El problema de la grúa llega a su fin: València adjudica la gestión a la única empresa que optó

VALÈNCIA. El accidentado proceso para adjudicar la gestión de la grúa en la ciudad de València llega a su fin. El Ayuntamiento ha decidido conceder el servicio a la única empresa que se presentó al concurso, Trans-asistencia de la Chica, radicada en Jaén. De este modo, se cierra capítulo en el complejo -y trastabillado- procedimiento que puso en marcha el consistorio hace aproximadamente un año para encontrar sustituta a la anterior adjudicataria, que llevaba funcionando con una prórroga fuera de contrato desde 2017. 

Trans-asistencia de la Chica presentó una oferta valorada en 7,5 millones de euros para dos años, una cifra que rebaja considerablemente el precio máximo que fijó en su momento el consistorio y que ascendía a 9,5 millones de euros. De este modo, la empresa percibirá unos 3,75 millones de euros en cada ejercicio por la gestión del servicio. Por lo que respecta a las condiciones del contrato, este es de dos años con opción a otras tres prórrogas anuales. Es decir, que la adjudicataria podría estar operando en València un máximo de cinco años.

Una de las novedades más destacadas del nuevo contrato es que, a partir de este momento, la compañía no lo tendrá permiso para retirar los vehículos tradicionales de la vía pública, sino también los de movilidad personal. Es decir, adapta la normativa a las nuevas necesidades del entorno. Asimismo, el plan organizativo de la empresa contempla la subrogación de todo el personal previsto y también la incorporación de un gerente y de un jefe de servicio. 

Otra de las cuestiones que ha tenido en cuenta el consistorio es la incorporación de varias mejoras en la gestión y en la atención al ciudadano. A este respecto, la valoración técnica de la propuesta destaca iniciativas como la incorporación del pago online para las tasas, la reducción de los gases contaminantes y la información a tiempo real sobre dónde se encuentra el vehículo retirado.

Del mismo modo, el contrato también incluye la ubicación de los depósitos en el casco urbano, de modo que los ciudadanos tengan más facilidades para llegar, y la reducción de las tarifas de taxi para que se puedan transportar hasta ellos. En el mismo sentido, se creará una aplicación móvil para poder prestar todos los servicios telemáticos y se procederá a creación de perfiles de la grúa en redes sociales. 

Un historial problemático

Lo cierto es que la adjudicación de este servicio no ha sido sencilla, y además acumula una serie de capítulos problemáticos para el consistorio. Y es que, antes de que se procediera a la licitación de este contrato, el antiguo servicio llevaba caducado más de cuatro años. Así, la concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige Aarón Cano ha enfrentado las críticas de la Agencia Antifraude por los pagos fuera de normativa y también por la demora en sacar la nueva licitación. 

La anterior gestión de la grúa se adjudicó a la UTE Pavapark-Auplasa en 2014, con el gobierno del PP al frente del consistorio. Por aquel entonces, la empresa cobraba por los enganches que realizaba, algo que según denunciaron no cubría las previsiones iniciales: se habían calculado unos 6.000 enganches al mes, pero en realidad solo se producían alrededor de 3.000. Así, la compañía pidió una modificación de las condiciones del contrato.

Circunstancia a la que el consistorio se negó, ya con el nuevo gobierno al frente. De este modo, hubo un encontronazo en los tribunales que finalmente se resolvió con la rescisión pactada del contrato, que incluía una compensación económica de 2,5 millones de euros a la empresa por las pérdidas. Sin embargo, una ciudad como València no podía funcionar sin un servicio crucial como el de la grúa, de modo que se le encargó a esta misma compañía la gestión mientras salía adelante la nueva licitación.

Concretamente, cada mes añadido de servicio tendría un coste para la administración de 360.000 euros. Una circunstancia que teóricamente tendría que haber sido temporal, pero que se ha terminando alargando desde el año 2017 hasta hoy. De hecho, la Agencia Antifraude ya criticó la demora en sacar la nueva licitación, y estimó que el dinero que se había pagado fuera de contrato por las sucesivas prórrogas ascendía a más de 8 millones de euros. 

Asimismo, también aludió que la mensualidad se había calculado de la manera "totalmente aleatoria", lo que bajo su consideración habría supuesto más de 600.000 euros de sobrecoste tras la modificación del modelo de servicio. Dinero que, bajo su perspectiva, jamás debería haber abandonado las arcas públicas.

Y lo cierto es que, aunque el contrato se rescindió en 2017, hasta finales de 2019 no se intentó poner en marcha la nueva adjudicación. Dos años a los que después se unirían otros dos más por las dificultades para atraer nuevas empresas. Y es que, el primer intento quedó desierto. Es decir, no se presentó ninguna empresa interesada en coger la grúa de València.

Así, la concejalía de Cano tuvo que repensar las condiciones del contrato para mejorar los supuestos y de este modo hacerlo un poco más atractivo. Después de eso, volvió a sacar la nueva licitación en noviembre de 2021, proceso que finalmente se ha saldado con la contratación de Trans-asistencia de la Chica, la única que se presentó.