Mario Sánchez (PSPV) y Javier Berasaluce (PP). VALÈNCIA. El juez encargado del caso Taula ha finalizado la instrucción de otra de las piezas de la macrocausa, que por ahora consta de once. Se trata de la 'K', que investigaba supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados. El magistrado ha dictado el auto de procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral para los acusados y que equivale al procesamiento.
Mantiene, así, como investigados al exalcalde de Requena Javier Berasaluce (PPCV) y a los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo (PPCV) y Óscar Martínez (PSPV). Por contra, ha decidido sobreseer las actuaciones para el actual primer edil de Requena, Mario Sánchez (PSPV), y para el asesor de la Diputación de Valencia Xavier Simó.
El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia considera que los hechos en los que ha indagado pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en la contratación con la administración, delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad en documento oficial.
Esta pieza de la macrocausa se ha centrado en los contratos de los ayuntamientos de Requena y Enguera con las sociedades Servimun y Técnicas Legales Administrativas, ambas vinculadas a Fernando Palomares y a Mariano López. Este último exsuegro de Marcos Benavent, quien fuera gerente de la empresa pública Imelsa y uno de los principales investigados en el caso Taula.
En el auto, el magistrado explica que, con consciente intención, los acusados desvirtuaron procesos de adjudicación de servicios en ambos consistorios para evitar la concurrencia real de empresas y favorecer a las citadas sociedades. Los procesos se tramitaron mediante procedimiento negociado sin publicidad y, de acuerdo con el juez, manipularon las condiciones de concurrencia.
En el caso de Requena, se pretendían contratar los servicios externos para el "apoyo al Ayuntamiento, en su actividad inspectora, al objeto de aflorar deuda oculta, relacionada con los ingresos de derecho público relativos al Icio y al IAE". El auto destaca que en la documentación del expediente no se acredita la motivación técnica de la elección de las empresas. El gasto se estimó inicialmente en 30.025 euros, pero el gasto ejecutado de la contratación ascendió a 178.300 euros.
Las facturas que posteriormente libró al consistorio Técnicas Legales Administrativas no tenían causa en servicios o prestaciones efectivas. El juez concluye que la empresa era, en realidad, instrumental y que los beneficios económicos iban a parar a Servimun.
En Enguera ocurrió exactamente lo mismo, sostiene el magistrado. A lo que se añadía que, por ejemplo, el pago de una de las facturas se informó desfavorablemente por el tesorero del Ayuntamiento pero aun así se abonó. En total, se llegaron a pagar 21.780 euros.
Ahora, la Fiscalía tendrá que pedir el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral para los investigados.
