VALÈNCIA. El intento del PP de posponer lo máximo posible la tramitación en Les Corts de la ley de Trato Justo impulsada por Compromís ha dado sus frutos. La presentación de enmiendas a la norma, así como su paso por comisión, debate y votación en pleno tendrá lugar a partir de septiembre. Algo que abarcará el último trimestre del año y quién sabe si algo más.
El lío con la entrada de esta norma en el Parlamento autonómico viene desde hace semanas. El texto contiene tres reivindicaciones: la reforma del sistema de financiación autonómica; la aprobación urgente, mientras tanto, de un fondo de nivelación –un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las comunidades peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios–; y la regularización de la deuda histórica. La intención de Compromís es presentarla en el Congreso una vez pase por Les Corts.
El síndic de la coalición, Joan Baldoví, se reunió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en lo que se interpretó como una pinza. Tras aquel encuentro, trasladó que el acuerdo con el dirigente popular consistía en llevar la proposición primero al Parlamento autonómico para consensuarla entre todos los grupos posibles al tratarse de una reivindicación histórica valenciana.
El PP quería entrar en una estrategia conjunta con Compromís en este asunto. Con ella, además de hacer fuerza sobre una cuestión difícil de colar en la agenda nacional, podía, de paso, desgastar al PSPV dado que el Gobierno central no parece que tenga voluntad alguna de abordar la reforma de la financiación. Pero lo que ocurrió es que los populares no estaban en absoluto convencidos de la propuesta de la coalición. El motivo real es difícil saberlo. Lo cierto es que es un tema que a Génova no le viene demasiado bien cuando existen discrepancias entre las autonomías del PP sobre el modelo. Aun así, tanto la dirección nacional como la de los populares valencianos han negado siempre que no fueran capaces de llegar a un acuerdo y, por supuesto, rechazan oficialmente que este tema les incomode.
El caso es que en mitad de esta pinza con Compromís apareció un problema: la ley se aprobaba en Les Corts para después pasar al Congreso, pero la Mesa del Congreso no la iba a admitir. Puede no hacerlo aludiendo a cuestiones técnicas. El aviso llegó al PP. El 'truco' en estos casos suele ser que la Mesa paraliza el pronunciamiento sobre el trámite de la norma, dejándola dormida sine die en esa fase, por lo que nunca llega a tramitarse.
En este contexto, hubo un informe de la Conselleria de Hacienda que alertaba de numerosas deficiencias jurídicas de la ley, algo que daba fuerza a la teoría del riesgo de que no pasara el citado filtro de admisión a trámite en el Congreso. Ante toda esta situación, los populares tuvieron serias dudas de qué hacer en Les Corts. Pese a las deficiencias jurídicas, un voto en contra de la tramitación del texto daría la imagen de que Mazón se estaba echando para atrás tras adquirir un compromiso. Así que el PP la acabó apoyando.
Pero superada esta fase comenzaba la siguiente: los plazos. La norma fue tramitada por procedimiento de urgencia, algo a lo que se acoge Compromís para subrayar la incoherencia de los populares por sus intentos de dilatarlo en el tiempo. Por esta vía, hay ocho días hábiles para la presentación de enmiendas en lugar de los 15 de los textos que van por la ordinaria. Pero esa cuenta atrás no comienza hasta que la ley está publicada en el Boletín Oficial de Les Corts. Y el pasado viernes la presidencia de la Cámara no la publicó inicialmente, con lo que ya no entraban a tiempo las enmiendas en el actual periodo de sesiones, que finaliza el próximo lunes 15.
Compromís, que anda al quite con este asunto mirando de soslayo al PP, se dio cuenta. Baldoví –que quería que la ley estuviera aprobada el 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, como fecha simbólica, pero va a ser que no– decidió dirigir un escrito a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox). En él dejaba constancia de lo ocurrido: que el Boletín Oficial no llevaba la ley después de que la Mesa lo tramitara; que esto provocaba que no se abriera cuando correspondía el periodo de enmiendas; y que todo ello generaba "una dilación innecesaria en la tramitación de la iniciativa legislativa contraviniendo la voluntad manifestada por la mayoría de grupos parlamentarios de atender esta cuestión con la máxima celeridad".
Como por arte de magia, la proposición apareció en el Boletín Oficial pocas horas después de que Compromís registrara su escrito. El plazo para presentar enmiendas pasaba a finalizar, por tanto, el 15, último día del actual periodo de sesiones. Pero claramente al PP no le convenía. Y presentó un escrito a la Mesa de Les Corts para que el plazo de enmiendas se ampliara cuatro días adicionales. Esto lógicamente, sobrepasaba el actual periodo de sesiones.
Y vuelta al lío. La Mesa aprobó la petición de los populares ayer martes. En la Junta de Síndics, Compromís solicitó que, entonces, el periodo de sesiones se ampliara a su vez una semana. Pero fue rechazado por el PP y Vox. De manera que la ley se retomará en septiembre, con lo que ello conlleva.
El siguiente periodo de sesiones arrancará a mediados de ese mes con el tradicional Debate de Política General –que se celebra todos los años salvo los de elecciones–. La actividad ordinaria de Les Corts comenzará posteriormente. Incluyendo, por ejemplo, la convocatoria de la comisión en la que se tendría que abordar la ley de financiación, con la consiguiente tramitación, debate y votación de enmiendas. Luego, la norma tendría que pasar a pleno. El temor de Compromís es que se acabe solapando con el trámite de los Presupuestos de la Generalitat, que entran en el Parlamento los últimos días de octubre. Y cuando eso ocurre, ya no suele haber espacio para nada más.
Si la aprobación (o no) de la ley acaba posponiéndose a 2025 es una incógnita, pero a la oposición no le parecería extraño. El PP, por su parte, justifica la posición. "El debate de las proposiciones de ley dura meses. Cambiar unos pocos días es irrelevante y apenas influye en los tiempos. Además, respecto al propio contenido, llevamos ya tres rechazos de esta iniciativa, una de ellas por la Mesa del Congreso. Hay que cambiarla en su totalidad para que sea viable. No da tiempo con este nivel de precipitación", explica el portavoz popular en Les Corts, Miguel Barrachina, a preguntas de este periódico.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral