El magistrado eleva a 317.000 euros el dinero B que entró en las cuentas del PP de Valencia

VALENCIA. El escrito enviado este jueves al Tribunal Supremo por el magistrado de la Operación Taula Víctor Gómez Saval lleva, además de los datos para imputar a la exalcaldesa Rita Barberá, novedades en lo que a la investigación del blanqueo de capitales se refiere.

Hasta ahora se cifraba el dinero en B que había llegado a las cuentas del PP de Valencia en 245.000 euros. Sin embargo, el magistrado afirma que, en realidad, el dinero sin justificar alcanza los 317.000 euros.

Según consta en el escrito del Gómez Saval, en las libretas incautadas a la cajera del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) había dos apuntes de dinero ilícito: el ya conocido CyA (colaboradores y allegados) y ahora aparece CGP, bajo cuyas siglas se el PP de Valencia habría ingresado 72.000 euros.

El magistrado explica que: “según la libreta de anotaciones que llevaba personalmente la investigada Mari Carmen García-Fuster, se evidencia, ya desde el año de 2001, la existencia de determinados ingresos en efectivo que anotaba como "C GP" y "CyA" por importe que en conjunto superan los 200.000 euros, y respecto de los cuales la investigada en su declaración sólo ha aclarado que esa anotación se corresponde a "colaboradores y allegados" no queriendo desvelar ni el origen concreto de ese dinero ni la identidad de la persona que se lo hacía llegar”. 

Para el juez “ese dato es significativo en la medida en que, de esos ingresos, en el año 2003 se recogen cinco de 11.000 euros de enero a mayo. Y de noviembre de 2010 a mayo de 2011 cuatro de 29.000 euros y uno de 28.500. Ambos años eran años de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas en mayo. Este tipo de apuntes en la cuenta ya no se recogen en el año 2015”.

Delito Electoral y blanqueo

Estas pruebas refuerzan la acusación por blanqueo, ya que para poder condenar a alguien por blanquear dinero se tiene que demostrar la existencia de un dinero de procedencia ilícita. Este extremo ya quedó acreditado con la declaración de la cajera del PP, que afirmó no saber de dónde venía.

Pero además, también sostiene la futura imputación por delito electoral ya que la cuenta en la que entraba ese dinero presuntamente no estaba auditada por el Tribunal de Cuentas y, no cumplía las normas establecidas en la Ley Electoral y en la de Financiación de Partidos Políticos. 

En manos del fiscal Anticorrupción Pablo Ponce está una denuncia presentada por Compromís a este respecto que, por el momento, no se ha adjuntado a la causa pero que, según fuentes de toda solvencia no tardará en “subir a la mesa del magistrado instructor”, que es la persona encargada de admitirla a trámite y adjuntarla o archivarla.