VALÈNCIA. El pasado jueves, festivo en toda la Comunitat Valenciana por ser el día de San Juan, la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, viajó a Torrevieja para reunirse con el comité de empresa del hospital de la ciudad (de gestión público-privada y en proceso de reversión) y anunciarles que sería la propia Generalitat Valenciana la que asumiría al personal tal y como se hizo en Alzira.
De esta manera, el PSPV-PSOE ponía fin de forma abrupta a su intención desde hace meses de impulsar una Empresa Pública de Salud (EPS) que sirviera, no solo para gestionar a los trabajadores de esta reversión, sino también otras cuestiones como la prestación del servicio de las resonancias magnéticas.
Un portazo que se daba de una forma más bien rocambolesca: convocando a los medios de comunicación sólo con una hora de antelación (una forma habitual de trabajar de Barceló y su entorno desde el inicio de la pandemia) y con un cambio de ubicación de la cita y de la posterior rueda de prensa (a un minuto de comenzar la reunión) por, según la versión oficial, una "pérdida de llaves" cuando la realidad es que la empresa adjudicataria no quiso facilitar la apertura del salón de actos.
Más allá de estas maniobras para amortiguar el impacto de la noticia, el fracaso por parte de la Conselleria de Sanidad a la hora de imponer la EPS ha sido manifiesto. La pinza realizada por Compromís y Unides Podem ha resultado efectiva y ha dañado la posición de Barceló al considerarse la cara visible de un proyecto fallido que, además, venía preparándose desde hace meses.
Que el movimiento estuviera respaldado desde Presidencia de la Generalitat y desde el PSPV, tampoco suaviza el tropezón de la consellera, puesto que la gestión del proceso ha estado en manos de Sanidad la mayor parte del tiempo y, ni el jefe del Consell, Ximo Puig, ni obviamente nadie de su entorno, va a asumir ninguna responsabilidad del ridículo mediático que significa para los socialistas tener que 'tragarse' su idea de la EPS para volver al método aplicado en Alzira que muchos dentro de la formación y del Palau de la Generalitat consideran un error.
Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad, supuran, si no odio, un fuerte enfado hacia la vicepresidenta del Consell y responsable de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por lo que consideran una deslealtad tras su reunión a principios de semana con los sindicatos para escuchar su posición sobre la EPS y manifestarles su apoyo en el rechazo al ente que pretendía impulsar Barceló. Una maniobra que desde el PSPV calificaron internamente de "ventajista" y que puso más presión aún sobre la Conselleria de Sanidad, que ya se veía cada vez más acorralada con esta cuestión tras los rechazos consecutivos por parte de sus socios del Botànic a llevar aprobar la EPS en el Pleno del Consell.
Una alianza entre Oltra y la líder de Podem, Pilar Lima, que además, amenaza con convertirse en duradera y constante para otras cuestiones y podría suponer un problema para el PSPV-PSOE, donde no son pocos los que se preguntan: ¿Podría haberse evitado todo esto abordando la creación de la EPS de otra manera?
Probablemente, sí. Lo que resulta evidente es que desde casi el inicio de la legislatura el mestizaje en la Conselleria de Sanidad está, si no roto, fracturado. Pese al malestar existente en Compromís por la situación de desconfianza en este departamento desde finales de 2019, no se han producido apenas exabruptos públicos por parte de los altos cargos de la coalición valencianista en la conselleria, la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, y la directora general, Ofèlia Gimeno.
No obstante, la fuerte respuesta e implicación de Oltra en la cuestión de la EPS que, además, no fue consultada previamente con Compromís pese a tratarse de la reversión del modelo Alzira, un punto de acuerdo en el Pacto del Botánico, ha puesto de manifiesto que la vicepresidenta sí conocía y ha tenido en cuenta los desaires recibidos por los suyos en esta conselleria durante el último año y medio, por lo que ha aprovechado para reaccionar con firmeza ante un asunto relacionado con la gestión en el que podía plantarse contra el intento de imposición de Barceló.
Las consecuencias no han tardado en dejarse notar. El PSPV ha estrechado su alianza con el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, de Unides Podem aunque en este caso alejado de Oltra a diferencia de su jefa de filas, Pilar Lima. Prueba de ello, la 'vendetta' aplicada en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) apenas 24 horas después del anuncio de Barceló de poner fin a la EPS. Una pequeña respuesta de los socialistas -evitando la representación de Compromís en el órgano de vivienda- que habrá que ver si desata algún tipo de efecto dominó. Y es que, en este tipo de situaciones, enviar este tipo de mensajes suele conducir a otros 'recados' que, a menudo, terminan en guerra abierta.
Barceló justificó el jueves la decisión en que esta era el resultado del diálogo. Un proceso en el que se ha escuchado y tenido en cuenta las opiniones y aportaciones realizadas por todas las partes. "El objetivo primordial es el de prestar una asistencia de calidad a la población del departamento, ya que para la conselleria lo más importante es que los ciudadanos estén perfectamente atendidos a través de una cartera de servicios de calidad", destacó la titular de Sanidad en un comunicado. No hubo más explicaciones en público.
Pero lo cierto es que el diálogo más bien ha sido un monólogo. El camino de Sanidad con la EPS ya empezó de manera unilateral y 'de tapadillo' a finales de 2019, en los meses previos al inicio de la pandemia. Como adelantó Valencia Plaza, Barceló había firmado el 20 de diciembre una resolución para impulsar de forma urgente la creación de la 'Sociedad valenciana para la gestión de servicios sanitarios' con el fin de canalizar a todo el personal que a la Conselleria de Sanidad se le venía encima con reversiones de concesiones y servicios.
Ya por entonces, los socios del Botànic no tenían ni idea de la intención del departamento de Barceló ni de la puesta en marcha de esta vía para evitar los problemas generados en el marco de la reversión del Hospital La Ribera. Sin embargo, la cuestión quedó paralizada y silenciada por la covid, y no ha sido hasta la aproximación de la reversión de la concesión de Torrevieja el próximo octubre cuando apareció el borrador del decreto ley que desgranaba la puesta en marcha de la EPS.
Obviamente, un desarrollo que fue realizado sin contar con sus socios en el Gobierno, a pesar de la intensa manifestación por parte de Compromís y Podemos por revertir la gestión de departamentos de salud en concesión a la gestión pública directa. De hecho, aunque desde la vicepresidencia de Mónica Oltra y desde la Conselleria de Participación y Transparencia liderada por Rosa Pérez alegaron contra la propuesta, desde Sanidad obviaron claramente todas las propuestas realizadas mantuvieron su plan.
Más frustrante fue para los partidos cuando, de forma continuada, se intentaba llevar el documento para su aprobación en el pleno tal y como había diseñado por el equipo de Barceló como si, de repente, los socios del Botànic a los que no les gustaba la propuesta fueran a cambiar de idea por el mero hecho de su insistencia. En este sentido, finalmente fue el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien intervino para asegurar que no se iba a avanzar con este mecanismo si no había consenso.