El juez prorroga el secreto de sumario del 'RitaGate' un mes más

VALENCIA. El magistrado instructor del caso Taula, Víctor Gómez, ha prorrogado el secreto de sumario de la pieza del sumario que afecta a la presunta financiación irregular del Partido Popular de Valencia ciudad, también conocida como RitaGate un mes más.

Esta es la cuarta prórroga consecutiva que decreta el juez, siempre a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La nueva fecha para un posible levantamiento del secreto sumarial será el próximo día 10 de marzo.

La investigación versa alrededor de las facturas de la empresa Laterne Product Council (LPC) con los proveedores de la campaña de las elecciones municipales del año 2007. Tal y como publicó en exclusiva Valencia Plaza, el PP de Valencia firmó un contrato con LPC por 150.000 euros sin embargo, el coste real de la citada campaña acabo siendo 20 veces superior llegando a gastarse tres millones de euros procedentes de empresas contratistas del consistorio y de empresas públicas.

Los agentes necesitan más tiempo para analizar todos los papeles, contratos y facturas que han requisado este último mes. Entre la documentación incautada destacan todos los contratos de la fundación pública Inndea, antigua CEyD, con la empresa Laterne durante los años 2006, 2007 y 2008. Los investigadores tratan de probar que hubo una malversación de caudales públicos por parte del PP.

Por otro lado, en la mesa de los miembros de la UCO también esperan a ser revisados todos los contratos que las empresas adjudicatarias del consistorio firmaron con LPC. El magistrado de la causa solicitó a mediados de febrero que las empresas que aparecen en la lista de los papeles de Laterne como donantes de la campaña aportaran todos los contratos, así como las pruebas de lo contratado, entre los años 2006 y 2008.

El 'RitaGate'

La UCO está investigando dentro de la pieza A o pieza del pitufeo, las donaciones de empresas con contratos con el consistorio y empresas públicas para la campaña de la exalcaldesa en el año 2007. El conocido como RitaGate muestra los papeles y las facturas en las que las empresas con contratos con el consistorio valenciano pagaron la campaña, una campaña 20 veces superior a lo que el grupo municipal firmó (150.000 euros), y como se amañaron las facturas para evitar que el presunto delito electoral fuera detectado.

Entre los supuestos ‘donantes’, que figuran en una relación en la documentación aportada, se encuentran Secopsa, que presuntamente realizó dos entregas de dinero, de 225.000 y 150.000 euros; Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que primero entregó 300.000 euros y después otros 150.000; Rulv Valencia (UTE de Secopsa), 100.000 euros; el Grupo Rover Alcisa (60.000); Urbana Ducat (30.000); Nou Litoral (360.000); PKL Real State (30.000); Pavasal (dos entregas de 90.000 y 150.000 euros); Luján (20.600); Lubasa (200.000 y 150.000 euros); Edival (30.000 y 20.000); FCC (200.000), y Ágora Patrimonial (30.000).

Con dichas donaciones, según las facturas de LPC, en actos electorales el Grupo Municipal se gastó más de 665.000 euros, a los que hay que sumar otros 450.000 euros en medios de comunicación y cientos de miles de euros más en conceptos tan variados como grabar spots publicitarios, merchandising o comidas. 

La imagen de Rita Barberá y sus propuestas llegaron a todos los valencianos a través de radio, televisión, periódicos, internet, autobuses, marquesinas y vallas publicitarias. No quedó un barrio de Valencia sin su cartel. Los eslóganes Tu Valencia con Rita y Rita, que Valencia no pare llegaron hasta el último rincón de la ciudad.