfrute propio. El cultivo con objetivos comerciales y a escala industrial tampoco es legal para la conocida como marihuana light, aquella cuyos efectos alucinógenos son más suaves.

Precisamente, el CBD —este tipo de marihuana menos potente— es uno de los negocios del futuro. Aún lejos del potencial de la maría con THC (tetrahidrocannabinol, el principal elemento psicoactivo del cannabis), que según la consultora New Frontier Data moverá, legal o ilegalmente, 450.000 millones de euros en 2025, el futuro del CBD es prometedor. De nombre técnico Cannabidiol, el CBD es uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de la planta. Si el THC tiene efectos psicotrópicos —te coloca para realizar el viaje que buscan los usuarios recreativos—, el CBD solo es relajante, actúa sobre el sistema nervioso pero sin alterar la percepción de la realidad. Su uso puede ser recreativo y también terapéutico. 

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Avalado por la OMS

Se ha demostrado, según la OMS, que permite paliar eficazmente determinados trastornos epilépticos que no responden a otros tratamientos. Hay multitud de estudios científicos que también catalogan de positiva su prescripción para la ansiedad, la artrosis, los dolores menstruales o las dificultades para dormir, pero, en general, más investigación es necesaria en este campo para sacar conclusiones definitivas sobre sus potenciales beneficios, que no se limitarían al campo de la salud. La OMS, un organismo perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), otra organización supraestatal, cree que el CBD no es dañino ni tóxico ni genera dependencia, y que su desarrollo en el campo de la medicina es prometedor.

La industria del CBD crece en varios frentes: estética (champús o cremas que se valen de sus propiedades hidratantes, antioxidantes y antiinflamatorias), alimentación (aceites, mantequillas, té o zumos), salud (suplementos alimenticios) o recreativos (inhalación vía combustión o la vaporización del aceite, que se vende embotellado tras su extracción de la planta). El crecimiento del negocio es exponencial a juzgar por la eclosión de tiendas y, en menor medida, empresas del ramo. Una de ellas es Hemp Trading, radicada en Beniparrell y creada y dirigida por Ernesto Llosá.  

Hemp significa cannabis en inglés y Hemp Trading se dedica a todo lo relacionado con la importación, exportación y venta al por mayor de artículos de jardinería técnica (sustratos, fertilizantes, armarios de cultivo, herramientas, instrumentos de medición, etc.) para grow shops, los establecimientos dedicados al asesoramiento y venta de productos para el cultivo de cannabis para autoconsumo. Llosá creo la empresa en 2002. Antes impulsó el primer grow shop de València, cuando advirtió el potencial que tenía el negocio.

«Detectamos la necesidad que había en aquel momento de productos para el cultivo. Yo era cultivador para autoconsumo; cuando monté la tienda se me acercaba gente de la competencia interesada en los productos que importábamos de Holanda y otros países, y decidimos profesionalizar la oferta. Montamos una distribuidora específica de este tipo de artículos». Ahora asegura que su grupo factura 25 millones de euros. Vende en casi toda la Unión Europea, otros países europeos (Georgia, por ejemplo) y tiene varias empresas en Hispanoamérica (Uruguay, Argentina o Chile, su principal mercado allí).

Llosá lamenta la anacrónica legislación española respecto a derivados del cannabis como el CBD, una industria ralentizada por el vacío legal y las discrepancias en la aplicación de las normas entre la fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de un lado, y los jueces, del otro. «La regulación es muy pobre, no hay ni una para el uso medicinal de la planta. La ley que regula el cannabis es de 1967, basada en la convención única de estupefacientes de 1961 [principal tratado internacional que conforma el marco legal internacional para el control de drogas en el marco de la ONU]. Son leyes de hace 60 años que limitan las posibilidades de la planta a la extracción de fibra y semilla, usos industriales del siglo pasado, cuando ahora mismo se podrían aprovechar terpenos aromáticos u otros compuestos químicos para la cosmética», entre otras muchas aplicaciones.  

Es la regulación, estúpido

«Está todo por hacer», dice Llosá. Hemp Trading presume de empresa innovadora. Colaboró con la Universidad Politécnica de Valencia para desarrollar una variedad con potencial medicinal y para la industria y se ha internacionalizado con relativa rapidez. Sin embargo, el marco legal ha frenado, de momento, su entrada en el mercado del CBD. «Estamos más orientados hacia los suministros para el cultivo, pero sí, en España no queremos entrar en el cannabidiol por la inseguridad jurídica existente, y esa línea de negocio la desarrollamos en Estados Unidos, Canadá o Uruguay. Nos estamos perdiendo el 90% del negocio». «Cuando la regulación llegue —añade—, «las grandes empresas extranjeras», desarrolladas al calor de un marco institucional más amable, «serán imbatibles». Decenas de empresas relacionadas con el cannabis cotizan en las bolsas de EEUU. La más grande, Canopy Growth, con sede en Canadá, vale más de 3.000 millones de euros, aunque aún no es rentable y ha perdido gran parte de su valor los dos últimos años.

No es casualidad que una compañía canadiense sea la punta de lanza del sector. En 2018 la marihuana recreativa fue declarada legal en el país —desde 2001 la medicinal ya lo era— y desde entonces hay mayor número de tiendas autorizadas, menores problemas de suministro, aumento de la calidad y precios más competitivos, aunque el mercado negro también funciona. Otros derivados cannábicos también han ganado presencia en las tiendas y otros canales de venta. La Unión Europea y España aún están muy lejos de ahí. «En Europa la legislación es desigual. El CBD está regulado en Francia y, de manera más ambigua, goza de cierta permisividad en Alemania, Bélgica o Austria,  mientras es menospreciado en España, el país más restrictivo del entorno, donde nadie sabe muy bien a qué atenerse», dice Joan Bertomeu, especialista en el asunto.

Bertomeu es abogado en Valencia de Brotsanbert, un estudio jurídico especializado en cannabis con oficinas en varias ciudades y fundado en El Pinós (Alicante). Sus clientes son grow shops, asociaciones de fumadores de cannabis o usuarios que, en muchos casos, ven arrasados sus cultivos para autoconsumo por la Guardia Civil. Favorable a una regulación integral del cannabis, cree que los derivados light de la planta merecen, sin embargo, una normativa propia. Son dos fenómenos conectados pero diferentes: «Hay muchísima gente interesada en diferentes usos de, por ejemplo, el CBD, que no ha consumido cannabis o no conoce su cultura».

«Lo que es demencial es que un producto que no coloca sea considerado como una droga por la Fiscalía y muchas veces tratado como tal por la Policía y la Guardia Civil. Entre todos abren procedimientos penales que generan sufrimiento y hasta la ruina en mucha gente, aunque mucha de ella resulte finalmente absuelta por los jueces». Para muestra, la sentencia que un cliente de Bertomeu ha ganado en un juzgado de lo penal de Valencia. La Guardia Civil se incautó en una tienda especializada en productos de cáñamo de Sagunto de varios envases de CBD expuestos en el mostrador. La Fiscalía pedía cuatro años de prisión para el propietario por un delito contra la salud pública. El juez lo absolvió y decretó el retorno del producto requisado. En esencia, el magistrado, resume Bertomeu, puso sentido común en el asunto. «No se puede considerar droga una sustancia con escasa presencia de THC y prevalencia de CBD, que no es psicoactivo. Por mucho que venga del cáñamo».

No menos importante es el respeto a la normativa europea. Mientras en muchos países se produce todo tipo de artículos con CBD, en España, la administración los persigue. El juez del caso anterior basó también su resolución en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2020 que tachó de ilegal la prohibición de vender CBD producido en otro estado miembro. El principio de la libre circulación de mercancías prima sobre la legislación local. Pese a ello, los comercializadores de CBD viven y trabajan con cierto miedo en el cuerpo.

Ese es el caso de Javier —prefiere no dar su apellido ni aparecer fotografiado «por pudor, que no por temor»—, propietario de All CBD Valencia, una tienda ubicada en el centro de la ciudad que vende todo tipo de productos relacionados con el cannabis no psicoactivo: hash, polen y flores (todos con más del 20% de CBD); ambientadores, aceites, moonrocks —bolas de cáñamo light recubiertas de aceite y cubiertos de polen kie— y todo tipo de parafernalia relacionada.

La Policía no ha irrumpido en el establecimiento —«lo más raro que nos ha pasado era que algunos vecinos nos llamaron drogadictos nada más abrir, pero ahora tenemos muchos clientes del barrio»—, pero conoce mucha gente en la cadena del valor del negocio que ha sido perseguida por la Justicia. «Incomprensible, porque aquí solo tratamos de ayudar y hacer feliz a la gente con sustancias que no son estupefacientes. Son productos naturales no psicoactivos con múltiples aplicaciones».  Su clientela, dice, es de lo más variado: «Hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, vecinos y turistas». Y sus objetivos, de lo más variado: «geles contra el dolor muscular, aceites para la ansiedad o el insomnio y, por supuesto, cogollos para fumar. Con la cerveza hacen una combinación genial». Todo, advierte Javier, con menos de un 0,20% de THC y, por lo tanto, «perfectamente legal».

Pese a todo, Javier está estupefacto con el embrollo jurídico-legal que rodea al CBD. Llosá, de Hemp Trading, resume lo esquizofrénico de la situación. «Puedes cultivar en España y encontrarte el problema de que la Guardia Civil te acuse de tráfico de estupefacientes, un juez te absuelva, pero la Agencia del Medicamento te acuse de estar haciendo medicina sin licencia, pero si quieres comercializarlo lo puedes traer de Austria, Italia o Francia, donde se produce tranquilamente, y nadie te podría decir nada». Un lío.

Bertomeu espera, sin demasiada esperanza, que el Congreso acuerde una regulación acorde a los tiempos. Una subcomisión estudia el asunto: varios partidos quieren una regulación integral (Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Más País); otros (PNV), una ceñida al uso terapéutico, la derecha se opone a todo lo que suene a legalización (PP y Vox), y el PSOE es ambiguo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no quiere ir más allá de una normativa limitada al ámbito medicinal y siempre con «evidencia científica» obtenida con «ensayos clínicos». Ska-P se disolvió en 2018, pero su proclama —«¡Lega-legalización!— está lejos, cinco lustros más tarde, de hacerse realidad. Ni siquiera para la marihuana light. 

* Este artículo se publicó originalmente en el número 91 (mayo 2022) de la revista Plaza

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