El departamento que durante tres años dirigió Carmen Montón se ha convertido en un refugio de políticos socialistas que se han quedado sin empleo, y no es el único problema en materia laboral al que se enfrenta
VALÈNCIA.- La nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, encontró durante su etapa de consellera una gran cantera en el PSOE para cubrir cargos de dirección de los departamentos de salud. Desde que empezó la legislatura, los puestos de libre designación convirtieron en espacios en los que distribuir a profesionales vinculados con el partido, ya sea a nivel municipal, autonómico o nacional. Aunque es habitual y lógico que los gobernantes designen a personal de confianza para los puestos clave, varias circunstancias elevaron las decisiones de la consellera a la primera línea del debate sobre los dedazos en puestos que no son políticos sino de gestión, de gestión de nuestra sanidad.
En el inicio de su mandato, Montón quiso distribuir a su personal de confianza entre los 202 cargos de libre designación repartidos por toda la administración sanitaria valenciana sustituyendo a los que habían sido nombrados por el PP. Lo cuestionable no es que se cambiaran, sino cómo se cambiaron y, en ocasiones, por quién.
El punto de inflexión llegó con el nombramiento de Mónica Almiñana, exsenadora del Partido Socialista de Cataluña (PSC), como gerente de La Fe. Se trataba de un nombramiento peculiar: una médico ligada al PSC, que venía de fuera de la Comunitat Valenciana y que además no era funcionaria de la administración valenciana. El nombre de la profesional catalana se desveló junto al de varios gerentes durante el inicio de la legislatura. Montón hizo públicos los nombramientos provisionales, pero vendrían acompañados de una sorpresa días más tarde: se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una convocatoria pública para el cargo de libre designación de gerente de La Fe, puesto para el que ya estaba anunciada Almiñana.
Algunos nombramientos rozan la legalidad y existen casos en los que incluso hay dudas sobre el desarrollo de la convocatoria pública
La cuestión suscitó controversia. Se trataba de un concurso al que podían presentarse otros profesionales —de hecho, la doctora valenciana en psiquiatría Mayte Lázaro se postuló— y sin embargo el ganador ya estaba sobre la mesa. A los sindicatos les pareció una fórmula extraña, incluso inédita, y desde Sanidad puntualizaron que al no ser Almiñana funcionaria de la Generalitat no podía ser ascendida directamente. El ardid pasaba por recurrir al decreto 7/2003 de selección y provisión de plazas para poder incluir personal que no fuera estatutario. Ganó Almiñana.
Sin embargo, esta fórmula también se utilizó para nombrar al resto de gerentes y a partir de ahí llegó la frustración de numerosos profesionales que aspiraban al cargo. Se realizaba un proceso de selección, pero sabían que no iban a ser elegidos porque iban teledirigidos. Otros muchos simplemente dejaban correr la oportunidad, frustrados porque entendían que no servía para nada.
«Con esta convocatoria pública se garantiza la elección por transparencia, no por igualdad de oportunidades como si fuera un concurso público, ya que se trata de personal de confianza», se justificaba el director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, tras la polémica. Con este marco empezó a ponerse la lupa sobre los nombramientos, teniendo en cuenta que, vale, eran cargos de libre designación, pero existía un proceso público al que podían presentarse más aspirantes y, por tanto, debía valorarse su currículo y su proyecto, su valía, ya que hablamos de gestionar áreas de atención directa a los ciudadanos.
Entre todos los departamentos se han señalado a lo largo de la legislatura alrededor de una treintena de cargos ocupados por profesionales vinculados con el partido socialista. Lo más reciente es lo del departamento de La Ribera, el último en incorporarse a la gestión pública tras la reversión. El 31 de marzo Ribera Salud dejaba en manos de la administración el día a día del departamento. Las semanas siguientes, profesionales relacionados con el partido entraban a dirigir áreas de responsabilidad.
Entre ellos, el nuevo director de Enfermería del departamento, Salvador Llopis Aliaga, quien fue concejal del PSPV en Algemesí; Ana Belén Cruz Álvarez, responsable de comunicación del Hospital de La Ribera, que fue número seis en la lista electoral de Alarte para las autonómicas de 2011, o Ciprià Xavier Teodoro, director de Enfermería de Atención Primaria y exconcejal del PSPV de Algemesí.
Esta situación se había ido produciendo en otros departamentos a lo largo de la legislatura. Algunos ejemplos son el nombramiento de profesionales como Vicenta Tortosa, exalcaldesa socialista de Villena y exdiputada nacional del PSOE, en la actualidad gerente del departamento de Salud de Elda, o María José Gastaldo Zaragoza, exconcejala socialista del Ayuntamiento de Silla y ahora directora de Enfermería de la Malvarrosa.
El ‘popular’ José Juan Zaplana no critica a los beneficiarios de la política laboral de Montón, sino las formas que dejan fuera al resto de aspirantes
Son solo algunos ejemplos. Existen casos en los que incluso se han vertido críticas por el desarrollo de la convocatoria. Entre ellos se encuentra el de José Luis Chover, exconcejal socialista de Sagunto y exportavoz del grupo en el municipio, quien actualmente es gerente del departamento de Salud de Sagunto. Aunque la ley señala que se deben abstener de participar en las comisiones de valoración amigos y enemigos de los posibles aspirantes, Chover fue presidente de la comisión que eligió a Gloria Calero como directora de Enfermería en Sagunto. Es decir, la comisión que eligió a la exalcaldesa fue presidida por quien fue su primer teniente de alcalde.
Otro de los nombres vinculados a la polémica es José Manuel Orengo -actual asesor de Ximo Puig en la Presidencia de la Generalitat- pero por su relación con varios cargos directivos. Entre ellos, Jesús Juan Ribes, actual vicesecretario general del PSPV de Gandia y exjefe de gabinete de Orengo, hoy director de Enfermería del departamento de Salud de Gandia, o Ana García, exconcejal de Hacienda en la etapa de Orengo y ahora directora económica del departamento en el mismo centro.
También aparecen en la relación familiares vinculados con miembros del partido socialista. Por ejemplo, Justo González, hermano del actual alcalde socialista de Elche; Milagros Cucarella, mujer del exteniente de alcalde socialista en el Ayuntamiento de Villena y actualmente directora de Enfermería en Atención Primaria de Elda, o Carlos González.
También hay casos vinculados a los otros partidos del Botànic, como la candidata de Compromís por Picanya, Antonia Chornet, quien fue subdirectora Médica del Hospital de Llíria y luego directora de Gestión Sanitaria, puesto que dejó a finales de 2017 mientras que ahora ocupa una plaza de oposición. Por otro lado se encuentra Abraham Cabrera, candidato de Podemos en la lista autonómica, quien fue nombrado subdirector médico del departamento de Salud Arnau de Vilanova-Llíria, o Josep Trullen, candidato de Podemos número once en la lista de Castellón y miembro del círculo de Castellón de 2015 a 2018, quien es director del departamento de Salud Pública de Castellón.
El PPCV en Les Corts está detrás de muchas denuncias por presunto amiguismo. El alicantino José Juan Zaplana, portavoz popular de Sanidad, insiste en que «en ningún caso se critica a las personas ni el perfil de muchos de los profesionales, sino la forma con la que se ha realizado su designación. Carmen Montón decía que iba a ser totalmente transparente y muchos de los procesos han sido opacos, sin actas, ni revisión ni acceso a la información».
En noviembre de 2016, el periodista leonés Germán Temprano fue elegido como director de Gestión Sanitaria, puesto de libre designación de la consellera. Aunque ha trabajado para grupos políticos en Madrid, no hay una vinculación manifiesta con el PSPV. Sin embargo, a pesar de su nula experiencia en sanidad -es periodista- y de que había varios candidatos con mucha experiencia para el puesto, fue el afortunado.
Para comprobar la idoneidad de la elección, Valencia Plaza solicitó la memoria que presentó Temprano para acceder al cargo. Sanidad lo denegó y el Consell de Transparència dictó una resolución en la que instaba al departamento de Carmen Montón a entregar la documentación. Ahora, el periodista leonés ha recurrido esta decisión y será un juez quien determine si la Conselleria debe mostrar la memoria con la que accedió al puesto de alta dirección.
José Juan Zaplana insiste en que «la información disponible en los procesos de selección ha sido insuficiente, las comunicaciones a los participantes han sido nulas, ha habido incompatibilidades en tribunales y no se han celebrado entrevistas para valorar si los currículums eran adecuados, las valoraciones han sido subjetivas y los tiempos que se han dedicado a realizar estos procesos de valoración no son los necesarios ni suficientes para valorar la idoneidad de las personas presentadas». Sobre esta opinión ya se han dictado varias sentencias en uno y otro sentido.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de València anuló en abril la resolución de la Conselleria de Sanidad por la que se proveyó la plaza de director de Centro del Servicio de Emergencias Sanitarias de València. El agraciado por este procedimiento de libre designación era Pere Herrera y el juez ordenó retrotraer el proceso para valorar adecuadamente los méritos y la memoria presentada por los aspirantes. El tribunal justificó la decisión tras el recurso presentado por Luis Ortiz, quien había ocupado anteriormente el puesto. El tribunal tomó esta determinación tras la justificación, en un folio que se valoró en diez minutos, del nombramiento de Pere Herrera, donde se señalaba que su experiencia profesional y méritos eran superiores a los de Ortiz. Tomaron esta decisión pese a tener Herrera únicamente nueve meses de experiencia y haber sido alumno del propio Ortiz. Nueve meses de experiencia frente a 15 años. Por este motivo el juez determinó que se debían comparar las valías una a una y volver a valorar a los candidatos.
Se critica que la información de los procesos de selección ha sido insuficiente, las comunicaciones a los participantes han sido nulas, ha habido incompatibilidades en tribunales...
No fue el mismo caso el de la gerente de la Fe, Mónica Almiñana, a quien el mismo juzgado confirmó la decisión de Sanidad de nombrarla tras el recurso presentado por la psicóloga Mayte Lázaro, quien también se presentó al proceso. El juzgado entendió que los méritos de la exsenadora estaban justificados por la Comisión de Valoración para adjudicar la plaza y que se había hecho «especial incidencia» en sus méritos.
Pero ese no ha sido el único varapalo a la Conselleria de Sanidad en materia de contratación. El pasado día 4 de junio se hacía pública la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón de anular todos los despidos contemplados en la decisión del Consejo de Gobierno del Consorcio del Hospital Provincial celebrado en octubre del 2016. Este acuerdo de la dirección del Hospital tenía como objetivo crear un total de 109 nuevas plazas de naturaleza estructural y la amortización de otros tantos puestos de difícil cobertura al ser de carácter funcionarial, lo que hizo que el Consorcio prescindiera del personal que hasta entonces estaba desempeñando esta labor, contratos en fraude de ley que se iban prorrogando de manera automática durante años. En total se prescindió de 17 trabajadores.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 44 (junio/18) de la revista Plaza