Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La relación contractual y laboral entre el que fuera secretario de la EMT de València, Salvador Martínez Tarín, y el despacho de abogados del cuñado del alcalde Joan Ribó, Daniel Pérez, es cada vez más nítida. Desde el pasado 1 de enero, el despacho del primer letrado realiza su actividad profesional de forma exclusiva, directa y a tiempo completo mediante el segundo.
Así consta en los documentos registrales a los que ha tenido acceso este diario, en los que se recoge una modificación de los estatutos de Abastos Abogados, el despacho de Daniel Pérez. Los cambios, aprobados en diciembre de 2018 y que entraron en vigor en enero de este año, introducen que la firma SMT Asesores, perteneciente a Martínez Tarín, "queda obligada a realizar por medio de esta sociedad [Abastos Abogados] la actividad profesional necesaria para el desarrollo del objeto social".
Está obligada a hacerlo "de forma directa, con dedicación exclusiva y a tiempo completo", y según los mencionados estatutos, estas actividades conllevan una retribución en dos partes: una parte fija abonada mensualmente, y otra parte variable a liquidar, como mínimo, cada año.
Estas modificaciones se introdujeron a finales de 2018. En 2006 se creó la firma Abastos Abogados con ambos abogados -Daniel Pérez y Salvador Martínez- como socios fundadores. Al llegar a 2018 el capital social era de 5.250 euros, pero en diciembre se produjo una ampliación de capital hasta los 140.000 euros en la que Salvador Martínez, que ya llevaba tres años contratado por la EMT, sustituyó su pequeña participación accionarial en Abastos por la de su despacho, SMT Asesores, haciéndose con el 32% de las acciones, por valor de 44.800 euros.
Son datos a tener en cuenta dado que Salvador Matínez Tarín ha facturado mediante su firma, SMT Asesores, unos 220.000 euros de la EMT de València sin concurso público desde que fuera contratado en 2015. Y concretamente, desde que SMT Asesores ha de trabajar "con dedicación exclusiva" para Abastos, ha facturado unos 40.000 euros de la empresa municipal.
Pero otro abogado también ha facturado a la empresa municipal desde 2015. Joaquín Alcoy Puchades ha prestado servicios a la EMT por valor de 47.000 euros, facturados siempre mediante la firma del secretario, SMT Asesores. Ahora bien, Alcoy Puchades no pertenece a este gabinete, sino que es socio profesional y accionista de Abastos Abogados desde 2010 y desde entonces también está obligado a prestar su trabajo personal mediante este despacho "de forma directa, con dedicación exclusiva y a tiempo completo".
Es por ello que la portavoz del PP, María José Català, denunció este viernes en el pleno municipal que Abastos Abogados podría haber recibido directamente unos 87.000 euros. "El alcalde mintió públicamente; València no puede tener un alcalde que miente", señaló la popular en referencia a las manifestaciones de Ribó, quien ha insistido en que su cuñado nunca ha cobrado nada directamente de la empresa municipal.
Català acusó a Ribó de hacer "un ejercicio chapucero de trilero" cuando, para defender que no había relación entre ambos despachos, mostró un documento que acreditaba que su cuñado no era accionista de SMT Asesores, pero no a la inversa. "Esa es la verdad, lo hemos sabido a través de la documentación del Registro Mercantil", señaló.
Tras desvelarse los vínculos, plasmados negro sobre blanco en los documentos registrales, Martínez Tarín dimitió como secretario de la EMT dos meses después de renovársele el contrato con la firma municipal. En ese nuevo contrato ya se reflejaba que facturaría directamente a través de Abastos Abogados. Al dimitir, ha rechazado cobrar sus honorarios desde su renovación, evitando así que se emita factura alguna directamente a Abastos.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, apuntó a la existencia de una presunta malversación de fondos en la EMT porque el secretario de la EMT habría estado prestando servicios jurídicos que también se le atribuye a las abogadas internas de la empresa. Una duplicidad que se habría estado dando desde abril de 2018, cuando la EMT contrató a dos abogadas.
Desde entonces, señaló Giner, el secretario cobró unos 50.000 euros por servicios que también correspondían a las abogadas internas. "Si cogen ustedes las tareas que hace el servicio jurídico externo y las tareas que tienen que hacer estas dos profesionales, coinciden", explicó el portavoz naranja.
"Cuando una empresa pública da dinero a una empresa externa y a su vez tiene personal para hacer ese mismo servicio, estamos hablando de una posible malversación de fondos", apuntó Giner. Hay que recordar que Ciudadanos presentó una denuncia en el juzgado por presunto delito de tráfico de influencias en la contratación del secretario, y también acudió al Tribunal de Cuentas para determinar si la EMT tiene responsabilidad contable.
Este jueves, se celebró en el Ayuntamiento un pleno extraordinario a instancias de la oposición sobre las vinculaciones laborales y empresariales entre el exsecretario de la EMT y el cuñado de Ribó. Compromís y PSPV votaron en contra de crear una comisión de investigación, por lo que se rechazó la propuesta de PP, Ciudadanos y Vox.
