El Gobierno aplaza de nuevo el nombramiento de su representante en el Consorcio València 2007

VALÈNCIA. El Gobierno central ha aplazado una semana más el nombramiento de la persona encargada de representar al Estado en el consejo rector del Consorcio València 2007. Este retraso impide cubrir la vacante que se generó con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez a finales de mayo, una situación que mantiene paralizado al ente gestor de La Marina de València justo en un momento en el que tiene pendiente tomar importantes decisiones sobre su situación financiera, además de la Estación Marítima por adjudicar.

La Generalitat y el Ayuntamiento de València, las otras dos administraciones representadas en el ente, esperaban que el nombramiento se produjera en el consejo de ministros de hace dos semanas, pero no fue así. La nueva fecha de referencia es el próximo 14 de septiembre. 

Esta tendrá que ser la fecha máxima para que el Ejecutivo formalice el nombramiento de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, como vicepresidenta del consejo rector del Consorcio en representación del Estado. Esto se debe a que está previsto que el 18 de septiembre la comisión delegada, donde está presente el Estado, adjudique la Estación Marítima.

Una vez se lleve a cabo el nombramiento, el ente gestor de la Marina podrá retomar su actividad tras tres meses de parálisis. Otra de las decisiones más urgentes que quedan pendientes es la definición y aprobación de la estrategia negociadora con el fondo oportunista Taconic, a quien el Banco Santander cedió recientemente más de 67 millones de deuda de la Marina y que amenaza con abrir un litigio contra el ente en los tribunales británicos.

A las urgencias de la Marina se ha sumado el expediente abierto por la Comisión Europea para investigar si el crédito que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió al Consorcio para financiar las infraestructuras de la America's Cup de vela puede ser una ayuda de Estado ilegal.

Además, como parte de esta investigación, Bruselas ha pedido explicaciones a las autoridades españolas sobre la posible asunción por parte del Estado de 350 millones de euros de la deuda generada con el crédito del ICO, tal y como anunció recientemente Ximo Puig.

Tras tener conocimiento por los medios de comunicación del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Consell para la condonación de la deuda, la Comisión ha pedido que se justifique su adecuación a las normas comunitarias de ayudas estatales.