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El PP critica el pago de 9 millones de facturas en los cajones en el Ayuntamiento de València

22/02/2021 - 

VALÈNCIA. (EP) La concejal del PP en el Ayuntamiento de València Paula Llobet ha denunciado este lunes que la "falta de previsión presupuestaria" del Gobierno del Rialto ha provocado que el consistorio inicie el año con el pago de más de 9 millones de euros pendientes de facturas guardadas en los cajones.

Según ha informado el PP en un comunicado, la Comisión de Hacienda de este lunes ha aprobado el reconocimiento de obligaciones extrajudiciales de crédito por importe total de 3.056.734,18 euros, con lo que el importe acumulado en este 2021 asciende a 9.155.284,80 euros, una cifra superior a la del año pasado por estas fechas (8.891.741,29).

El PP ha apuntado que el Informe Resumen de la Intervención General, del que se da cuenta también en la Comisión de Hacienda, hace una advertencia "de la elevada cantidad de gasto realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, gasto realizado, en muchas ocasiones en un ejercicio cerrado y sin crédito presupuestario autorizado".

Según Llobet, "la Intervención General ha advertido en numerosas ocasiones de la existencia de gastos corrientes que no se tramitan adecuadamente. Entre los ejemplos que cita se encuentran gastos derivados de contratos incorrectamente adjudicados o gastos realizados mediante anticipos de baja no justificados".

En 2019 se tramitaron con informe de omisión de procedimiento 46,40 millones de euros, cifra superior en un 19% a la del ejercicio 2018, que fue de 39,06 millones. El principal motivo es la prestación de servicios "a través de contratos vencidos más allá de sus prórrogas posibles, sin que se haya procedido a realizar nuevas adjudicaciones", denuncia el PP.

Llobet ha afirmado que el gobierno municipal aprobó un presupuesto "que no se ajustaba a las necesidades reales de la ciudad, que tuvo una bajísima ejecución de las inversiones en los barrios, y contó con una mala planificación y gestión de los recursos de limpieza y mantenimiento de jardines (pese a contar con más presupuesto), y mantuvo un incremento del 10% de la presión fiscal que soportan los valencianos".

"Para hacer frente al pago de estas facturas, el gobierno de Ribó y el PSPV va a tener que recurrir a fondos de contingencia del Ayuntamiento previsto cuando tan solo ha transcurrido el primer mes del año 2020", ha criticado, y ha insistido en que estos "impagos" se generan "por la mala gestión y falta de previsión" del gobierno del Rialto, "al mantener durante varios años sin cobertura contractual a empresas que prestan servicios municipales y al generar compromisos de pago sin tenerlas presupuestadas".

València Activa

Por otra parte, según el PP, PSPV y Compromís han rechazado una moción 'popular' en la Comisión de Hacienda para abrir un expediente con vistas a depurar responsabilidades por las infracciones detectadas por la Intervención en Valencia Activa.

El PP había presentado una moción y una batería de 25 preguntas a la Comisión de Hacienda "sobre las graves infracciones e incumplimientos" en la Fundación Valencia Activa de la normativa que rige los organismo autónomos y entidades públicas, desveladas por la Intervención General Municipal del Ayuntamiento.

La Intervención General, dentro del Plan Anual de Control Financiero de 2020 (PACF 2020), elaboró una auditoría sobre la gestión de Valencia Activa, cuyo informe definitivo fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento del pasado mes de diciembre, en la que sacó a la luz "una serie de infracciones e incumplimientos de la normativa laboral que rige en los organismos autónomos y entidades públicas".

La portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, ha subrayado que la auditoría "pone de relieve numerosas irregularidades de entidad en la gestión de la Fundación Valencia Activa que obliga de nuevo al PP a pedir explicaciones porque, hasta el momento, todavía nadie del gobierno municipal de Compromís y PSPV ha dado la cara para informar sobre lo ocurrido y sobre si se tomarán medidas en relación a los incumplimientos legales advertidos por la Intervención General del Ayuntamiento".

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