El juez de Taula abre una pieza separada de la financiación del Olímpic de Xàtiva con 28 investigados

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha abierto una nueva pieza separada dentro del caso Taula sobre la presunta financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva, que presidió Alfonso Rus. En ella figuran hasta 28 investigados. 

Esta pieza se desgaja de la principal y supone que ya existan un total de 12 en la macrocausa, las cuales se encuentran en fases muy diversas. Algunas con condenas –como la de los zombis de Imelsa y Ciegsa o la de Thematica Events–, otras con absoluciones –como la del servicio del 'call center' de la Diputación de Valencia–, varias que quedan pendientes –como esta del Olímpic– y alguna que está en vía muerta –como la que implicaba en 'mordidas' para financiar al PP a través de Ciegsa al empresario alicantino Enrique Ortiz y a la constructora Rover Alcisa–. Todo ello ocho años después de las primeras detenciones y de que trascendiera el caso. 

En sus informes sobre la investigación del Olímpic, la Guardia Civil expuso dos operativas. De un lado, desgranó pagos al club de un total de 23 empresas que, mientras tanto, recibían adjudicaciones del Ayuntamiento de Xàtiva. Rus era presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Xàtiva y presidente, también, del Olímpic. 

De otro lado, apuntó a la existencia de facturas libradas a la empresa pública Imelsa –dependiente de la corporación provincial y cuyo gerente era Marcos Benavent– por trabajos inexistentes y pagadas por ésta al club. 

A lo largo de estos años acudieron a declarar Rus, Benavent y varios empresarios. Todos ellos figuran como investigados en la pieza (un total de 28). El juez, ahora, ha decidido citar el próximo marzo a Carlos Turró (Cleop), Javier Luján (Construcciones Luján), los Gallego Martínez (Llanera), José Estarlich (considerado testaferro de Marcos Benavent), Jaime Úbeda (socio del exgerente de Imelsa) y Enrique Alba (el que fuera tesorero del Olímpic). 

El magistrado considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. Así, valora la existencia de una presunta operativa tendente, mediante el falseamiento de transacciones comerciales inexistentes, tanto a un favorecimiento económico propio o para tercero de los investigados que participaban en ese momento en el ejercicio de funciones públicas, como para compensar, en ocasiones y posteriormente, dichas aportaciones con cargo a los recursos económicos propios de la empresa pública Imelsa.