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incluye MEDIDAS COMO la bonificación del 75% de las tarifas aéreas

El Gobierno aprueba por decreto ventajas fiscales y compensaciones energéticas para Baleares

22/02/2019 - 

VALÈNCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley con parte del nuevo Régimen Económico Balear con las medidas económicas que considera más urgentes para que puedan entrar ya en vigor una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado.

En concreto, el decreto incluye la bonificación del 75% de las tarifas aéreas y marítimas para el transporte de personas y el 65% del coste medio del flete para exportación de productos. En energía, se promueven las energías limpias, la ejecución de una segunda interconexión de las islas y la península y una compensación para que el precio del gas natural y los gases líquidos sean equivalentes a los de la península.

Este real decreto entra en vigor pero tiene que ser convalidado por el Congreso, bien en el Pleno que se celebra esta próxima semana, último de la legislatura, o bien por la Diputación Permanente de la Cámara Baja una vez que está se haya disuelto por la convocatoria de elecciones.

La aprobación de este real decreto ley, pendiente desde la anterior legislatura, se produce un día después de que el Gobierno, a través de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, dijera en la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado–Generalitat celebrada en València que cuestiones prometidas por el actual Gobierno central, como la condonación de la deuda de la Marina, habían quedado "en el aire" tras el rechazo del Congreso a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, de manera que el Gobierno socialista las recuperará en un futuro proyecto de presupuestos si gobierna tras las elecciones generales del próximo 28 de abril.

En cuanto a las medidas aprobadas por el consejo de ministros de este viernes para Baleares, su seguimiento recaerá en la Comisión Mixta de Economía y Hacienda prevista en el Estatuto balear. El factor de insularidad se incluirá cada año en los Presupuestos Generales del Estado y ambos gobiernos decidirán esa Comisión Mixta y cada ejercicio el uso de estos fondos que podrán ser empleados para infraestructuras ferroviarias, carreteras, instalaciones hidráulicas, becas de investigación y formación y mejora de zonas turísticas, entre otros.

Otro de los factores clave afectados por la insularidad, según destaca el Gobierno central, es el energético. En este sentido, el real decreto ley incluye una batería de medidas "con el objetivo de mejorar un servicio esencial para las empresas y los ciudadanos".

Incentivos fiscales para favorecer inversiones

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley con incentivos fiscales, pero que a diferencia del decreto tiene que ser debatido y aprobado por las Cortes, lo que ya no ocurrirá al concluir la legislatura. Quedará por tanto pendiente para la próxima.

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig

En concreto, el Gobierno plantea dos nuevos incentivos para ayudar a las empresas que trabajan en las islas a compensar la insularidad. Por un lado, se les permitirá reducir hasta un 90% en la base imponible del Impuesto de Sociedades la parte del beneficio que destinen a reserva para futuras inversiones en el territorio.

Por otro, el Ejecutivo propone un bonificación del 10% en Sociedades y en IRPF por rendimientos derivados de bienes producidos en Islas Baleares. Como condición, las empresas tendrán que mantener el empleo, pero esta bonificación subirá al 25 cuando crezca su plantilla media.

"Estas medidas, que afectan a los principales impuestos directos, buscan dinamizar la economía en la región y compensar los inconvenientes que supone la insularidad para el desarrollo de una economía empresarial e industrial diversificada", destaca el Ejecutivo central.

La presidenta autonómica, Francina Armengol, acordó con el anterior ministro 'popular' de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el REB sería aprobado por el Consejo de Ministros antes de verano del año pasado para que la ley fuera debatida y ratificada por las Cortes antes de que acabara 2018.

Las negociaciones no habían concluido cuando cayó el Gobierno del PP por la moción de censura; el nuevo Ejecutivo, socialista como Armengol, retomó los trabajos pero no había aprobado todavía el proyecto en Consejo de Ministros.

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