Hoy es 15 de agosto
La caída de Julià Álvaro ha sido casi tan celebrada en ámbitos empresariales como la del jefe de Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de València hace tres meses, que, por cierto, no ha servido para desatascar la concesión de permisos. También se celebró el cese de 'conseller B' en ámbitos políticos, salvo entre los ecologistas, los de Podemos y los que lidera Álvaro, quien tiene todos los números para acabar juntándose con los de Estañ en las listas electorales de junio de 2019.
Mónica Oltra afirmó el viernes que la destitución del secretario autonómico de Medio Ambiente no se debió a una "pérdida de confianza" de la consellera Elena Cebrián en su número dos, que es como decir que el sol salió ayer por el oeste. La pérdida de confianza de Cebrián en Álvaro la hemos ido contando con pelos y señales en Valencia Plaza, pero hace tiempo que no es exclusiva de la consellera. Todo el Consell de Ximo Puig había perdido la confianza en el alto cargo más rebelde de cuantos componen el Ejecutivo; también el PSPV la había perdido, si es que alguna vez la tuvo, igual que sus socios de Compromís, con Oltra a la cabeza. Hace tiempo que el líder de Verds-Equo contaba con más apoyo de Podemos que de su coalición.
El secretario autonómico de Medio Ambiente había tenido la valentía y la temeridad de tocarle las narices a grandes empresas con decisiones basadas en una política verde sin matices, con lo importante que son los matices cuando hablamos de millones de euros de inversiones y de creación de puestos de trabajo. Empezó con los proyectos de Puerto Mediterráneo en Paterna y de Ikea en Alicante; continuó con Lafarge, Cemex, Mercadona, Consum, el sector de la hostelería, Red Eléctrica Española; se las tuvo con Aguas de Valencia, y remató con una victoria, parece que definitiva, sobre el Puerto de Alicante. Unas batallas que relató el propio Álvaro en su blog personal, al que sus seguidores estamos atentos desde que se conoció su cese.
Paradójicamente, a Juliá Álvaro no se lo han cargado las empresas –al menos, no directamente, y no por falta de ganas–, sino sus compañeros de coalición, hartos de su indisciplina. Un secretario autonómico, explican desde la Generalitat, tiene por encima a una consellera y esta, a su vez, un Gobierno, así que no puede hacer lo que le dé la gana, por mucho que se escude en que está cumpliendo el programa electoral de uno de los socios de Gobierno. El secretario autonómico iba por libre, como si Medio Ambiente fuera un Gobierno presidido por él. También paradójicamente, su destitución no ha llegado en el fragor de la batalla con las empresas –seguro que más de una pidió su cabeza– sino cuando las polémicas estaban prácticamente resueltas, algunas a favor y otras en contra del díscolo dirigente.
Puerto Mediterráneo fue su logro más mediático al frente de Medio Ambiente. Se propuso cargarse el proyecto de la promotora británica Intu Eurofund y lo consiguió, jaleado por sus compañeros de Compromís y por la propia vicepresidenta. A Ximo Puig no le hizo tanta gracia.
Animado por el éxito frente a la multinacional británica, Julià Álvaro pensó que se enfrentaba a molinos en lugar de a gigantes y fijó una hoja de ruta llena de obstáculos. Por ejemplo, decidió ser pionero en España con el controvertido Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), promovido por el fabricante noruego de contenedores Tomra. Un sistema que, como era previsible, provocó el rechazo de los empresarios de bebidas, de hostelería y de distribución, y con ello, de la patronal autonómica, primero Cierval y luego CEV. Al parecer, nadie había explicado a los noruegos que habían ido a elegir para implantarse en España la comunidad donde radican Mercadona, Consum y Masymas, entre otras influyentes empresas directamente afectadas por el SDDR, a las que se sumó la poderosa Ecoembes, que tiene el monopolio del reciclaje de envases plásticos. Incluso después de que a Tomra le aconsejaran desde la Generalitat que lo intentasen en Baleares, cosa que hizo, continuó Álvaro con el proyecto de SDDR que el Consell ya había descartado al menos para esta legislatura.
Ya entonces más de uno no daba un euro por su continuidad, pero el secretario autonómico aguantó, y lo hizo empecinado en el SDDR al tiempo que emprendía otras batallas no menos arriesgadas como las de Aguas de Valencia y su cuestionada participación en la empresa mixta Egevasa. "Ahora sí que se lo cargan", apostaron los conocedores del oscuro negocio de la depuración de aguas. No se lo cargaron a él, sino a dos de sus colaboradores, el jefe de Gabinete de la Conselleria, Fernando Rodrigo, y el asesor de Asuntos Parlamentarios, Rubén Tello. Eso fue hace un año y con ello la consellera Cebrián creyó haber frenado el ímpetu de su número dos en Medio Ambiente. Pero Álvaro continuó con su hoja de ruta.
En verano la situación ya era insostenible. Cebrián forzó el cese de Vicent García como director general de Vaersa, la empresa que en un consejo de administración presidido por la consellera acordó maquillar las cuentas para evitar la mala imagen que dan las pérdidas y encargar la búsqueda de un supuesto 'topo' que estaría filtrando información a Valencia Plaza. Julià Álvaro se opuso a la destitución de García, tras lo que a punto estuvo de producirse el cese del secretario autonómico en el marco de una remodelación del Consell en la que Motón y Climent tenían muchos números para salir. Pero el sudoku del Botànic, en el que todos los nombramientos y destituciones están interconectados, impidió cerrar la crisis de Gobierno.
Después de otro semestre de desencuentros, solucionado el problema con Aguas de Valencia –gracias a un pacto con la Diputación– y aplazado sine die lo de la SDDR, Cebrián estuvo a punto, hace dos semanas, de repetir la jugada de enero de 2017, cesando a otros dos estrechos colaboradores del secretario autonómico, los directores generales Joan Piquer y Delia Álvarez. ¿Para forzar la dimisión, por dignidad, de Álvaro? La bronca interna en Compromís lo impidió, pero entonces intervino Mónica Oltra para cortar por lo sano. Un año tarde, visto lo visto.