El juez levanta el secreto de sumario en la pieza de blanqueo de capitales en el PP de Valencia

VALENCIA, (EFE). El juez que investiga el conocido como caso Imelsa ha decidido levantar el secreto de sumario de la pieza separada relativa al supuesto delito de blanqueo en el PP de la ciudad de Valencia y ha ofrecido declarar a Rita Barberá antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo.

Según el fiscal, "existen indicios suficientes de la participación" de Rita Barberá y del diputado autonómico y exconcejal Miguel Domínguez en la comisión del delito de blanqueo y por el que el instructor ha resuelto imputar también al Partido Popular.

En un auto notificado hoy, el instructor explica que los escritos presentados por el fiscal "contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición".

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ha prorrogado un mes más, hasta el 14 de abril, el secreto en la causa principal, y ha levantado el de la pieza separada de blanqueo, en la que están investigados (imputados) medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del partido.

La imputación se ha extendido al PP de la ciudad de Valencia por blanqueo y el juez ha citado a declarar de nuevo a cuatro investigados -el día 8 de abril- por su supuesta proximidad al dinero supuestamente ilícito.

Se trata del hasta ahora portavoz del grupo municipal, Alfonso Novo, la exconcejal María José Alcón, la exsecretaria del grupo Carmen García-Fuster, y su secretaria María José Pi, y todos ellos se negaron a declarar en su primera citación, han informado las mismas fuentes.

El juez también ha ofrecido declarar al diputado autonómico y exconcejal Miguel Domínguez, antes de decidir si eleva la causa por blanqueo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Se da la particularidad de que en la causa conviven estos dos tipos de aforamientos, ante el Supremo en el caso de Rita Barberá por ser senadora, y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el caso de Domínguez por ser diputado autonómico.

Por otra parte, el juez ha pedido un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre la conveniencia de declarar la complejidad de la causa y ampliar así la investigación de 6 a 18 meses la investigación de la pieza separada.

Sobre el ofrecimiento para que los dos aforados, Barberá y Domínguez, puedan ser oídos voluntariamente en relación a unos hechos por los que podrían resultar imputados, el juez ha aludido a doctrina del Supremo según la cual "deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos".

El Alto Tribunal exige que "cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, se individualice no solo la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación"

"De ahí que para que proceda declarar su competencia sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada", según recoge el auto.

De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, la senadora y el diputado autonómico comparecerían ante juez y fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones.

El juez les otorga un plazo de veinte días para declarar si lo desean y ha puntualizado que no serán interrogados.

Alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podrían presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos.

Esta declaración voluntaria no implicaría proceder alguno del órgano judicial contra ellos, sino que se trataría de un trámite que "que persigue garantizar su derecho de defensa", que se adoptaría antes de "decidir sobre la petición interesada por el fiscal".

Además, el juez ha dictado una providencia en la que pide al PP que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado) por el mismo delito de blanqueo de capitales.